Durante la pasada semana se dio a conocer por el Procurador General de Justicia del gobierno de los Estados Unidos, William Barr, la radicación cargos criminales por narcoterrorismo contra importantes figuras del gobierno venezolano. La acusación indica que tales funcionarios, junto a militantes de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito del Pueblo (FARC-EP), utilizando una zona de operaciones cercana al frontera entre ambos países, crearon allí un “santuario” que mantenía el flujo de drogas para su posterior venta en Estados Unidos. Se alega que, con las ganancias obtenidas por su venta, las FARC-EP sufragaban el costo de sus acciones armadas.

Entre los incriminados se encuentran el presidente Nicolás Maduro; el Vicepresidente Diosdado Cabello; Hugo Carvajal, anterior jefe de la inteligencia militar venezolana; Clíver Alcalá, un mayor general de la Fuerza Armada Bolivariana en retiro; y Tareck Zaidan El Aissami Maddah, Ministro de Industria de Venezuela.

Como en el viejo oeste estadounidense del siglo 19, las acusaciones vinieron acompañadas del ofrecimiento de recompensas multimillonarias para quienes dieran información que condujera al arresto y procesamiento del presidente Maduro, de Diosdado Cabello y demás funcionarios de su gobierno. En el caso del primero, la recompensa ofrecida es de $15 millones; en el caso del segundo, de $10 millones.

En acusaciones separadas, también fueron incriminados por cargos criminales Maikel Moreno, Presidente del Tribunal Supremo de la República Bolivariana de Venezuela, al que se le acusa por cargos de blanqueo de dinero; y el Ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino, acusado de permitir el tránsito de aviones cargados de drogas sobre el espacio aéreo de Venezuela. Sobre este particular, se alega en la acusación que, desde bases aéreas localizadas en territorio venezolano, despegaban aviones que transportaban cocaína hacia América Central, particularmente hacia Guatemala, y hacia el Caribe.

Los funcionarios federales alegan que el monto de los cargamentos trasportados, dentro del período de tiempo al que se refiere la acusación, que abarca varios años, asciende a entre 200 y 250 toneladas métricas de cocaína. Esta cantidad, indican, tiene el potencial de producir 30 millones de dosis de la referida droga. Con ello, señala el pliego acusatorio, los acusados pretendían “inundar” Estados Unidos con la droga utilizando la misma como un arma en contra dicho país.

De acuerdo con el Fiscal Federal Geofffrey Berman, el grupo de acusados formaban parte del “Cartel de los Soles”. Al menos dos de éstos, al momento de hacer pública las acusaciones, se encontraban fuera del territorio venezolano. En el caso de Hugo Carvajal, este se encontraba residiendo en España hasta noviembre de 2019, fecha cuando Estados Unidos requirió a dicho país su extradición y la misma fue aprobada. Se desconoce al presente su paradero. En el caso del ex mayor general Clíver Alcalá, se indica que huyó de Venezuela luego de haber admitido que había organizado y entrenado un grupo armado en Colombia que ha conspirado con otros desafectos del gobierno bolivariano para el derrocamiento del presidente Maduro. En sus declaraciones admitió públicamente sus vínculos directos con Juan Guaidó, el pretendido “presidente” seleccionado por Estados Unidos para Venezuela, en el desarrollo de los planes golpistas.

De acuerdo con el reportaje elaborado conjuntamente por Julián Borger en Wahington y Joe Parkin Daniels en Bogotá para el periódico The Guardian, titulado “US indicts Nicolás Maduro and other top Venezuelan leaders for drug trafficking”, Clíver Alcalá señaló en aquel momento que, en su caso, se trata de una falsa acusación. Indicó que las autoridades colombianas sabían dónde él se encuentra, que conocían su residencia en Barranquilla y que no tenía en aquel momento intenciones de huir. Citaron también a Geoff Ramey, Director de un “tanque de pensamiento” (“think-tank”) en Washington, afirmando que las acusaciones tienen más un perfil político que un asunto relacionado con las drogas.

Concurriendo en tiempo con las acusaciones contra los dirigentes venezolanos, el Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela, Tareck William Saab, anunció el inicio de una investigación en torno a las acciones de Alcalá, Juan Guaidó y el grupo de conspiradores en contra del gobierno del presidente Maduro. Se indica que entre los planes conspirativos, figuraban atentados contra algunos de los principales funcionarios del gobierno venezolano, ello como parte del desarrollo de las acciones para derrocar el gobierno constitucional de Venezuela.

