Violencia en Siria Foto: EFE

Las violaciones que enfrenta la comunidad alauita en Siria se han convertido en un patrón recurrente y sistemático, más que en incidentes aislados o efectos colaterales de la transición post-régimen. Este patrón incluye asesinatos, secuestros, desplazamientos forzados y hostigamiento de seguridad, en ausencia de mecanismos efectivos de protección o rendición de cuentas. A medida que estos abusos se intensifican y se extienden geográficamente, la cuestión ha pasado del silencio forzado al espacio público, con llamadas abiertas a protestas pacíficas y demandas de derechos básicos.

El domingo, miles de alauitas sirios salieron a las calles de ciudades costeras, así como en Homs y Hama, en respuesta a un llamado del jeque Ghazal Ghazal, jefe del Consejo Islámico Supremo Alauita en Siria y la diáspora. Los manifestantes exigieron federalismo y derecho a la autodeterminación, planteados como mecanismos políticos para garantizar protección y frenar el derramamiento de sangre. Estas manifestaciones se produjeron apenas dos días después de un atentado contra una mezquita frecuentada por alauitas en Homs, que dejó ocho muertos, parte de un patrón más amplio de violencia contra la minoría desde la caída del expresidente Bashar al-Asad en diciembre de 2024.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que se realizaron manifestaciones pacíficas en Latakia, donde los participantes corearon consignas a favor del federalismo y los derechos políticos y civiles, en medio de un fuerte despliegue de seguridad, puestos de control y registros estrictos. En Baniyas, las autoridades impusieron severas restricciones de movimiento, paralizando casi por completo la vida diaria en vecindarios predominantemente alauitas para impedir protestas, mientras que se permitieron reuniones a favor del gobierno bajo protección de seguridad, generando preocupación por un trato desigual a la libertad de reunión pacífica.

Los testimonios reflejan un profundo sentimiento de ser blanco de ataques por su identidad. El comerciante Namir Ramadan, de Latakia, preguntó: “¿Por qué los asesinatos? ¿Por qué los secuestros? ¿Por qué estos actos aleatorios sin disuasión ni rendición de cuentas? Assad se fue; no estamos con él. Se fue y no volverá, ¿entonces por qué continúan los asesinatos?” La ama de casa Hadeel Salha (40) enfatizó que se exige federalismo para evitar más derramamiento de sangre: “La sangre alauita no es barata, y la sangre siria en general no es barata. Nos están atacando porque somos alauitas”.

Desde la caída del régimen, el Observatorio y los residentes de Homs han documentado numerosos asesinatos y secuestros dirigidos a alauitas, junto con oleadas de violencia sectaria, especialmente en marzo cuando las zonas costeras sufrieron ataques mortales. Un comité nacional de investigación informó al menos 1.426 muertes alauitas, mientras que el Observatorio estima más de 1.700. Las autoridades también llevaron a cabo arrestos masivos en áreas predominantemente alauitas, muchas antiguas fortalezas de Assad. Los manifestantes exigieron la liberación de los detenidos y el fin del castigo colectivo basado en la identidad sectaria.

El 28 de diciembre de 2025, el Consejo Islámico Supremo Alauita en Siria y la diáspora emitió un comunicado oficial condenando la violenta represión contra manifestantes alauitas pacíficos, incluidos asesinatos, disparos, atropellos, arrestos e intimidación. El Consejo describió estas violaciones como un incumplimiento flagrante del derecho humanitario y los convenios internacionales, responsabilizando moral y legalmente a la comunidad internacional por su silencio. El comunicado llamó a los miembros de la comunidad a preservar su seguridad y regresar a sus hogares mientras defienden sus derechos legítimos, subrayando que estas demandas representan un derecho legítimo a la protección y ciudadanía igualitaria, y no una protesta pasajera.

Los hechos se intensificaron con informes de AFP a través del Observatorio que confirmaron que dos personas murieron durante la dispersión de las protestas pacíficas en la costa siria, evidenciando el uso continuo de fuerza excesiva contra civiles alauitas. El comunicado oficial refuerza la posición de la comunidad y coloca a las autoridades frente a responsabilidades claras: proteger a los civiles, garantizar la libertad de expresión y reunión pacífica, responsabilizar a los infractores y prevenir la incitación y violencia sectaria.

En medio de continuos asesinatos, secuestros e impunidad, la calle alauita ha pasado de la victimización silenciosa a la exigencia abierta de derechos fundamentales. Queda la pregunta de si las autoridades tratarán estas demandas como una advertencia temprana que requiere un compromiso político y de derechos serio, o seguirán ignorándolas, con el riesgo de renovar la violencia y la fragmentación.

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