Fuente: https://www.wsws.org/es/articles/2023/10/10/ksrj-o10.html?pk_campaign=newsletter&pk_kwd=wsws Don Knowland 10.10.23
El 27 de septiembre se cumplieron nueve años desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el estado de Guerrero al sur de México.
No cabe duda de que los normalistas, quienes retuvieron tres autobuses en la ciudad de Iguala para asistir a una protesta en Ciudad de México, fueron asesinados mediante acciones coordinadas por parte de un cártel local llamado Guerreros Unidos, la policía municipal, estatal y federal y las fuerzas armadas. Posiblemente fueron asesinados porque los autobuses llevaban drogas del cártel.
Desde el principio, Jesús Murillo Karam, a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) bajo el entonces presidente Enrique Peña Nieto, inventaron una versión para encubrir lo ocurrido, alegando que los estudiantes fueron asesinados por el grupo criminal local, sus restos fueron incinerados en un basurero local y arrojados en un río cercano.
Esta falsificación, que sería apodada la “verdad histórica”, pretendía ocultar el papel de la policía y las fuerzas armadas involucradas, especialmente el Ejército.
La Secretaría de Defensa Nacional maniobró desde un inicio para intentar respaldar la “verdad histórica” y proteger a los batallones de infantería en Iguala y a sus oficiales, junto a la propia Sedena. Por ejemplo, intentó inventar que existía una conexión entre los estudiantes y el crimen organizado.
El 27 de septiembre de 2015, el general retirado Humberto Guillermo Aguilar envió un correo electrónico al entonces secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, recomendando que contratara a expertos que apoyaran la hipótesis del basurero. “La ‘verdad histórica’ puede no ser aceptada, pero no puede ser cambiada”, escribió Cienfuegos en un documento de la Sedena filtrado por el grupo de hackers Guacamaya.
Como lo demuestran además correos electrónicos del Ejército filtrados por el grupo Guacamaya, en mayo de 2017 la Sedena elaboró una lista de enemigos de “actores adversos a la versión oficial” del caso Ayotzinapa. Figuraban organizaciones de derechos humanos y destacados periodistas, académicos y legisladores. El actual presidente de México, el populista pseudoizquierdista André Manuel López Obrador (AMLO) aparecía porque había exigido que se investigara la participación del Ejército en el crimen y que se castigara a los soldados implicados.
El encubrimiento de los militares no tuvo éxito. El papel principal en el desmantelamiento de la “verdad histórica” lo jugó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), integrado por cuatro expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso Ayotzinapa, y el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Cuando AMLO tomó posesión a finales de diciembre de 2018, pregonó que su primera orden del día era formar una “Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia” (Covaj), que sería encabezada por su subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Afirmó que llegaría al fondo de esta atrocidad, pasara lo que pasara. AMLO ordenó que se proporcionara a la investigación “toda la información disponible”.
Las cosas no resultaron de esta manera.
La comisión avanzó a paso de tortuga, prolongando la angustia de las familias de los 43, y efectivamente ignorándolas.
En 2019, la PGR ordenó la creación de una Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA) y nombró a un fiscal especial. Un puñado de actores fueron luego seleccionados para que cargaran con la culpa.
El 19 de agosto de 2022, Murillo Karam y su mano derecha Tomás Zerón, ahora prófugo de la justicia, fueron acusados y detenidos por los delitos de tortura a testigos pertenecientes al cártel para obligarlos a mentir, la desaparición forzada de los normalistas y por actuar contra la administración de justicia.
En esa fecha también se solicitaron y emitieron órdenes de aprehensión en contra de 20 mandos militares locales y efectivos militares de los batallones de infantería 27 y 41 de la ciudad de Iguala, entre ellos los coroneles Rafael Hernández Nieto y José Rodríguez Pérez; este último posteriormente ascendido al grado de general. También se dictaron órdenes de detención contra cinco funcionarios administrativos y judiciales del estado de Guerrero; 26 policías del cercano municipio de Huitzuco; seis de Iguala y uno de la cercana Cocula; además de 11 policías estatales de Guerrero y 14 miembros de la banda Guerreros Unidos.
Brillaron por su ausencia de cualquier investigación o procesamiento los más altos cargos de la Secretaría de Defensa, los jefes militares o el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Sería indefendible concluir los funcionarios a estos niveles no estaban plenamente informados del verdadero curso de los acontecimientos en 2014, y en particular del papel de las unidades militares locales en el asesinato de los estudiantes. Como mínimo, encubrieron los hechos y mantuvieron la impunidad.
Al mismo tiempo, el 18 de agosto de 2022, Alejandro Encinas emitió, a bombo y platillo, el informe de la “Comisión de la Verdad”. El informe admitía que la persecución y desaparición de los 43 de Ayotzinapa fue un “crimen de Estado”, en el que participaron funcionarios locales y unidades militares, y que el Gobierno del entonces presidente Peña Nieto había seguido una política deliberada de encubrimiento del crimen y obstrucción de la justicia.