No han faltado voces que han criticado el momento en que se producen las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, sobre todo en momentos en que dicho país tiene que enfrentar la situación generada por la pandemia de COVID-19. Como es de esperar, todos los esfuerzos deberían estar concentrados en la adopción de medidas para combatir esta crisis de salud. Señalan de paso que esta estrategia de acusar a un presidente y funcionarios importantes de su gobierno, no es la primera vez que es puesta en marcha por Estados Unidos. Recuerdan los analistas que ese comportamiento también formó parte del libreto seguido por Estados Unidos contra el gobierno de Manuel Noriega en Panamá en la etapa previa a la invasión del país y su posterior arresto. Por eso han dado la alerta a la posibilidad de que Estados Unidos esté, una vez más, montando un contexto para llevar a cabo la prometida invasión a Venezuela.

De hecho, se ha citado a un alto oficial del gobierno de Estados Unidos indicando que la historia demuestra que aquellos que no cooperan con las agencias de interdicción de su país– ello en clara referencia al caso de Manuel Noriega en Panamá– no terminan bien.

Las medidas judiciales de parte del gobierno de Estados Unidos fueron seguidas, cinco días después, por nuevas propuestas políticas. Como en el pasado, este tipo de propuestas y medidas, que incluyen las de interdicción, las militares, las políticas y las económicas, promueven la salida del presidente constitucional de Venezuela de la presidencia para la cual le ha elegido el pueblo.

Julian Borger, como indicamos antes, reportero del periódico The Guardian en Washington, señala en otro artículo, titulado “US calls on Maduro and Guaidó to stand down in Venezuela transition plan”, que la propuesta hecha pública por Elliot Abrams, principal representante estadounidense para asuntos venezolanos, de un “plan político de transición”, se encuentra sujeto a que tanto el presidente Maduro como Juan Guaidó se coloquen a un lado, y den paso a un gobierno provisional. Este gobierno estaría compuesto por cinco personas, encargadas de llevar al país a una elección para la selección de un nuevo presidente.

La propuesta estadounidense señala que las actuales sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela podrían ser dejadas sin efecto sólo luego de la celebración de elecciones, las cuales se deben llevar a cabo en un plazo no mayor de doce meses. Indica, además, que ese también sería el curso por seguir por parte de la Unión Europea.

Para el retiro de las actuales sanciones, señala la propuesta estadounidense, varias condiciones adicionales deben darse: primero, la excarcelación de los llamados “presos políticos”; y segundo, la retirada de todo el contingente cubano en Venezuela. Bajo el plan norteamericano, Maduro seleccionaría dos miembros de su partido, la oposición otros dos miembros y entre ellos cuatro, seleccionarían un quinto miembro. Bajo el plan, los altos mandos militares de la Fuerza Armada Bolivariana continuarían en sus puestos.

De acuerdo con Borger, citando al congresista demócrata Eliot Engel, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, éste habría indicado que el gobierno de Estados Unidos continuaría adelante con el procesamiento de los cargos criminales contra el presidente Maduro y los demás acusados, mientras se adelantan los esfuerzos por establecer tal gobierno provisional.

Como era de esperar, el gobierno venezolano a través de su Canciller, Jorge Arreaza, rechazó la propuesta intervencionista estadounidense. Indicó el funcionario que Venezuela “no acepta, y no aceptará ningún tipo de tutelaje de parte de un gobierno extranjero”, mucho menos el diseño del plan elaborado por Mike Pompeo.

Durante la tarde del pasado miércoles, la agencia Prensa Asociada informaba que, conforme a sus fuentes, el gobierno de Donald Trump estaría anunciando ese día el desplazamiento de varios buques de guerra estadounidenses a las proximidades de la costa de Venezuela como parte de su ampliación en operaciones antinarcóticos en la región del Caribe. Indica, no obstante, que el anuncio se da en respuesta a los pasos dados por el gobierno de Venezuela de requerir la comparecencia de Juan Guaidó a prestar testimonio en la investigación que lleva a cabo las autoridades venezolanas sobre un intento de Golpe de Estado del cual se indica él forma parte. La medida también vendría luego de que patrulleras de la República Bolivariana de Venezuela intervinieran en aguas cercanas a la isla La Tortuga, con un buque de bandera portuguesa bajo la sospecha de que podía estar transportando mercenarios contra Venezuela.

