Haití Libre y Soberana
200 años después del rescate de 1825: la Asamblea de los Pueblos del Caribe exige justicia y reparaciones para Haití.
El 17 de abril de 1825, el rey Carlos X de Francia firmó una ordenanza que obligaba a Haití a pagar un rescate de 150 millones de francos oro como condición para el reconocimiento de su independencia, adquirida 21 años antes al precio de una heroica lucha contra la esclavitud y el colonialismo. Dos siglos después, la Asamblea de los Pueblos del Caribe (APC) expresa su indignación y lanza un llamado internacional de justicia, restitución y reparación.
Compuesta por 23 países y territorios de la región, incluidos Jamaica, Cuba, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Barbados y otros, la Asamblea de los Pueblos del Caribe tiene como objetivo ser una voz colectiva de los pueblos del Caribe en pos de la justicia social, la soberanía y la emancipación de los legados coloniales.
Un rescate impuesto por la fuerza
La ordenanza del 17 de abril de 1825 es considerada por la APC como un acto de extorsión imperialista, impuesta bajo la amenaza de los cañones franceses. La comisión encabezada por el barón Mackau, que llegó con una flota de guerra, amenazó con bombardear Puerto Príncipe si el presidente Jean-Pierre Boyer se negaba a firmar. La ordenanza, que ni siquiera nombra a Haití sino que se refiere a los «habitantes de la parte occidental de Saint-Domingue», niega así la soberanía de la primera república negra del mundo.
Una deuda contraria a las leyes de la guerra
Históricamente, son los vencidos quienes pagan la compensación a los vencedores. Al imponer una indemnización a Haití, el país victorioso, para compensar a los antiguos colonos esclavistas, Francia invirtió la lógica del derecho internacional de la época. La suma exigida incluía incluso el «valor de mercado» de los esclavos, que habían sido liberados legalmente desde 1793 en la colonia y 1794 en Francia.
Un sistema de dominación económica sostenible
Incluso después de que la deuda se redujera a 90 millones de francos en 1838, las nuevas condiciones establecieron una relación neocolonial: ventas de café barato, privilegios aduaneros para los barcos franceses y préstamos usureros contraídos con bancos franceses para financiar la deuda. Esta “doble deuda” ha desangrado a Haití durante más de 127 años, absorbiendo hasta el 80% de sus ingresos fiscales anuales, bloqueando el desarrollo económico y alimentando la deforestación para generar efectivo.
Un crimen contra la humanidad y una lucha actual
La APC recuerda que la esclavitud está reconocida como crimen contra la humanidad por la ley francesa Taubira (2001), y considera que el rescate de 1825 es una extensión directa de ello. Las cantidades discutidas para la restitución varían: 21.700 millones de dólares según Jean-Bertrand Aristide, 28.000 millones según el economista Thomas Piketty y hasta 115.000 millones según otras estimaciones que incluyen los efectos acumulativos de la deuda y las reparaciones impagadas.
La soberanía del pueblo haitiano en el centro de las reparaciones
Para Camille Chalmers, economista y representante de APC en Haití, las verdaderas víctimas de este odioso rescate fueron los campesinos haitianos. Son ellos, junto con todo el pueblo haitiano, quienes han soportado el peso aplastante de esta deuda y quienes ahora deben ser los únicos que decidan cómo se utilizarán los fondos devueltos. Chalmers advierte contra cualquier intento por parte de Francia de imponer mecanismos de control o colaboración bilateral para gestionar estos fondos.
El rescate impuesto a Haití en 1825 no es un mero episodio del pasado: encarna uno de los actos más cínicos de la dominación colonial moderna. Sus consecuencias todavía se sienten en las estructuras económicas, sociales y ambientales del país. Al exigir reparaciones, la Asamblea de los Pueblos del Caribe no sólo exige el pago de una deuda ilegítima, sino también el reconocimiento de un crimen histórico y la restauración de la dignidad de un pueblo que se atrevió a desafiar el orden esclavista global. La justicia ya no puede esperar. Francia debe devolver lo que robó. Haití ya no puede soportar solo el peso de una libertad que ha conquistado para sí mismo y para toda la humanidad.
Según él, es necesaria una vigilancia extrema para evitar que Francia recupere, bajo otras formas, el dinero que se ha comprometido a devolver. La soberanía popular debe ser absoluta en este proceso: son los haitianos quienes deben definir las prioridades, los mecanismos y los propósitos de la reparación.
Lominy EDMOND, periodista, editor y abogado del Colegio de Abogados de Petit-goâve, psicoenergético
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