Pero el informe de la Covaj no abordó la participación de la Sedena, la cúpula militar y la CISEN en el encubrimiento.
En ese momento la Fiscalía General de la República (FGR) también acusó a Rodríguez Pérez de ordenar el asesinato de algunos de los 43 normalistas.
Sin embargo, el juez asignado al caso en ese momento declinó emitir una orden de aprehensión contra el general por ese cargo, y en su lugar limitó la acusación a participar en delincuencia organizada, es decir, por colaborar con Guerreros Unidos.
Inexplicablemente, la propia FGR comenzó a desmantelar su unidad especial en agosto de 2022. Luego retiró a los investigadores que había destinado a esa unidad, canceló la mayoría de las órdenes de aprehensión e interfirió en el trabajo del fiscal especial Omar Gómez Trejo. En respuesta, Gómez Trejo dimitió.
Según miembros del GIEI, la FGR tomó esta medida porque la unidad especial habría comenzado a investigar a funcionarios de la propia FGR, quienes presuntamente participaron en actos de tortura para fabricar la “verdad histórica”.
El GIEI advirtió que la renuncia de Trejo ponía en riesgo el futuro del caso Ayotzinapa, y podría retrasar su resolución por lo menos de tres a cinco años.
El GIEI subrayó además la pérdida de conocimientos críticos con la salida de Trejo, al tiempo que temía que fuera objeto de represalias, como una investigación interna por concentrarse en personal militar.
En la actualidad no está claro cuántos individuos sujetos a órdenes de captura están detenidos. Sin embargo, en junio de este año se reactivaron 16 órdenes de detención, entre ellas las de Hernández Nieto y Rodríguez Pérez. Hernández Nieto permanece detenido.
A finales de julio de este año, el GIEI dio por concluida su investigación y emitió un informe final. El GIEI obtuvo datos de ubicación de los celulares de figuras clave como Rodríguez Pérez, y grabaciones de llamadas de militares y otros miembros del personal de seguridad implicados en la desaparición de los normalistas. Sin embargo, el GIEI no pudo determinar la ubicación de los restos de los fallecidos, ya que los miembros del grupo criminal los dividieron y se deshicieron de ellos en diferentes lugares.
En su informe final, el GIEI destacó la resistencia del Estado mexicano, y sobre todo del Ejército, pero también de la Marina y de la agencia federal de inteligencia, a facilitar toda la documentación y pruebas relacionadas con los hechos de Ayotzinapa.
En sus informes, el GIEI concluyó que la Marina manipuló la escena en el basurero, y que la Sedena “obtuvo toda la información mediante tortura” y falsificó órdenes de arresto. Además, al menos 26 testigos del caso en Iguala han muerto o sido asesinados.
El general Cienfuegos, secretario de Defensa bajo Peña Nieto durante la época de los asesinatos de Ayotzinapa y su encubrimiento, desempeñó un papel clave en este encubrimiento.
Al principio de la investigación de Ayotzinapa, Cienfuegos se negó a permitir el acceso del GIEI a las tropas que habían estado en la escena en Iguala, diciendo que no permitiría que sus soldados “fueran tratados como criminales”. En una entrevista televisiva el 15 de octubre de 2015, dijo: “No tuvimos nada que ver. Ingresar a las instalaciones militares, a ver, ¿por qué?, la PGR hizo su investigación y no encontró ningún indicio mínimo de nuestra participación en algo ilegal”. Estas fueron mentiras descaradas.
El propio Cienfuegos tenía vínculos criminales con cárteles en Guerrero. Entre 2005 y 2007 estuvo al mando de la IX Región Militar, con sede en Acapulco, Guerrero. Presuntamente protegía al cártel de Sinaloa (encabezado por el “Chapo” Guzmán) y al cártel Beltrán-Leyva (encabezado por los primos de Guzmán), que controlaban la región de Guerrero en aquella época. Y existen pruebas claras de que se le pagaba para proteger y facilitar directamente los envíos de droga del cártel H-2, una rama de los Beltrán-Leyva.
El general Cienfuegos fue finalmente aprehendido en un aeropuerto de Estados Unidos y retenido e investigado por la agencia antidrogas de ese país por narcotráfico y lavado de dinero, proteger el contrabando de drogas y alertar a los jefes de los cárteles sobre las acciones de las agencias estadounidenses. En noviembre de 2020, AMLO presionó a Estados Unidos para que liberara a Cienfuegos a pesar de la sólida evidencia en su contra.
En 2021, a través del entonces canciller Marcelo Ebrard, AMLO negoció el regreso de Cienfuegos. El Gobierno de Trump retiró los cargos y regresó a Cienfuegos a México para que, como explicó un comunicado conjunto de México y Estados Unidos, “pueda ser investigado y, en su caso, acusado bajo la ley mexicana”.
