Manuel Blanco Chivite

El gobierno de España recientemente ha reparado el caso de Humberto Baena, el pasado año lo hizo con Sánchez-Bravo, el de Ramón García Sanz, sigue a la espera. El gobierno vasco reconoció como víctimas del franquismo a Paredes y Otaegi, en 2012

«Si en España se sienta como precedente que todo el que sale a la calle a alborotar va a ser recibido a tiros por la fuerza pública, se acabarán los alborotos.» (Carrero Blanco en escrito a Franco en abril de 1951)

«Por eso a nuestros ojos el mayor crimen de los tiranos es obligar frecuentemente a los pueblos a recurrir a la violencia contra ellos, y en tales casos solo sobre sus cabezas recae la sangre derramada.»  Mariano José de Larra

En octubre de 2024 y tras una empeñada lucha de la familia, muy en concreto de su hermana María Victoria, llegó la reparación oficial para José Luis Sánchez-Bravo Solla, 49 años después de su condena a muerte en consejo de guerra, sumarísimo 1/75 e inmediato asesinato por fusilamiento el 27 de septiembre de 1975.

El texto gubernamental lleva por título:
“Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal expedida por el Gobierno de España y, en su nombre, el Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática” en la que se manifiesta, entre otras consideraciones que:
“Tras el estudio de la solicitud 23DGMD,1005 ha quedado acreditado que Don José Luis Sánchez-Bravo Solla padeció persecución por razones políticas e ideológicas durante la Dictadura franquista…
Visto que Don José Luis Sánchez-Bravo Solla tiene derecho al reconocimiento y a obtener la reparación moral y recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva….
“Se declara ilegal e ilegítimo el tribunal que juzgó a Don José Luis Sánchez-Bravo Solla, así como los jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos que, a partir del Golpe de Estado de 1936, se hubieran constituido… así como la ilegitimidad y nulidad de sus resoluciones…
“Se declara igualmente ilegítima y nula la condena, sanción o resolución dictada contra Don José Luis Sánchez-Bravo Solla tanto judicial como administrativa…“Por lo anteriormente expuesto, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática,
Expide en su favor DECLARACIÓN DE RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN PERSONAL…
“En Madrid a 3 de octubre de 2024.» Firmado y rubricado el documento por el ministro Ángel Víctor Torres Pérez.

En agosto de este año, la familia de Xosé Humberto Baena, condenado a muerte en consejo de guerra 245/75 y asesinado igualmente por fusilamiento el mismo día que Sánchez-Bravo después de aportar toda la documentación necesaria para conseguir el reconocimiento y reparación que le debía el Estado, recibía el acta, en los mismos términos que la de José Luis Sánchez-Bravo Solla, que confirma la nulidad de su condena. Firmada y rubricada también por el ministro Ángel Víctor Torres Pérez.

En este caso, es de destacar la labor de doña Estrella Alonso, madre de Baena que peleó hasta su muerte en 2003 por la revisión del consejo de guerra y reparación de su hijo, lucha que continua hoy su hermana Flor Baena.

El caso de Ramón García Sanz, juzgado y condenado en el mismo sumarísimo 1/75 y asesinado el mismo día junto a los anteriores, al carecer de familiares vivos, está siendo gestionado por quien fuera su abogado Gerardo Viada y algunos de sus antiguos compañeros de militancia.

Doce años antes, los otros dos asesinados en circunstancias semejantes, Jon Paredes Manot en Barcelona y Ángel Otaegi en Burgos, tras respectivos consejos de guerra, vieron sus casos estudiados por la comisión creada por el Parlamento y el Gobierno Vasco para la “evaluación de las víctimas de violación de los derechos humanos y sufrimientos injustos por la violencia de motivación política”.

El lunes 19 de noviembre de 2012, dicha comisión dio a conocer sus primeros dictámenes, en los que quedaban aprobadas ocho solicitudes, entre ellas las correspondientes a los casos de dos de los asesinados por fusilamiento: Jon Paredes Manot, Txiki y Ángel Otaegi Etxeberria a quienes se les reconoce la condición de víctimas, dado que el consejo de guerra en el que fueron condenados a muerte vulneró su derecho a un juicio justo. El Gobierno Vasco fijó una indemnización de 135.000 euros a las familias de los fallecidos.

Obsérvese que, en el caso del gobierno de España, en contraste con el gobierno vasco, el reconocimiento y reparación ha llegado de momento en un solo caso, los otros dos todavía a la espera, y la indemnización no existe ni se ha pedido, pese, incluso, a que la diferencia entre lo recibido por los familiares de los militantes vascos y, por ejemplo, las “víctimas del terrorismo” es francamente muy notable

Como trasfondo que ha hecho posible estos pequeños éxitos y reconocimientos de la lucha contra la dictadura, señalemos el auge y extensión durante los últimos decenios del movimiento por la Memoria Histórica y sus objetivos de Verdad, Justicia y Reparación.

