Fuente: https://elsudamericano.wordpress.com/2022/07/18/anular-el-acuerdo-con-el-fondo-monetario-internacional/
Claudio Katz, Eduardo Lucita, Julio Gambina
1.- La nueva ministra Batakis inició su gestión con un plan de ajuste disfrazado de tecnicismos. Anunció un drástico recorte del gasto público mediante la anulación de todas partidas subjecutadas durante el primer semestre. Lo que no se gastó queda desechado y convertido en ahorro fiscal. Es lo mismo que hacía Guzmán en forma silenciosa (o escalonada) y que el año pasado desembocó en la derrota electoral del oficialismo.
Batakis anunció el congelamiento de los ingresos a la administración pública y una nueva versión del manoseado déficit cero (“se gasta lo que ingresa”). Se hizo eco de las exigencias de la ortodoxia neoliberal que presenta las erogaciones productivas o sociales del Estado, como la gran causa de los males del país. Omitió que ese drama radica en los impuestos que eluden los poderosos, los subsidios que reciben sus empresas y los despilfarros en el pago de una deuda fraudulenta, ilegitima y odiosa. Con la atención puesta en la “respuesta del mercado”, Batakis no expuso ninguna medida de compensación al terrible deterioro de los ingresos populares.
2.- La nueva ministra repite las mismas recetas que su antecesor priorizando el sometimiento al FMI. Se reunió con los intermediarios del Fondo, ratificó el cumplimiento del acuerdo y abonó el vencimiento de una cuota del fraude (1.285,9 millones de dólares). Prometió recortar el gasto público en el porcentual exigido por los inspectores (7,5% en el segundo semestre) y puso en marcha la letra chica del convenio en materia de tarifas. También aquí mantuvo la mascarada de segmentación para encubrir que afectará al grueso de los usuarios. Desde Washington emitieron el esperado comunicado aprobatorio, alabando la “consistencia” de esas medidas.
3.- Algunos oficialistas justifican la nueva agachada ante los acreedores con el repetido argumento de la urgencia. Afirman que es prioritario “calmar a los mercados” implementando las exigencias del establishment, para encarar posteriormente la agenda social. Con ese mismo pretexto han pulverizado en los últimos años los ingresos populares. La herencia de Macri y la pandemia sólo agravaron el ajuste, que demuele a los salarios por medio de la inflación. Es totalmente ridículo repetir que las concesiones a los poderosos constituyen el primer paso de una futura redistribución del ingreso. Lo que no se implementa ahora tampoco se instrumentará en el futuro. Al igual que Guzmán, Batakis debutó aplicando el libreto acordado con el FMI. Si mantiene ese guion se obtendrán los mismos resultados.
4.- Para convalidar el acuerdo se evitaron las irrisorias medidas de compensación de la carestía, que el gobierno solía decretar frente a cada pico del desastre inflacionario. Hasta ahora no hay IFE, ni bono, ni aumento de emergencia. Tampoco se sugiere alguna aproximación al “salario universal” de 14.400 pesos, que no resuelve la desigualdad social pero es un aporte a quienes están en el nivel de indigencia. La aplicación de esa mejora en la versión más ambiciosa implicaría un gasto del 1% del PBI, es decir un porcentual semejante al que Batakis recortará en el próximo semestre. Es absurdo argumentar que ‘no hay plata”, en una coyuntura tan floreciente para el agro-negocio y las grandes empresas. Basta con observar los balances de esos sectores para notar dónde están los recursos para recuperar los ingresos populares.
5.- Al igual que su antecesor Batakis convalida un desbordado nivel de superinflación, que los capitalistas utilizan para aumentar sus ganancias. El FMI convalida esta confiscación para subordinar la economía argentina a sus prioridades. Con un porcentual de carestía del 5.3% en junio y un piso del 7% en julio, el promedio anual ya se ubica en torno al 80% con riesgos de ascender y deteriorar aún más los ingresos populares. Se ha instalado una alocada remarcación cotidiana por parte de los formadores de precios que se ha difundido a todas las cadenas de productos y servicios. La incontenible cotización del dólar blue es el pretexto de ocasión para justificar este saqueo, mediante una falsa imagen de costos ascendentes en divisas para toda la cadena de precios. Los grandes capitalistas simplemente tienen piedra libre, porque cuentan con la inoperancia, la impotencia y la complicidad del gobierno.