Ninguna de las dos cosas ocurrió. AMLO afirmó falsamente que Cienfuegos había sido exonerado por la FGR de AMLO, ahora encabezada por el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Cienfuegos quedó libre. Había que evitar a toda costa un juicio ya que pudo haber implicado a otros mandos militares aún en servicio y expuesto el alcance de la corrupción en las fuerzas armadas.
Como candidato presidencial, AMLO había arremetido contra las fuerzas armadas y la “mafia del poder” que, según él, las controlaba. Acusó a los soldados de abusos contra los derechos humanos en la sangrienta “guerra contra las drogas” y, en aquel momento, fustigó públicamente a Cienfuegos.
AMLO afirmó el año pasado que la política oficial del ejército en Gobiernos anteriores era “matarlos en caliente”, es decir, de ejecuciones extrajudiciales, pero desde entonces ha minimizado o mentido descaradamente sobre numerosas denuncias de espionaje contra periodistas y defensores de los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y tortura por parte del ejército durante su Gobierno.
Incumplió su promesa de campaña de poner fin a la participación del ejército en la lucha contra el narcotráfico, al tiempo que aumentó enormemente el papel de las fuerzas armadas en otros asuntos civiles.
AMLO creó una Guardia Nacional que ahora opera bajo la jurisdicción del Ejército con más de 100.000 tropas, reclutadas, entrenadas y financiadas por el propio Ejército. La militarizada Guardia Nacional ha reemplazado en gran medida a la Policía Federal civil. Su presencia generalizada en todo el país.
El presidente también asignó al ejército un contrato para construir un nuevo aeropuerto internacional en las afueras de Ciudad de México, y el ejército está construyendo parte de un tren turístico multimillonario en la costa del Caribe. Estos proyectos proporcionan a las fuerzas armadas más fuentes de ingresos independientes, oportunidades para la corrupción e incluso una mayor autonomía.
Los militares se han hecho con el control de puertos, aeropuertos y aduanas. Sus tropas desempeñan el papel principal en la opresión de los migrantes que atraviesan México en su intento de llegar a Estados Unidos. Su presupuesto se ha incrementado en dos dígitos durante el mandato de AMLO.
En resumen, AMLO se apoya cada vez más en el ejército mexicano para gobernar. Esto pone en evidencia un curso cada vez más autoritario por parte de AMLO, y en última instancia, su dependencia en los militares para reprimir cualquier amenaza de agitación de la clase trabajadora y mantener el régimen oligárquico en México.
El alcance del abrazo de AMLO a los militares fue vívidamente en abril, cuando celebró una conferencia de prensa con el general Luis Cresencio Sandoval González, actual secretario de Defensa, comandante supremo de las fuerzas armadas. Cuando el GIEI empezaba a exponer públicamente los fundamentos de su informe final sobre Ayotzinapa, ambos menospreciaron la investigación.
Cresencio Sandoval advirtió que sería “temerario” responsabilizar al Ejército de la desaparición de los normalistas. “Tengo la obligación”, insistió, “de cuidar el prestigio del Ejército…”.
El presidente iteró, tildando absurdamente de “conjetura” la afirmación de los miembros del GIEI de que el Ejército podría ocultar información sobre el caso. AMLO insistió en que “se entregó todo lo que tiene la Secretaría de la Defensa”, una afirmación manifiestamente risible.
López Obrador luego atacó a los asesores y abogados de los familiares de los normalistas, diciendo que no confiaba en ellos. Dejó claro sus simpatías.
Algo que ilustra aún más claramente la integración del régimen de AMLO y su partido Morena con las fuerzas militares y de seguridad de México es el peculiar caso de Omar García Harfuch, quien era el jefe de la Policía Federal en el estado de Guerrero cuando los normalistas fueron desaparecidos.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien ahora es la candidata oficial a la presidencia de México por el partido Morena de AMLO en 2024, nombró en 2019 a García Harfuch como jefe de la Policía de Investigación de la extinta Procuraduría de la Ciudad de México, así como coordinador de inteligencia de su gabinete de Seguridad. Ante la vacante de Sheinbaum, García Harfuch se postuló como candidato de Morena para jefe de Gobierno de la capital para sustituirla.
Ahora, han salido a la luz documentos definitivos y datos telefónicos que ubican a García Harfuch en una reunión crítica en Iguala una semana después de la desaparición de los normalistas, donde inicialmente se urdió la “verdad histórica”. También parece que el jefe de la banda Guerreros Unidos tenía la información de contacto de Harfuch en su agenda telefónica. Sin embargo, ni AMLO ni Sheinbaum han puesto en cuestión a Harfuch ni su candidatura en la Ciudad de México.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 9 de octubre de 2023)