Aun cuando la oposición al primer gobierno de izquierda del país no ha dado tregua en los dos años transcurridos, durante la semana pasada la situación fue en extremo difícil. La derecha y sus poderosos medios intensificaron los ataques en todos los terrenos.

Parecieron activarse varios componentes del golpe blando que se cierne sobre su gobierno.

El más grave fue un paro de transporte de carga que duró cuatro días, provocó bloqueos en las principales vías del país, generó enormes pérdidas económicas y malestar social.

Veamos un poco de contexto. Colombia es un país desarticulado, con una geografía muy difícil, en donde los derrumbes y otro tipo de accidentes se producen con bastante frecuencia.

Por ello, la movilización de carga con destino al mercado interno está sujeta a muchas vicisitudes, incluidos también los problemas de orden público. Para no hablar del traslado de la carga hacia los puertos de embarque del Caribe o del Pacífico.

A esto se suma la desidia histórica de las élites, que durante siglos han privilegiado sus intereses parroquiales inmediatos, a expensas de construir la infraestructura mínima para el desarrollo y la integración territorial. El rezago en construcción de carreteras es enorme, incluso comparado con la región.

Sin embargo, en la misma línea de los países latinoamericanos, a partir de los años noventa los vientos neoliberales dieron paso a las concesiones de todo tipo: construcción de carreteras y puentes, establecimiento de peajes, con enormes beneficios para el sector privado.

El Estado renunció a cualquier propósito de habilitar vías férreas o de resucitar la navegación sobre nuestra principal arteria fluvial, el río Magdalena.  Se les dio así un golpe final a algunos proyectos ferroviarios regionales que en el pasado cumplieron una función importante. La reactivación de los ferrocarriles ha sido precisamente una de las propuestas del presidente Petro. Un proyecto que comienza a concretarse.

Hoy el comercio fluvial está concentrado principalmente en transporte de hidrocarburos, petróleo y carbón, entre las zonas productoras. Los proyectos que se han impulsado durante gobiernos anteriores para desarrollar la navegación interna a gran escala, bajo la orientación del sector privado, se han visto frustrados. El gobierno trabaja ahora en la reestructuración de un proyecto público en este respecto, pero lo cierto es que en el Magdalena predomina todavía las chalupas, piraguas y planchones.

Por todo lo anterior, las decisiones adoptadas por el Estado durante décadas terminaron privilegiando y dándole enormes privilegios a un poderoso sector que controla el transporte de carga terrestre.

Volvamos ahora sí al paro de la semana pasada. El incremento en los precios del diésel que lo ocasionó fue anunciado desde comienzos del gobierno. Durante el último año se convocaron negociaciones que no fructificaron.

El gobierno entonces expidió un decreto que eliminaba el subsidio e incrementaba el precio del ACPM. La medida se toma para reducir el enorme hueco en las finanzas públicas que deja el Fondo de Estabilización Petrolera (FEP). Fue una decisión que el expresidente Duque evitó tomar como le correspondía, por razones políticas.

Pero eso sí él mismo provocó un incremento desproporcionado de la deuda, al contraer con el FMI un préstamo cuyos intereses leoninos tiene que pagar a muy corto plazo el gobierno actual.

¿Quiénes se benefician del subsidio del combustible? Los grandes empresarios intermediarios del transporte, no los camioneros. Personajes como Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga y dueño de una poderosa flota de camiones. Tanto este como otros de la misma estirpe son además fuertes contradictores del gobierno, alineados políticamente con la ultraderecha que proclama su intención de derrocar al gobierno.

La decisión de Petro de acabar con el subsidio mencionado debe entenderse también dentro de su propósito de fortalecer y reorientar el gasto público para mejorar las condiciones de vida en las personas y los territorios más necesitados. Hacerle frente a la voracidad del sector privado. Es también una condición necesaria para la paz total y la sustitución de cultivos.

Como señala el periodista Michael Ceaser en reciente carta pública, suspender el subsidio es además una medida de justicia social y ambiental, por cuanto quienes reciben una parte desproporcionada de los subsidios son los dueños de vehículos privados de alta gama, por lo general las personas de mayor poder adquisitivo y que más contaminan.

Finalmente se produjo una difícil negociación y el gobierno tuvo que reducir el monto del alza para que se levantara el bloqueo. Pero hubo una ganancia.  A las reuniones abiertas concurrieron múltiples y diversos sectores, participantes en la cadena del transporte de carga. El gobierno puso énfasis en diferenciarlos bien.

Así, se firmó un compromiso con los sectores de base, que además de reducir el alza programada, incluye 14 puntos adicionales, entre ellos trabajar por transformaciones estructurales en el sector y garantizar que los grandes intermediarios cumplan con el pago de fletes y con las normas laborales con sus trabajadores, que son los choferes.

La oposición ha recordado el apoyo del presidente al estallido social del 2021, que generó las condiciones para su triunfo electoral. Pero claramente, la situación de ahora es bien diferente. Este gobierno sí ha garantizado la protesta y la movilización social, pero este es otro caso.

“Sabemos distinguir perfectamente qué es un paro empresarial que siempre tiene oscuros intereses económicos o políticos, de un movimiento social, como ocurrió con el estallido en el gobierno pasado”, señaló Petro en su última alocución.

Por lo pronto, los sectores progresistas y democráticos del país seguimos alerta en la defensa de nuestro gobierno.

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