El 5 de mayo los fiscales generales de Missouri y Luisiana pusieron una querella contra el gobierno federal por la censura impuesta a algunos científicos críticos en las redes sociales (1).

La censura comenzó al principio de la pandemia e incluyó los mensajes intercambiados entre Fauci y el entonces director de los NIH, Francis Collins, que pidió un “desmantelamiento rápido y devastador” de la Declaración de Great Barrington, una de las plataformas críticas.

Los fiscales quieren saber si el propio gobierno intervino para animar a las empresas tecnológicas a anular el derecho a la libertad de expresión porque va en contra de la Primera Enmienda.

Sin embargo, como la censura se ha privatizado, se trata de averiguar si sus dirigentes se confabularon con las instituciones públicas, entre ellas las sanitarias, para distribuir sólo la versión oficial, al tiempo que censuraban las voces disidentes.

Los tribunales necesitan saber si ambas partes, empresas tecnológicas y gobierno, se pusieron de acuerdo para imponer la censura. El 6 de septiembre un juez de distrito, Terry Doughty, ordenó al gobierno informar sobre el asunto (2).

Entre otras cosas, la querella de los fiscales pretende averiguar si ocultaron información sobre la eficacia de las mascarillas y los confinamientos.

Hasta la fecha el gobierno se ha negado a entregar a los jueces la documentación porque se aferra al privilegio ejecutivo sobre las comunicaciones presidenciales, a pesar de que no les piden las comunicaciones internas de la Casa Blanca, sino sólo las comunicaciones externas con las empresas tecnológicas.

Ante la negativa, los fiscales han documentado que al menos 50 funcionarios del gobierno en una docena de instituciones estaban involucrados en las presiones a empresas tecnológicas, como Facebook, Google y Twitter, para censurar a determinados usuarios críticos de la pandemia.

La censura afectó a algunos científicos y a miles de ciudadanos que no estaban de acuerdo con la respuesta política implementada durante la pandemia. Por ejemplo, es sabido que Naomi Wolf fue nombrada directamente en la correspondencia entre los CDC y Facebook.

Esta situación se prolongó durante casi dos años, durante los cuales el derecho a la libertad de expresión fue letra muerta. Los críticos no pudieron exponer su opinión y millones de personas fueron privadas de su derecho a informarse. Nunca un derecho constitucional fue eliminado de una manera tan brutal.

(1) https://legalinsurrection.com/wp-content/uploads/2022/07/Missouri-v.-Biden-Govt-Social-Media-Collusion-Case-Complaint.pdf
(2) https://legalinsurrection.com/wp-content/uploads/2022/09/Missouri-v.-Biden-Order-Granting-Discovery-Against-Fauci-9-6-2022.pdf