Batakis repite la misma ceremonia de Guzmán en sus reuniones con las grandes empresas, para mendigarles alguna contención de la escalada inflacionaria. Esa farsa ya es tan inútil como la batería de precios cuidados o cotizaciones máximas para ciertos productos. La ministra ni siquiera propone alguna tregua para frenar la desatada inercia de aumentos. Tampoco repite la ficción de controles o la parodia de advertencias que ensayó Feletti en la Secretaría de Comercio Interior. Se ha estabilizado una descarada connivencia de todos los funcionarios con los capitalistas que aprovechan la ausencia de todo control para engrosar su enriquecimiento. El acuerdo con el FMI no sólo motoriza explícitamente esta carestía, a través de las minidevaluaciones de la paridad oficial, los incrementos de las tarifas y la tasa de interés. También propicia la escalada inflacionaria para incrementar la recaudación por encima de las erogaciones fiscales, De esa forma intenta reducir el déficit para acumular y pagar la deuda.
6.- La crisis actual bordea el estallido por el vaciamiento de reservas que afronta el Banco Central. Al cabo de tres años de elevados precios internacionales de las exportaciones y gran superávit comercial, los 31.000 millones de dólares que ingresaron al país se evaporaron a través de la conocida “fuga de capitales”. El descontrol de esa dilapidación es responsabilidad directa de Guzmán y sus mandantes del FMI. Facilitaron los autopréstamos de las empresas con el exterior, el festival de injustificadas importaciones y las conocidas maniobras de evasión del agro-negocio. Sólo en los últimos 18 meses, la AFIP detectó subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones por más de 4000 millones de dólares. Como la brecha con el dólar blue intensifica la presión devaluatoria, los exportadores retienen ahora la liquidación de 9.000 millones a la espera de una mejor retribución.
En lugar de efectivizar algún control real del comercio exterior, Batakis recurre a los pequeños parches en la supervisión del turismo o los gastos personales fuera del país. Los inspectores del FMI vetan cualquier intervención significativa en el ingreso o la salida de las divisas que manejan las grandes empresas. La única solución que propone el Fondo es una mega devaluación que destrozaría el salario y que el gobierno resiste (o demora).
7.- La nueva ministra debutó con una refinanciación de la monumental deuda pública en pesos, que insume mayores pagos de intereses a los bancos que lucran con el festival de las Leliqs. Renovó los enormes vencimientos de títulos en moneda nacional, canjeando papeles con remuneraciones más onerosas y promesas de pago atadas a la cotización del dólar. Este nuevo escalón del endeudamiento del Estado fue festejado por el oficialismo como un gran logro, que elude constatar la simple prórroga de algún default de esos compromisos. La continuidad de esa bicicleta alimenta las fortunas de los financistas y acentúa el aprisionamiento de los bancos a la madeja parasitaria. Además, el BCRA facilitó la medida con garantías de recompra de los títulos públicos a la banca inversora en la deuda pesificada.
Todo el crédito que deberían destinar a proyectos productivos es canalizado hacia la inmanejable bola de nieve de las Leliqs y otros títulos de la deuda pública. El “ingreso universal” podría por ejemplo solventarse con lo que se derrocha en los intereses de esos títulos. Su refinanciación al borde del impago induce el periódico rescate por medio de un torrente de emisión, que a su vez acrecienta el descontrol inflacionario. Los economistas del oficialismo miran para otro lado o afirman sin ningún fundamento que ese monumental endeudamiento en pesos es indoloro para la economía e irrelevante para la inflación. Con ese argumento justifican el parasitario negocio de los banqueros, que por enésima vez esquilman las finanzas públicas sin aportar un sólo peso de inversión genuina. Mientras suscriben este saqueo de guante blanco, presentan a Batakis como una gran exponente del productivismo desarrollista.
