Fuente: https://www.briega.org/es/noticias/activista-antidesahucios-presenta-denuncia-por-prevaricacion-discriminacion-fecha                                                                17/07/2023

El próximo martes 18 de julio, el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Santander y un empresario vallisoletano volverán a intentar llevar a cabo el lanzamiento de la vivienda de Roberto Mazorra, veterano activista del movimiento antidesahucios. Dicho lanzamiento fue comunicado al afectado el pasado 11 de julio, mediante una diligencia de ordenación de fecha 10 de julio. Es decir, con una antelación de una semana; lo cual provocará que termine el plazo para responder al recurso un día después de la fecha de lanzamiento. “Es la primera ver que veo una orden de lanzamiento con una antelación tan corta (lo normal es que sean varios meses). Algo absurdo desde cualquier punto de vista y, aunque quizás no sea totalmente ilegal, cosa que dudo, resulta muy irregular”, en opinión del afectado.

Este será el tercer intento de desahucio que sufre Roberto, ya que en octubre de 2022 hubo otro lanzamiento programado aunque se suspendió por causas jurídicas antes de la fecha del desahucio. El segundo, de fecha más reciente, el 18 de mayo de 2023, se paró el mismo día en el contexto de la huelga de funcionarios de los diferentes estamentos del sistema judicial.

Y es precisamente ese contexto el que ha propiciado la denuncia que Mazorra ha presentado hoy viernes, 14 de julio, en el juzgado de guardia y en el decanato contra la letrada (secretaria judicial) del servicio común de notificaciones, comunicaciones y embargos (SCNE) de los juzgados de Santander por ser un caso flagrante de discriminación ideológica/aporofóbica y abuso de autoridad. Los SCNE son unidades de los juzgados grandes que se dedican a realizar sus funciones de forma centralizada; en este caso, para todos los juzgados de Santander (penal, contencioso, violencia contra la mujer, primera instancia, de lo social, de instrucción, etc.). Es decir, toda la actividad externa de los juzgados de Santander está centralizada en el SCNE. No estamos hablando, por tanto, de un volumen reducido de trabajo.

Hay que recordar que la huelga previa de letrados se inició en enero de 2023 y culminó el 28 de marzo de 2023 con una subida salarial de 450 euros al mes. Después se producen paros parciales todos los días de 10 a 13 horas a partir del 17 de abril por parte de todos los funcionarios de la Administración de Justicia, comenzando una nueva huelga indefinida el 22 de mayo, que finaliza el 5 de julio para esperar al nuevo gobierno que salga el 23-J. Es decir, estamos hablando de la paralización de cientos de miles de expedientes, de notificaciones, de plazos, de embargos, de comunicaciones, de diligencias de ordenación de todo tipo, incluyendo lanzamientos, etc., etc., durante más de medio año. De hecho, cualquier persona que se encuentre inmerso en un procedimiento judicial, habrá comprobado que su caso se habrá demorado entre cuatro y seis meses o incluso un año por motivo de la huelga. Se trata de miles de expedientes anteriores al lanzamiento suspendido el 18 de mayo. Sin embargo, en el caso de Mazorra no ha habido demora alguna, sino más bien todo lo contrario. Prácticamente, el mismo día después de la finalización de la huelga ya le habían colocado al principio de la lista de actos a ejecutar por parte de del SCNE y del juzgado de primera instancia nº 1.

Roberto Mazorra desconoce los motivos de esta actuación: “Ayer intenté ponerme en contacto con los responsables del SCNE y fue imposible. Anteriormente lo hice con el juzgado número uno y no tuve ningún problema. Hable con la letrada sustituta del juzgado y me atendió con amabilidad. Sin embargo, en el caso del SCNE no fue así. Incluso el funcionario con el que hablé finalmente se negó a darme el nombre de la letrada porque ‘podría tener problemas’ el mismo funcionario. Es obvio que no pueden explicar los criterios para colocar como urgentes los desahucios de familias vulnerables y adelantarlos con respecto a cualquier otro acto de ejecución o de comunicación. Y, por supuesto, mucho menos por qué han situado el lanzamiento de mi casa como prioridad número uno, incluso por encima del resto de lanzamientos suspendidos, que habrán sido unos 200 en este primer semestre. Sólo hay tres motivos: animadversión personal, causas ideológicas o simple corrupción. En cualquier caso, aunque no soy muy optimista al respecto, espero, al menos, que la denuncia tenga como resultado una investigación y explicación de lo que ha pasado. Porque no tendría sentido que esa intencionalidad no tenga causa y sea simplemente negligencia del funcionario responsable. La negligencia produce retrasos, no adelantos”.

En cualquier caso, según Mazorra, hay varias leyes, como la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) o el Reglamento Orgánico del cuerpo de secretarios judiciales, y todos los SCNE en teoría deberían tener una carta de servicios o un protocolo de funcionamiento bajo competencia legislativa autonómica que establece una serie de obligaciones con respecto al comportamiento de los funcionarios y, en particular, de los letrados o secretarios judiciales. Entre las cuales existe informar y tratar a los ciudadanos con atención y respeto. “Esto lo incumplen de forma sistemática en casi todos los casos que he conocido, y en mi caso no ha sido diferente. Ayer, por ejemplo, me volvieron loco. Me puse en contacto desde primera hora de la mañana. Me mandaron al juzgado, de éste al SCNE, dentro del SCNE, de un funcionario a otro, les di tiempo para que la letrada se preparara la respuesta, pero al final no se quiso poner por teléfono, a pesar de ser su obligación. Me derivaron al final al decanato, del decanato al servicio de atención al ciudadano, que me derivó de nuevo al decanato, de ahí de nuevo al SCNE. El escritor Kafka definió muy bien este tipo de actitudes”, puntualiza el activista de la Red Antidesahucios.

Por todos estos motivos, Roberto Mazorra ha presentado denuncia ante el juzgado de guardia por prevaricación, posible cohecho y usurpación de atribuciones en relación con una evidente discriminación, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo contra la letrada de la administración de justicia del SCNE de Santander por el arbitrario e intencionado adelanto del lanzamiento de su vivienda. Además, ha interpuesto queja ante el Decanato por el comportamiento de los funcionarios del SCNE. Y, por último, ha solicitado la suspensión del lanzamiento por prejudicialidad penal, pérdida de la tutela judicial efectiva y conculcación de derechos fundamentales.

@RedAntidesahucios

CONVOCATORIA A LA CIUDADANÍA DE CANTABRIA

DESAHUCIO EN SANTANDER (C/LEÓN FELIPE)

Mañana, MARTES 18 DE JULIO DE 2023, desahucian a las 9,00 de la mañana a Roberto Mazorra. El movimiento antidesahucios convoca a la ciudadanía de Cantabria y de la galaxia para parar el desahucio.

LUGAR DE CONCENTRACIÓN PREVIA:

C/ LEÓN FELIPE Nº 7, A LAS 8,00h.