50 años después

No es fácil, transcurridos cincuenta años de la muerte del dictador y de una insistente y pactada (pactada con los franquistas en interés de los franquistas) política de olvido (quien debía olvidar era el pueblo y los antifascistas), apoyada por todos los grandes medios de comunicación y vigente en la educación pública y privada de varias generaciones, ya bajo la monarquía, no es fácil, repito, transmitir lo que fueron 40 años de tiranía militarizada y de terrorismo de Estado, bajo la que participar en una manifestación, en una huelga, en un reparto de octavillas, en una pintada reivindicativa, en una reunión pública de vecinos o de trabajadores podía costarle a cualquiera palizas, torturas, años de cárcel e incluso la vida, como sucedía regularmente. Militar en las filas de cualquier organización de la resistencia era jugarse la libertad y la vida.

En referencia a los consejos de guerra llevados a cabo en septiembre de 1975 y las subsiguientes penas de muerte y fusilamientos escribió Ramón Sáez, Magistrado de la Audiencia Nacional en Diario Público del 18 de agosto de 2009:
“El Estado franquista nació de un acto criminal, un golpe de Estado, se fundó sobre una Guerra Civil que se desenvolvió bajo el programa de exterminio del enemigo político y se consolidó mediante un proyecto de persecución implacable de cualquier forma de disidencia, que se prolongó después de la muerte del tirano. Estado ilegal, tribunales de excepción y sentencias injustas”.

Exacta apreciación de un prestigioso jurista que contrasta con el cinismo del primer párrafo de la sentencia que condenó a muerte a los militantes del FRAP durante el segundo consejo de guerra, sumarísimo 1/75, José Luis Sánchez-Bravo, Ramón García Sanz, Manuel Cañaveras, María Jesús Dasca y Concha Tristán: se les acusa, como militantes del PCE(m-l), de pretender “la mutación por la fuerza de la estructuración económica, social y política del Régimen actual, legalmente constituido”. Para el ejército español, el crimen del 18 de julio que llevó a la guerra primero y a la dictadura sin solución de continuidad, se trataba de un Régimen legalmente establecido. El cinismo con uniforme y estrellas de general.

Sobre los cuatro consejos de guerra celebrados en el verano de 1975 para dar un escarmiento de sangre a la resistencia antifascista, dos en Madrid, uno en Burgos y uno en Barcelona, se ha escrito mucho a lo largo de estos 50 años, se han publicado libros, artículos, reportajes, entrevistas y realizado un magnífico documental alrededor de la figura de Baena Alonso, dirigido por el prestigioso documentalista Adolfo Dufour que fue premiado en la SEMINCI (Semana Internacional de Cine) de Valladolid en 2009, DE TÍTULO “Septiembre 1975” y puede verse en Youtube. Aun así y sin entrar en demasiados detalles señalaremos un aspecto básico y común que destacó en estos últimos consejos de guerra, muy semejantes por otro lado a los centenares que se fueron realizando en España desde el mismo julio de 1936 por el ejército franco/fascista.

La característica más destacada fue la no presentación en plenario, ni en ninguna otra parte, de prueba alguna material, técnica, balística, forense, dactiloscópica, testimonial o cualesquiera otras y ni siquiera se presentaron las supuestas armas utilizadas en los atentados.

Las acusaciones se basaron exclusivamente en la versión del apuntamiento correspondiente leído en cada consejo que recogía, a su vez, exclusivamente las declaraciones presentadas por la Brigada Político Social conseguidas de los detenidos tras días y noches de torturas y palizas, arregladas/amañadas por los propios servidores de la dictadura. Tales versiones fueron recogidas en cada consejo de guerra y la hicieron suya cada uno de los tribunales militares.

En tales condiciones, a lo largo del mes de septiembre se pidieron por las fiscalías militares trece penas de muerte y se dictaron once, de las que se llevaron a cabo cinco tras dar el enterado, es decir el ejecútese, del gobierno en pleno de Carlos Arias Navarro el “Carnicero de Málaga” (responsable de 4.500 asesinatos de Estado en Andalucía) y presidido por el Jefe del Estado. La decisión fue unánime.

Al día siguiente, 27 de septiembre se llevaron a cabo los fusilamientos por piquetes de ejecución mandados por un teniente y un sargento y formados por guardias civiles y miembros de la Policía Armada.

Los acusados de ataques a policías armados fueron asesinados por piquetes de guardias civiles y los acusados de ataques a guardias civiles lo fueron por
piquetes de policías armados.

La valoración de los observadores internacionales que pudieron, no sin dificultad, asistir a los consejos de guerra, puede muy bien resumir el carácter criminal de los mismos. Recogemos algunos párrafos de los informes de Christien Grobet y Denis Payot.

