El Ministerio de Interior nos prometió que no volvería a ocurrir”, denuncia la familia de Yolanda González, asesinada por Emilio Hellín en 1980. Ya en 2013, tuvieron que soportar saber que el Ministerio de Interior llevaba años pagando al asesino de Yolanda por sus servicios como formador de los cuerpos de seguridad en técnicas forenses y de espionaje y rastreo informático. En total, según publicaba entonces El País, Interior lo contrató hasta 15 veces. La noticia saltó a los medios de comunicación y desde el ministerio bajaron la cabeza, investigaron lo sucedido, aseguraron que “nadie sabía quién era” y se comprometieron a impedir que el antiguo militante de Fuerza Nueva y asesino de Yolanda volviera a trabajar para el Estado. Pero esta semana se ha conocido que ha vuelto a pasar.

“Esto es un caso de revictimización, y nos duele”, declara a El Salto Asier González, hermano de Yolanda. La pasada jornada, saltaba a los medios que la defensa de Laura Borrás, acusada de supuestamente haber troceado contratos cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes, también ha contratado a Hellín, ahora llamado Luis Enrique Helling, como perito con el objetivo de elaborar un informe que demuestre que los correos electrónicos que a incriminan se obtuvieron de forma ilegal. Ha sido la Fiscalía la que ha pedido que se aparte de la causa a Hellín, en un escrito adelantado por eldiario.es en el que afirma que “quien ha transgredido la ley y el derecho de esta forma no puede ser considerado como cooperador válido en ningún acto o efecto de la Justicia”.

En un comunicado difundido por redes sociales, la familia de Yolanda ha manifestado su “indignación y hartazgo por conocer que, una vez más la defensa de una personalidad pública imputada en un caso de corrupción acude a Emilio Hellín para refutar pruebas presentadas por la acusación”. Asier González insiste: “Cuando las contrataciones de Emilio Hellín vienen de personalidades del ámbito político o institucional creemos que tenemos la potestad de manifestar nuestra postura, que al menos desde el ámbito de la política y las instituciones se debería velar por valores humanos, tener un mínimo de ética y respetar a las víctimas del terrorismo”. Yolanda González está reconocida como víctima del terrorismo desde el año 2000.

“Una persona con ese bagaje en su currículum debería estar condenada al ostracismo”, defiende, por su parte José Mariano Benítez de Lugo, abogado que representó a la familia de Yolanda en el juicio por su asesinato.

El Salto ha contactado con Gonzalo Boye, abogado responsable de la defensa de Borras. Boye afirma que el reciente rechazo por parte de Fiscalía de que Hellín sea perito en la causa de Borrás “es una clara maniobra para tapar las conclusiones del informe”. “A Hellín se le contrató en función de su fiabilidad como perito, es a mi juicio el mejor y, sobre todo, no se casa con nadie, lo que implica que, si tenemos razón, nos la dará, y si no la tenemos, nos lo diría, pero nunca nos encontraríamos con una sorpresa en juicio”, añade.

“A Hellín se le contrató en función de su fiabilidad como perito, es a mi juicio el mejor y, sobre todo, no se casa con nadie, lo que implica que, si tenemos razón, nos la dará, y si no la tenemos, nos lo diría, pero nunca nos encontraríamos con una sorpresa en juicio”, afirma Gonzalo Boye, abogado de Borrás

“A mí no deja de sorprenderme el relativismo respecto al artículo 25 de la Constitución y al 73 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que es de aplicación a todas las personas”, señala en referencia al artículo de la ley penitenciaria que señala que las personas condenadas que ya hayan cumplido su pena “deben ser plenamente reintegrados en el ejercicio de sus derechos como ciudadanos”.

“Nadie cuestionó a Hellín cuando, gracias a su pericial, se logró condenar a Bretón por el asesinato de sus dos hijos ¿por qué ahora sí se le cuestiona?”, concluye. En redes sociales, el abogado ha aclarado también que la decisión de contratar a Hellín fue “una decisión técnica”, afirma. Y añade que la Fiscalía conocía desde hace dos años su identidad y hasta ahora no le “había molestado su pasado”. “No le molesta el pasado de uno de los peritos, sino las conclusiones a las que llegan”.

“Nunca ha mostrado un atisbo de arrepentimiento por lo que hizo y nunca cumplió su condena ya que solo pasó 12 años en la cárcel de los 43 a los que fue condenado, a pesar de dos intentos de fuga frustrados y un tercero más por el que consiguió fugarse a Paraguay hasta que se solicitó su extradición”, recuerda la familia de Yolanda González

La familia de Yolanda González recuerda en su comunicado que Hellín “forma parte del pasado oscuro de la guerra sucia del Estado”. Hellín fue condenado a 43 años de cárcel por asesinar a Yolanda disparándole varios disparos en la cabeza tras secuestrarla en su domicilio, como cabecilla de un comando terrorista del Batallón Vasco Español. “Nunca ha mostrado un atisbo de arrepentimiento por lo que hizo y nunca cumplió su condena ya que solo pasó 12 años en la cárcel de los 43 a los que fue condenado, a pesar de dos intentos de fuga frustrados y un tercero más por el que consiguió fugarse a Paraguay hasta que se solicitó su extradición”, señala el comunicado. “Contextualicemos la situación cuando se habla de reinserción y segundas oportunidades”, reclama Asier González.

La huida de Hellín a Paraguay, llena de incógnitas, fue retratada por El Salto en un reportaje publicado en 2020 que expone cómo este país acogió sistemáticamente a criminales de extrema derecha huidos de la justicia durante la Transición.

La vida de Emilio Hellín en el Paraguay de Stroessner

TER GARCÍA, ANA ÁLVAREZ

Según recuerda a El Salto Benítez de Lugo, durante la época del juicio por el asesinato de Yolanda, Hellín se puso en contacto con él prometiéndole transmitirle información sobre crímenes de la extrema derecha, pero no cumplió su promesa. “Él era el pariente pobre de la extrema derecha, en el sentido de que no era como Ignacio Abad, que era el niño bien de la Calle Serrano”, señala en relación al cómplice en el asesinato, que, a diferencia de Hellín, fue defendido en el juicio por Antonio Muñoz Perea, yerno de Blas Piñar y abogado de la extrema derecha en casos como el del 23F. Benítez de Lugo sospecha que la información que Hellín finalmente no le dio podría haber ayudado a relacionar directamente al partido de extrema derecha Fuerza Nueva con el asesinato de Yolanda y otros cometidos durante esos años, algunos de ellos aún sin resolver. “Nos podría haber ofrecido mucha información sobre la extrema derecha de ese momento”, lamenta.

Batallón Vasco Español, Madrid, año 1980

PABLO ELORDUY