8.- El cumplimiento del cronograma que inspeccionará el FMI obstruye también la continuidad del alza del PBI que sucedió a la pandemia y amenaza con una recaída en la recesión. Georgieva no oculta esa recaída en su aval a las próximas acciones “dolorosas” que afrontará el gobierno. El recorte del gasto frenará como mínimo el plan de obras públicas, que sostiene el nivel de actividad, en contexto de fuerte retracción del poder adquisitivo popular. El gran momento del agro-negocio y el continuado consumo de la clase media-alta, acrecientan la desigualdad y no alcanzan para disipar las presiones recesivas. Además, la dilapidación del superávit comercial ha pulverizado los dólares requeridos para sostener las importaciones necesarias en los ciclos de recuperación industrial.
9.- Guzmán se fue, pero el FMI quedó instalado en todas las oficinas del Ministerio de Economía. Y no existe ninguna forma de implementar un giro hacia una política popular, si no se rompe ese encadenamiento. Las dos medidas básicas para contener la inflación sin ajustes contra el pueblo son vetadas por el Fondo. Rechazan la introducción de las retenciones para divorciar las cotizaciones internacionales de los precios locales de los alimentos, puesto que esperan cobrar la deuda con mayores incrementos de las ventas externas. Por eso se oponen a cualquier iniciativa que afecte al agro-negocio. También objetan la aplicación de la ley de Abastecimiento, para disciplinar a los remarcadores que se enriquecen con la carestía. Afirman que ese drástico corte de la inercia inflacionaria deterioraría la “confianza”, aumentaría la “incertidumbre” y alteraría los “mercados”. Con estas elegantes denominaciones presentan la empobrecedora fijación de precios desorbitados por parte de los capitalistas, que utilizan el respaldo del FMI para reforzar su oleada de remarcaciones. Han difundido, además, una falsa imagen de inutilidad de los controles de precios (“que siempre han fracasado”), omitiendo que nunca fueron implementados con decisión y eficacia. Lo que siempre ha imperado es un salvajismo de mercado que deprecia los salarios y los auxilios asistenciales.
La solución transita por instaurar controles reales en la cadena de formación de los precios, no sólo mediante inspecciones. Es necesario instrumentar intervenciones en las gerencias de las empresas para imponer un freno inmediato a la carestía. Ese control será efectivo, si actúan organizaciones populares de control de precios y comisiones internas de control de costos en las empresas formadoras, utilizando todos los medios tecnológicos actualmente disponibles, para garantizar una fijación racional de los precios básicos.
10.- La anulación del acuerdo con el FMI es también indispensable para recomponer las reservas mediante un efectivo control del comercio exterior, que actualmente maneja una decena de grandes empresas. Esas compañías administran las exportaciones y las importaciones por el colador de los puertos, perpetuando la millonaria evasión impositiva que padece el país. El Fondo pretende cobrar la deuda, sin modificar la estafa al fisco que consuman sus socios capitalistas con la pasiva tolerancia del gobierno.
La retención por parte del Banco Central de las divisas generadas en el país y fugadas al exterior, exige poner fin a las auditorias trimestrales del Fondo que avalan ese vaciamiento. La libre movilidad de los capitales es un credo neoliberal, que el FMI pretende restaurar en Argentina eliminando paulatinamente los controles de cambios que el propio macrismo debió reinstalar para evitar un colapso. El gobierno actual los mantiene sin ninguna convicción y en los hechos ha delegado en los financistas el manejo real de las divisas. No se le ocurre decretar por ejemplo una emergencia cambiaria, que permitiría racionalizar el uso de los dólares que el país necesita, no los emite y los despilfarra.
