El famoso escritor Ramón María del Valle-Inclán escribió en 1931, poco después de que Alfonso XIII huyera del país y se proclamara la II República: “Los españoles han echado al último de los Borbones no por rey, sino por ladrón”. Como si fuera una premonición que persiguiera a su familia, al igual que su abuelo, Juan Carlos I, fiel continuador de la tradición cleptómana de su dinastía, huyó a la autocracia de Emiratos Árabes acosado por los escándalos de corrupción. Mientras tanto, su hijo Felipe VI y su corte de corifeos mediáticos llevan una década de reinado intentando separarse del lastre del legado de corruptelas de su padre. Y cuando parece que ya no puede aparecer ningún chanchullo más, salen a la luz nuevas revelaciones que confirman, una vez más, la naturaleza reaccionaria y parasitaria de la monarquía borbónica que la ha caracterizado a lo largo de toda su historia.

El archivo de las investigaciones contra el rey emérito por parte de la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía del Cantón de Ginebra (Suiza) fue el pistoletazo de salida para que Juan Carlos I creara una fundación con el objeto de reunificar su fortuna dispersa en diversos paraísos fiscales y que la revista Forbes calcula en unos 2.000 millones de euros. Una fundación con sede en Abu Dabi, lugar con una fiscalidad casi nula y que permite el secreto de las normas de funcionamiento y la verdadera titularidad de los bienes, escapando así del control de la justicia y de la fiscalidad española.

El nuevo chanchullo del emérito con la fundación para preservar el botín acumulado por este cleptómano del erario público a lo largo de toda su vida podría concurrir en diferentes delitos fiscales y de blanqueo de capitales. Por ello era fundamental una cortina de humo, una nueva campaña publicitaria que utilizara el poco crédito público que le queda al juancarlismo ¹. Y qué mejor para ello que decidir publicar sus Memorias bajo el sugerente título de Reconciliación, aunque, una vez más, los escándalos persiguen al emérito.

Quizás lo más relevante en esta ocasión haya sido haber podido escuchar del amigo de las petrodictaduras árabes reconocer su implicación directa en el golpe frustrado del 23F de 1981. Esto queda demostrado con el reproche por hablar demasiado que hace a quien fue su jefe de la Casa Real en aquellos tiempos, Sabino Fernández Campos, mientras agradece el silencio de quien fue coprotagonista de aquella intentona, el general Alfonso Armada. Pese a que la Ley de Secretos Oficiales impide conocer toda la documentación necesaria sobre los antecedentes, el transcurso y las consecuencias de aquella jornada, sabemos ya lo suficiente para reafirmar su participación directa en la misma, aunque finalmente no culminara de la forma en que él y Armada tenían previsto.

Unas declaraciones que deberían conducir a reabrir el sumario del 23F, ya que no fue casual, como recordaba recientemente Carlos Fonseca ², que el Consejo Supremo de Justicia Militar que juzgó a los golpistas denegara, entre otras pruebas, la comparecencia de Sabino Fernández Campos en la vista oral, ya que su testimonio podía echar al traste la fabricación del mito que se construyó a partir de entonces de Juan Carlos I como el salvador de la democracia. Un mito que ha quedado estrechamente asociado al de la Inmaculada Transición, y que sirvió de coartada a un amplio abanico de la izquierda, con el PSOE de Felipe González y el PCE de Carrillo a la cabeza, para justificar su conversión juancarlista. En realidad, era una forma de reclamarse monárquicos con la boca pequeña, sin tener que reconocer públicamente que estaban aceptando la legitimidad franquista de la monarquía borbónica.

