Acompañar el esfuerzo que España realiza para avanzar hacia un país más social, con un banco que desde lo público acompañe a una economía más social, contribuyendo a un mejor reparto entre los ciudadanos del incremento de beneficios de los bancos, introduciendo la competitividad en el sector, no puede traer más que beneficios a la sociedad.

El magnicidio se cometió hace 33 años: en 1991. Hace poco más de lo que entendemos por una generación. Por eso un 35,4% de españoles no saben lo que fue Caja Postal. Una entidad financiera similar a las numerosas entidades de este tipo que se formaron en todo el mundo a partir de las operaciones dinerarias realizadas dentro de los Servicios de Correos y Telégrafos en los distintos países. En España se había creado en 1909, y personalmente tuve el triste honor de ser su último presidente. Y aquel lamentable suceso fue la causa de que presentara mi dimisión como secretario general de Comunicaciones ante el ministro Borrell, que heredó el ministerio del que dependía dicha Secretaría General y que aglutinaba Correos, Caja Postal, Telecomunicaciones y el sistema español de satélites de Comunicaciones Hispasat.

Llegué a Comunicaciones procedente desde la Subsecretaría de Interior, y con la convicción de que la entidad del Estado que más lejos alcanzaba en el territorio del Estado era la Guardia Civil. Pero al llegar me di cuenta de que el servicio del Estado más capilarizado era, y sigue siendo -junto con los ayuntamientos- el Servicio de Correos y Telégrafos. Aquella Caja Postal que fue finiquitada el 12 de marzo de 1991 daba unos beneficios de 16.000 millones de pesetas de entonces; era la entidad financiera que más créditos daba para vivienda de protección pública, y tenía un plan estratégico de implantar una sucursal en cada oficina de Correos, que venía acompañado de la voluntad de volcarse en tres sectores estratégicos para la economía española: el transporte, el turismo y las telecomunicaciones. Y de consolidar la Corporación Caja Postal, que había comenzado a operar con cierta inteligencia, y que -entre otras cosas- capitaneó los seguros consorciados de los lanzamientos de los dos primeros satélites de Hispasat.

Caja Postal fue sacrificada junto con el Banco Hipotecario, el Banco de Crédito Local, el Banco de Crédito Agrícola y el Banco Exterior de España, porque sus beneficios enjugaban las enormes pérdidas del Banco Exterior de España, y porque de todos era la Entidad que tenía una red de oficinas amplia y atractiva. Y el proyecto que abrigaba Solchaga era crear un ente (lo que fue Argentaria) que aglutinara todo para ser después vendido -en sus intenciones- al Santander, aunque después se frustraron sus expectativas y fue el BBV el heredero de aquella joya. Casualmente, como Correos y Telégrafos necesitaba prestar al menos los servicios bancarios básicos, se dio la paradoja de que unos meses después tuvo que sacar un concurso para esos servicios, que lo ganó por un tiempo el Deutsche Bank.

Hace muy poco, Pedro Saura, el presidente de Correos, ha declarado públicamente su apuesta para que Correos se convierta en una entidad de dinero electrónico: una prerrogativa que tiene Correos desde 2011, con la ley sobre dinero electrónico de julio de aquel año. Es loable que el presidente de Correos esté buscando fórmulas para reflotar una sociedad estatal que en los últimos tres ejercicios ha perdido 676 millones de euros. Pero la fórmula de la que echa mano -por mucho que haya generado cierta polémica en el sector bancario- se queda corta en relación con los servicios que Correos podría prestar. Aún le quedan más de 7.250 oficinas, y una presencia asidua y cualificada en la España abandonada: justo aquella de la que están huyendo no sólo las oficinas bancarias, sino hasta los cajeros automáticos. Y exactamente aquella en la que la brecha digital (infraestructural y humana) dificulta precisamente las operaciones estrictamente de dinero electrónico. Y en la que hace falta un resurgimiento que facilite operaciones plenamente bancarias, y una dinamización de las actividades económicas, por ejemplo, con el apoyo a emprendedores y con la rehabilitación de viviendas: porque en ella se da la paradoja de que mientras hay un porcentaje preocupante de viviendas abandonadas, condenadas a la ruina, hay falta de viviendas para quienes quieran ir a trabajar. Algo que dificulta la lucha contra la despoblación y acentúa la decadencia del rural.

Se da, además, el caso de que existe un Instituto de Crédito Oficial, a través del cual el Estado moviliza sus líneas de financiación hacia los diferentes campos de la economía (el ICO), que carece de red y que tiene que apoyarse en la banca privada necesariamente. Ya se echó de menos en la crisis de 2007 la ausencia de un banco público: muchas empresas que se acogieron a las líneas ICO tuvieron que pagar un sobreprecio, cuando no fueron hábilmente desviadas por algunos bancos hacia sus propias líneas de financiación, siempre más caras.

Es comprensible que hay que gobernar con gran prudencia y no alborotar a diversos sectores, que enseguida echan mano de la acusación -infundada- de competencia desleal. Pero, por una parte, el Correo necesita una apuesta potente de futuro, y por otra, la financiación pública necesita de una red propia que eleve su eficacia. Sobre todo, cuando es una red que existe y que, si no le das juego, reentrenando al personal propio, corres el peligro de tener que recurrir, en un plazo no lejano, a despidos indeseados y numerosos, y a tener que cubrir sus déficits con dinero de los presupuestos generales.

No es ningún disparate recomponer una banca pública, como Caja Postal, que jamás debió haber dejado de existir. Ya que lo hizo al rebufo de la fiebre neoliberal de las concentraciones bancarias, alimentadas en un primer momento por el ministro Solchaga, de dudosa eficacia para el servicio que la banca debe prestar a empresas y particulares, ya que la reducción de la competencia puede llegar a dar pie a prácticas de “dumping”, e incluso a que las empresas encuentren menos espacio para su financiación, ya que la experiencia que ha existido es la de que los bancos concentrados han concentrado también el riesgo de las empresas que tenían créditos con los bancos objeto de fusión, disminuyendo la capacidad de financiación de las empresas afectadas.

La existencia de un banco público, como era Caja Postal, puede abrir un camino para ofrecer vías favorables a la economía social, establecer una línea de especialización en el apoyo financiero y canalización a las intervenciones para consolidar el fomento de la vivienda social, tanto en alquiler como en venta, y -algo muy importante- volcarse en el apoyo a iniciativas de recuperación de la España abandonada. Algo que, en combinación con las propias oficinas de Correos, puede prestar un servicio de ventanilla única de las Administraciones, con el asesoramiento pertinente, para que los habitantes del rural (que sufren también los efectos de otra brecha como la digital) no tengan que realizar desplazamientos fuera de su localidad para la realización de trámites y la resolución de asuntos.

No se trata de una decisión de “dicho y hecho”, porque hay que adaptarse al axioma de que “las cosas no se hacen: se organizan”. Puede Correos comenzar con lo del dinero electrónico -que es algo que ahora mismo ya no le resulta ajeno-, pero con el designio de ir entrenando a su personal para la recuperación de su carácter de banco público, retomando, una generación después, los planes de consolidación, de expansión y de acción social sobre los que ya venía trabajando a finales de los 80 y a principios de los 90. Acompañar el esfuerzo que España está realizando de avanzar hacia un país más social, con un banco que desde lo público acompañe a una economía más social, contribuyendo a un mejor reparto entre los ciudadanos del incremento de beneficios de los bancos, a partir de introducir la competitividad en el sector, no puede traer más que beneficios para nuestra sociedad.