Fuente: https://elsudamericano.wordpress.com/2020/06/24/a-18-anos-de-la-masacre-de-puente-pueyrredon-dario-y-maxi-viven-en-la-lucha-contra-la-justicia-complice-de-los-criminales-de-estado-por-hijos-la-plata/
A 18 AÑOS DE LA MASACRE DE PUENTE PUEYRREDÓN Darío y Maxi viven en la lucha contra la justicia cómplice de los criminales de Estado por HIJOS La Plata
A 18 años de la cruenta represión desatada por el gobierno de Eduardo Duhalde en el Puente Pueyrredón de Avellaneda recordamos la memoria de lucha de los compañeros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Dos compañeros conscientes y organizados junto a los de abajo que salieron a enfrentar la crisis social y económica que produjo toda la casta política gobernante durante la década del ’90 e intentó ser contenida a los tiros en aquel fatídico invierno de 2002.
Tras 18 años de reclamo de justicia por los compañeros el Estado argentino ha mostrado una vez más su cínica modalidad de separar las responsabilidades materiales de las políticas en los crímenes de Estado. Porque si bien el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta fueron llevados a juicio y condenados a perpetua, también recibiendo los beneficios varios que se les otorga a los criminales de uniforme en estos casos, su intención de “dar muerte” sólo fue evaluada judicialmente en términos individuales, en una nueva teoría del “exceso” policial
Porque en todas las grandes causas de nuestro pasado reciente donde el Estado apretó el gatillo y asesinó a luchadores populares se encubrió a los que ordenaron reprimir.
Sucedió con Carlos Menem respecto a los casos de Víctor Choque y Teresa Rodríguez, con Fernando De la Rúa sobre las decenas de asesinados en las jornadas del 19 y 20 diciembre, con el gobernador Jorge Sobisch y el presidente Néstor Kirchner respecto al asesinato de Carlos Fuentealba, con la presidenta Cristina Fernández y sus gobernadores aliados en los casos del triple crimen del Alto Bariloche, del Parque Indoamericano y del Triángulo de Jujuy, con Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Pablo Noceti en los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, y con el propio Duhalde y su gabinete en el caso de la masacre del 26 de junio de 2002. Ninguno de los políticos de turno ha sufrido la menor consecuencia judicial o política por las muertes ocurridas a manos de su aparato represivo y se han reconvertido como pretendidos salvadores del pueblo al que han hundido en la miseria y la pobreza.
La misma justicia que ha tardado más de 36 años en enjuiciar y condenar sólo a un puñado de represores del terrorismo de Estado que desplegó la última dictadura genocida, ha beneficiado prolijamente a los criminales de Estado en los gobiernos constitucionales a los cuales cuesta cada vez más llamar democracia.
Hoy en día, en una nueva situación de crisis social y económica, anterior y complementaria a la situación producida por la pandemia de la Covid-19, la salida del presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof y su ministro de Inseguridad Sergio Berni es nuevamente el viraje hacia el control social y la policialización de la vida en los barrios pobres. Más de una docena de casos de gatillo fácil, la desaparición forzada de Luis Espinoza y los innumerables hechos de verdugueo de parte de las fuerzas represivas nacionales y provinciales, marcan que los 90 días de aislamiento social
Por eso decimos que la memoria rebelde y de lucha de Darío y Maxi viven en cada pibe de barrio que sufre la represión estatal en momentos de crisis económica. En cada rebelde que enfrenta la policialización de la vida en la cuarentena criminal que impone el Estado ausente en lo social e hiper presente en lo represivo. La doble cara del Estado argentino se hace hoy más visible que nunca: pretensiones de Bienestar con prácticas del Terror organizado desde arriba.
La memoria de Maxi y Darío no la podrán secuestrar los nacionalismos peronistas que hasta han llegado a evocar las luchas de los dos compañeros caídos mientras sostienen la continuidad política de los Aníbal Fernández y los Felipe Solá.
Abrazamos en esta fecha a las familias Kosteki y Santillán, a Vanina, a Alberto, a Leo y a las organizaciones que son herencia y fruto de la lucha de Maxi y Darío y no han bajado nunca las banderas de la lucha por el cambio social. Seguiremos señalando a los asesinos materiales y políticos de todos nuestros caídos en este camino por la liberación humana.
¡Darío y Maxi viven en la lucha!
18 años exigiendo justicia.