Christian Grobet, abogado de Ginebra y Zurich, observador de la Liga Internacional de los Derechos del Hombre, presente en el primer consejo de guerra en el cuartel de El Goloso, en Madrid, contra Xosé Humberto Baena, Manuel Blanco, Vladimiro Fernández, Pablo Mayoral y Fernando Sierra. Su informe no se publicó en España, desde luego, sino en algún documento de circulación clandestina. Entre otras cosas afirmó:
“El que suscribe no puede por menos que comprobar una vez más que los derechos elementales de la defensa, es decir, el derecho que tiene el acusado a ser juzgado con equidad ha sido menospreciado en España de la manera más grosera. El proceso de los cinco militantes del FRAP ha constituido un simulacro…
El que suscribe nunca ha tenido, desde que asiste a procesos políticos en España un sentimiento tan acusado de asistir a tal simulacro de proceso, en definitiva, una farsa siniestra…”

Denis Payot, delegado como observador jurídico por la Liga Suiza de Derechos del Hombre, estuvo presente en el consejo de guerra celebrado en Barcelona contra Jon Paredes Manot.

“La debilidad de las pruebas presentadas por el fiscal es tal que se puede calificar este juicio no solamente de farsa, sino de error judicial evidente… La conclusión a sacar de estos simulacros; el gobierno español tiene miedo del presente, del futuro, tiene miedo de su propio pueblo…
Si el gobierno no tuviera miedo de su propio pueblo, no temería que se presentasen pruebas irrefutables como la de los expertos en balística o en sangre o las confrontaciones entre acusados y testigos…”

Rainer Frommann, abogado de Berlín informó en muy parecidos términos respecto al segundo consejo de guerra contra el FRAP, sumarísimo 1/75, celebrado en El Goloso, en el que fueron acusados José Luis Sánchez-Bravo, Ramón García Sanz, Manuel Cañaveras, María Jesús Dasca, Concha Tristán y José Fonfría.

Una pregunta: ¿Por qué el consejo de guerra no pudo ratificar con pruebas comprobadas la veracidad de las acusaciones, de la versión oficial / policial de los hechos?

Volviendo a modo de conclusión sobre los consejos de guerra y su “metodología” para dictar sentencias, “metodología” acordada antes de celebrarse los plenarios, hemos visto y todo el mundo pudo verlo y valorarlo que no hubo más supuesta base que unas declaraciones obtenidas bajo tortura redactadas a su modo y manera por la propia policía de la dictadura.

Pudo haber y puede haber quienes digan, (¿por qué no?, el franco/fascismo tuvo sus apoyos sociales interesados, no fueron pocos sus beneficiarios y servidores bien pagados: ejército, guardia civil, BPS, … y sus sucesores biológicos y políticos siguen ahí con sus privilegios) que tales declaraciones y versiones policiales recogían al fin y al cabo la verdad de los hechos.

Si tal admitimos, lo que es mucho admitir, pero si tal hacemos, nos surge una pregunta tan simple como inevitable: si fue así, ¿por qué en el plenario del consejo de guerra, que es donde se supone que debieran aclararse las cosas, tanto la instrucción como la fiscalía se negaron en rotundo a la práctica y presentación de las pruebas materiales a las que nos hemos referido en este trabajo y hasta se negaron a presentar sus propios testigos de cargo, pese a la insistente demanda de los abogados defensores?, ¿por qué el consejo de guerra no pudo ratificar con hechos contrastables y pruebas comprobadas la veracidad de las acusaciones, de las declaraciones, de la versión oficial / policial de los hechos?

La respuesta es tan evidente que no hace falta siquiera enunciarla. Sencillamente todo estaba decidido de antemano y las condenas, dictadas; no necesitaban para nada ninguna comprobación y menos si les iba a poner en evidencia.

Así fue y era inevitable que así fuese pues una dictadura, entre otras cosas no menos nefastas, era eso: la podredumbre de la judicatura, la podredumbre de los tribunales militares. Y porque era así es por lo que, precisamente, se luchaba.

Aspecto a tener en cuenta por periodistas, investigadores e historiadores “equidistantes” cuando escriben y publican, homologando de una u otra forma encubierta, los procedimientos de la dictadura con los de la democracia, aun cuando no sea demasiado plena. O alguno, como Roger Mateos que, en la publicidad de su libro ad hoc y en referencia a Xosé Humberto Baena se pregunta: “¿Ejecutó Franco al hombre equivocado?”. Si Franco se equivocó al asesinar a Baena; ¿no habría tenido que asesinar a otro u otros para acertar? Curioso.

Y otra pregunta: si se equivocó en el caso de Baena, ¿quiere decir que acertó con los otros cuatro asesinados por fusilamiento? Y aún más: ¿se equivocó Franco con los miles de penas de muerte que firmó y cumplimentó? Quizás no fue un dictador sino, simplemente, un hombre que se equivocó. Una interpretación que la compraría el personal del PP.

* Nota original publicada en “El Otro País”, nº 115, Septiembre-Octubre.
– Foto de portada: Manuel Cañaveras, Vladimiro Fernández, Manuel Blanco y Pablo Mayoral ante la tumba de Ramón García Sanz en el cementerio de Hoyo de Manzanares, noviembre de 1977, tras su salida de la cárcel por la amnistía de octubre del mismo año.

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⇒ 27-9-1975: Prohibido olvidar ⇐

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