Con estas conversaciones ha quedado una vez más al descubierto, salvo para quien no lo quiera ver para preservar su propia mitificación (como es el caso de Felipe González), que la monarquía borbónica no jugó ningún papel de motor democratizador en aquellos años decisivos, sino que fue más bien un freno permanente. Recordemos, además, que Juan Carlos I juró las Leyes Fundamentales de Franco, mientras que nunca juró la Constitución de 1978, queriendo demostrar así que el principio monárquico que él representaba –y sus funciones de garantizar la unidad de España, la jefatura de las Fuerzas Armadas y el respeto a los privilegios de la Iglesia católica– se mantendría incluso fuera de cualquier tipo de control parlamentario. Así, pudo marcar unas líneas rojas al presunto poder constituyente de las Cortes elegidas en junio de 1977, y la aceptación de contenidos básicos de la Ley de Reforma Política aprobada bajo la dictadura en diciembre de 1976, junto con el Decreto-ley electoral de marzo de 1977, todavía vigente, en el nuevo texto constitucional. A pesar de llo, luego optó por apoyarse en el general Armada para intentar un golpe blando el 23F mediante la denominada Operación De Gaulle –para la que también contó con la complicidad de dirigentes del PSOE y del PCE– con el firme propósito de frenar los primeros desbordes del consenso de la Transición que aparecían en el horizonte, especialmente en el proceso autonómico ³.

Con todo, tras este nuevo episodio, no deberíamos contentarnos con sostener que nos sobran razones para enterrar definitivamente el mito del juancarlismo, por mucho que algunos como Felipe González y Alfonso Guerra se empeñen en revivirlo. Tenemos que ir más allá y denunciar también el blanqueamiento permanente de Felipe VI al que se han dedicado los partidos del régimen y la gran mayoría de los medios de comunicación a lo largo de sus ya diez años de reinado. Porque no podemos olvidar que el monarca actual es heredero de una corona que tiene su origen y su única legitimidad en el franquismo, ha sido cómplice y se ha beneficiado de su largo historial de corrupción, va a seguir gozando de la misma impunidad y, sobre todo, comparte la misma ideología reaccionaria y neocolonial. Esto último ha quedado de manifiesto recientemente con su menosprecio a la demanda de perdón procedente de México y lo estamos viendo ahora en ocasión de la celebración del nefasto 12 de octubre como Fiesta Nacional. Así que, como dijo en las Cortes el 11 de junio de 2014 el entonces diputado Sabino Cuadra ante la abdicación de Juan Carlos I, lo que queremos es: “No cambiar de reyes, sino no tener ninguno: ni el padre, ni el hijo, ni el espíritu de Franco que anida en los dos” ⁴.

Por todas esas razones, y aunque los tiempos que estamos viviendo no sean los mejores para forzar un cambio de rumbo radical, el rechazo a la monarquía, máxima institución a la cabeza del régimen del 78, y la apuesta por un republicanismo confederal de libre adhesión y anticapitalista han de ser señas de identidad fundamentales de una izquierda alternativa. En ese camino deberíamos esforzarnos por impulsar iniciativas que contribuyan a la movilización unitaria de un amplio bloque de fuerzas sociales y políticas a favor del referéndum sobre la monarquía, que Adolfo Suárez (otro mito redivivo) impidió realizar durante la mitificada Transición, con el fin de volver a poner en el centro de la agenda política la necesidad de una ruptura democrática que permita abrir nuevos procesos constituyentes.

Jaime Pastor y Miguel Urbán son respectivamente miembros de la redacción y del Consejo Asesor de viento sur. Militantes de Anticapitalistas.

Referencias

 Jaime Pastor y Miguel Urbán (eds.),¡Abajo el rey! Repúblicas! Repúblicas, Sylone y viento sur, 2020.

• 1
  “El juancarlismo fue la gran operación de márquetin del régimen del 78 para justificar el relato oficial de la transición y la instauración de la monarquía parlamentaria sin refrendo popular”, como resumieron Teresa Rodríguez y Miguel Urbán en el libro colectivo ¡Abajo el rey! Repúblicas (2020: 71).
• 2
  “Los secretos de alcoba del 23F”, eldiario.es, 4/10/24, https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/secretos-alcoba-23f_129_11705360.html
• 3
  Jaime Pastor, “El 23F, Juan Carlos I y su golpe de timón a estribor”, en Jaime Pastor y Miguel Urbán (2020), pp. 47-53.
• 4
  “De Juan Carlos I a la Euskal Errepublika pasando por Felipe VI”, Sabino Cuadra, en Jaime Pastor y Miguel Urbán, 2020, p. 91.