Parte de las medidas adoptadas en estos momentos por la Administración Trump incluye “duplicar” el número de efectivos militares que actualmente Estados Unidos ha desplegado en América Latina para la lucha contra el narcotráfico. Ésta, sin embargo, aparenta ser una manera disimulada o un subterfugio para justificar cómo duplicar el número de efectivos militares estadounidenses en las bases que actualmente Estados Unidos opera dentro del territorio colombiano.

En todo este entramado de acusaciones contra el gobierno venezolano existen algunas preguntas o señalamientos que Estados Unidos debería contestar. Primero, ¿cómo es posible que una operación de la magnitud descrita en la acusación sobre el traslado de cocaína a su país, se venga a identificar años después de haber comenzado y no antes? Segundo, Estados Unidos debería ofrecer una explicación de cómo, siendo el país que es el mayor consumidor de cocaína en el mundo, con nueve bases militares instaladas en el país de mayor producción cocaína que es Colombia, nunca ha actuado contra funcionarios de dicho gobierno, incriminados hace años por sus vínculos con el narcotráfico y los paramilitares. De hecho, no deja de llamar la atención que precisamente los gobiernos del mayor productor de cocaína, Colombia y del mayor productor de la amapola con la cual se produce la heroína, Afganistán, sean ambos gobiernos aliados de Estados Unidos y que en ambos países exista la presencia militar de Estados Unidos, el que a su vez, es el principal consumidor de cocaína y heroína en el mundo.

Tercero, Estados Unidos debe contestar el por qué llama “santuario” de terroristas a Venezuela, alegando una relación político-militar de parte de su gobierno con las FARC-EP; mientras guarda silencio en torno a las operaciones encubiertas de fuerzas armadas irregulares, integradas por miembros de la oposición venezolana y mercenarios, entrenados en suelo colombiano para incursionar en Venezuela, asesinar altos dirigentes de su gobierno y promover un Golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro Moros.

La administración de Donald Trump ha insistido todo el tiempo que, para Estados Unidos, todas las opciones, incluyendo las militares, están sobre la mesa. Ya en enero, se indicaba que un buque de la armada estadounidense, el USS Detroit, se había aproximado a las costas de Venezuela. Según expuso entonces el Jefe del Comando Sur, Almirante Craig Faller, tal desplazamiento para enviar un mensaje por parte de Estados Unidos a sus amigos venezolanos; mientras que, para sus adversarios, era un mensaje de las capacidades de su país contra el gobierno venezolano.

La amenazas de intervención militar de Estados Unidos contra Venezuela ciertamente han estado sobre la mesa de trabajo desde hace mucho tiempo. Planes y más planes se han estado desarrollando por meses y años, con la complicidad de varios gobiernos latinoamericanos, con un sólo propósito: subvertir el orden interno en Venezuela y destruir la revolución bolivariana. Cada uno, afortunadamente, ha podido ser desbaratado gracias al trabajo eficiente de los organismos de seguridad del Estado en Venezuela, del compromiso de la Fuerza Armada Bolivariana y de la implantación de las directrices políticas impulsadas por el gobierno.

Cierto es que, como actos y actores humanos, ningún proceso revolucionario ha estado inmune a errores o desviaciones en la implementación de sus transformaciones. Sin embargo, también es cierto que, en los procesos sociales, cuando verdaderamente son revolucionarios, las críticas y evaluaciones permanentes en su desarrollo, siempre llevan a la superación de sus deficiencias.

A pesar de señalamientos que puedan hacerse en torno a errores o desviaciones del proceso revolucionario bolivariano en Venezuela, si algo ha quedado claramente establecido es que, por encima de ellos, la voluntad de millones de venezolanos que han asumido el compromiso con su revolución, enfrentando las adversidades que empuja el imperialismo estadounidense y sus aliados, se mantiene firme y adelante.

Es en la forja de la lucha del pueblo venezolano en defensa de su soberanía, dignidad y avance en la construcción de un nuevo modelo de socialismo, donde el acero de la revolución bolivariana se templa y fortalece.