Resulta factible compatibilizar esa estabilización de la economía con la redistribución del ingreso, si se efectiviza el control de los precios, el comercio exterior y el sistema financiero. Con esos resortes, la recuperación del salario dejaría de ser un simple mensaje electoral, para tornarse una conquista visible. Pero ese logro requiere un insoslayable paso previo de ruptura con las ataduras del FMI.
11.- Sin recuperar la soberanía nacional de los mandantes del Fondo tampoco se podrá resolver la dramática carencia de trabajo genuino. Esa falta obedece a una estructura económica primarizada que multiplica las cosechas, la generación de energía y la extracción de minerales sin crear empleos equivalentes a ese aumento. Basta observar el divorcio existente entre el incremento de la superficie incorporada a la producción agroexportadora y la generación de nuevos trabajos en esas actividades para constatar, que sólo el crecimiento industrial y la expansión del mercado interno permitirán ampliar la dotación laboral.
Pero el FMI no sólo propicia el extractivismo y la primarización, también apadrina un modelo de recuperación pos-pandémica asentado en el deterioro del nivel de vida popular. Con el mismo nivel de desempleo que en 2017 hay 6 millones más de pobres y el trabajo informal se ha estabilizado en el 40% de la población. El asalariado pobre -que no alcanza a cubrir con su ingreso la canasta familiar- ya es un dato corriente de escenario, que el FMI pretende eternizar. Sus voceros son enfáticos partidarios de una reforma para sepultar los derechos laborales conquistados en el último siglo. Presentan a los desocupados como culpables de sus propios sufrimientos y difunden la ilusión que el empleo brotará con la destrucción de las conquistas sindicales. Olvidan todas las fracasadas experiencias que desde el menemismo han recortado derechos sin generar un solo puesto de trabajo.
La última versión de ese atropello es propagada por los sectores del oficialismo que promueven el traspaso de los planes sociales a gobernadores y municipios. Por ese camino inducirían el pasaje de trabajadores al sector privado, con contratos más flexibilizados y mayores tasas de explotación.
Los tres cursos alternativos para crear empleo genuino -mejorando el salario y ensanchando las conquistas laborales- son inconcebibles con la auditoría del FMI. Los inspectores del Fondo rechazan un ambicioso plan de obras públicas complementado por empresas estatales, para motorizar la creación de millones de puestos laborales. Mucho menos aceptan la reducción de la jornada de trabajo, en las actividades que esa disminución permitiría engrosar la fuerza laboral. Finalmente se oponen en forma terminante a multiplicar las subvenciones y créditos a los emprendimientos de los movimientos sociales, que han puesto en pie cierto entramado de la economía cooperativa.
12.- El acuerdo con el FMI se firmó hace tan sólo tres meses, en un clima de chantaje que equiparaba el rechazo de ese convenio con el abandono del planeta. Se anunciaba que la oposición a ese compromiso conducía a la corrida cambiaria y a la disparada del dólar. Es lo que finalmente ha ocurrido por aceptar el torniquete de los acreedores. El fantasma del fin del mundo vuelve a irrumpir por haber suscripto lo que exigió Washington en connivencia con el poder económico local. Conviene recordar que el FMI no es un “banco del mundo” que asocia a todos los países del orbe. El escandaloso crédito a Macri no fue aprobado por esa comunidad, fue concedido abruptamente mediante una simple llamada de Trump, ratificando que Estados Unidos maneja todas las decisiones estratégicas de esa institución. La pulseada es con Washington y no con “todo el mundo”. Para recuperar soberanía económica hay que lidiar con esa tensión.
El próximo incumplimiento de las metas acordadas con el Fondo y la consiguiente necesidad de un “perdón’ para renegociarlas, ratifica la necesidad de otra alternativa. El temido default nunca se efectivizaría con el FMI, puesto que esa cesación de pagos sólo se tramita con acreedores privados. Gracias al socorro que el gobierno de Alberto y Cristina aportaron al Fondo legitimando la estafa concertada con Macri, los directivos de ese organismo continúan disimulando el agujero que representa la deuda argentina (61% de las acreencias del organismo).
Ese muerto constituye un problema mucho más grave para ellos que para el país y sólo la temerosa mentalidad del gobierno ha impedido registrar ese dato. En el escenario creado por la guerra de Ucrania ya es disparatado afirmar que Rusia y China estrecharán un frente con Estados Unidos contra la Argentina, si el país decide anular el acuerdo con el FMI. Desde hace décadas Argentina sufre pobreza, desigualdad y estancamiento por pagar las estafas. Las pocas veces que resistió esa presión, el país logró cierto respiro y algún crecimiento. Por eso conviene reconocer las dramáticas desgracias que padecemos por aceptar el ajuste, antes que dar vueltas en torno a las eventuales adversidades que afrontaríamos por derogar el convenio.
13.- Es hora de anular lo suscripto con el FMI poniendo también fin a las distracciones, como la opción de crear un fondo para pagar la deuda con el dinero que fugaron los principales capitalistas. Antes de esperar recaudar ese monto en el exterior se podría frenar la hemorragia de divisas que vacían las reservas. Y antes de buscar afuera desconocidos montos de dinero habría que recuperar los 20 mil millones de dólares que ya investigó el Banco Central. La obtención de esa suma sigue bloqueada por un secreto bancario, fiscal y bursátil que nadie remueve y por la falsa expectativa en que Estados Unidos colaborará con la búsqueda de los capitales emigrados.
Esa misma ilusión condujo al inmovilismo esperando la benevolencia del FMI, el resultado está a la vista. Rechazaron la posibilidad de una condonación o quita del capital adeudado y también la conversión de los pasivos en obligaciones climáticas o la extensión a 20 años de los vencimientos. Incluso mantuvieron el cobro de una insólita sobretasa por el exorbitante volumen del crédito que ellos mismos colocaron.
14.- La anulación del infame acuerdo con el FMI no emergerá del mismo Congreso que convalidó ese atropello. Será conquistada en la calle a través de la acción popular, retomando la gran tradición nacional de rechazo a ese organismo. Ese logro exige revertir la desmovilización y la naturalización del ajuste que imperó en los últimos años.
Por fortuna, la gran novedad actual es la recuperación de la resistencia, a través de una embrionaria convergencia de los movimientos sociales oficialistas con las formaciones piqueteras de la izquierda que han mantenido sin pausa su admirable y tenaz espíritu de lucha. Esta confluencia comenzó en la reacción común contra la criminalización de los dirigentes, que alienta la derecha, propician los medios y concretan los jueces con el guiño oficial. Desde la cúspide del gobierno se intenta debilitar a los movimientos sociales, traspasando los planes al manejo corrupto y discrecional de los gobernadores y los intendentes.
La resistencia a esa ofensiva se ha proyectado a la lucha social, con importantes gestos para unificar un plan de lucha común por el aumento del salario mínimo, la reapertura de los planes y la obtención de un bono de emergencia. El movimiento piquetero es el gran protagonista actual de la movilización y su acción tiende romper la pasividad que imponen las burocracias oficialistas en el movimiento sindical.
15.- El potencial resurgimiento de una resistencia masiva modificaría el escenario actual, reabriendo la esperanza en una salida a la crisis favorable a las mayorías populares. En un lejano país que afronta una asfixia de endeudamiento similar a la Argentina, el pueblo acaba de tumbar al gobierno del ajuste. El primer mandatario de Sri Lanka escapó mientras los manifestantes invadían el Palacio presidencial.
En otra experiencia más cercana, en Ecuador, la sostenida movilización de organizaciones indígenas derrotó la represión. También impuso sus demandas a un gobierno sometido al mismo programa que el FMI impone a nuestro país. Estos dos datos recientes confirman que Argentina no resiste en soledad la cirugía que exigen los acreedores. La batalla por anular un acuerdo infame gana adeptos, conquista seguidores y logrará su cometido, si ese estandarte se convierte en la bandera central de todas las movilizaciones en curso.