Washington, D.C. y Tegucigalpa – Aproximadamente un mes antes de que Trump diera la orden de invadir Venezuela y secuestrar al presidente en funciones Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores en nombre de la lucha contra el narcoterrorismo, Honduras también sufrió una injerencia sin precedentes de EE. UU. en sus asuntos internos. Al igual que en Venezuela, las consecuencias serán graves.
Apenas unos días antes de que los hondureños fueran a votar, Trump anunció el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, un narcotraficante condenado en Nueva York, y dio su apoyo a uno de los candidatos presidenciales. En este contexto, las organizaciones abajo firmantes advertimos sobre el resurgimiento de una agenda corporativa profundamente corrupta con vínculos criminales que anteriormente sumió a Honduras en una crisis de 12 años, convirtiéndo al país en uno de los lugares más peligrosos del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente.
Durante las fiestas de fin de año y tras la intervención del presidente Trump en las elecciones generales hondureñas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró presidente electo al candidato preferido de Trump, Nasry «Tito» Asfura, del Partido Nacional. Poco después de las elecciones, Trump cumplió su promesa de indultar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (JOH), también del Partido Nacional. JOH cumplía una condena de 45 años de prisión por narcotráfico y delitos relacionados con armas en Estados Unidos.
La declaración del CNE es muy cuestionable, dado que el organismo electoral no revisó las inconsistencias ni investigó los fallos del software de transmisión electoral, teniendo en cuenta que el empate técnico entre los dos candidatos presidenciales fue inferior a 30 000 votos. Las organizaciones del movimiento social hondureño califican los resultados presidenciales de ilegales, impuestos desde el exterior y fruto de un pacto negociado entre la élite adinerada y la clase empresarial hondureña, el gobierno de Estados Unidos y los intereses corporativos extranjeros.
Las organizaciones abajo firmantes repudiamos categóricamente la injerencia de Estados Unidos en las elecciones hondureñas y afirmamos el derecho inalienable del pueblo hondureño a su autonomía y autodeterminación.
También rechazamos el uso instrumental que la administración Trump hace del indulto a JOH para promover una agenda geopolítica y corporativa que ignora la voluntad popular hondureña y busca reinstalar las redes de poder que sometieron al país a un régimen de violencia, corrupción y saqueo durante más de una década.
Trump anunció que indultaría a Hernández setenta y dos horas antes de las elecciones generales y amenazó explícitamente con recortar la ayuda internacional si el candidato del Partido Nacional, Tito Asfura, no ganaba la presidencia. Estas amenazas son un ataque a la soberanía hondureña y exponen con brutal claridad cómo los intereses corporativos transnacionales se alían con el poder imperialista para disciplinar a los gobiernos, revivir alianzas corruptas y criminales, y garantizar las condiciones para obtener beneficios a costa de las vidas y los territorios de las comunidades indígenas, garífunas y campesinas. Esto se hace más evidente en la estrecha asociación entre el delincuente convicto Roger Stone, quien presionó a Trump para que indultara a JOH, en apoyo a los multimillonarios libertarios que respaldan la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) Próspera.
Esta descarada injerencia estadounidense no solo busca revertir los limitados avances en materia de derechos humanos y justicia social logrados durante los últimos cuatro años, sino también volver a permitir la implementación de «inversiones mafiosas» que han mantenido al pueblo hondureño como rehén. Dichas inversiones se refieren a una agenda corporativa perjudicial para las personas afectadas y para las arcas públicas, plagadas de corrupción e irregularidades, entrelazadas con los intereses del crimen organizado y la represión, tal y como se documenta en el informe Informes Mafiosas Contra Honduras.
Durante los breves cuatro años del mandato de la presidenta Xiomara Castro (2022-2026), se hicieron esfuerzos para revertir algunas de las políticas más atroces impuestas durante la narcodictadura, como la creación, muy impopular, de ciudades modelo conocidas como las ZEDE, la profundización de la privatización en el sector energético y los contratos de infraestructura público-privados muy desfavorables para el interés público. En respuesta, Honduras se enfrentó a una avalancha de demandas por Solución de Controversias Inversionista-Estado (ISDS, por si siglas en inglés), que actualmente ascienden a unos 10 000 millones de dólares.
Reiteramos nuestro rechazo a la intervención de Estados Unidos en Honduras, así como en Venezuela y en todo el hemisferio occidental, ya que Estados Unidos busca reafirmar de manera descarada su dominación imperialista en interés de las grandes empresas transnacionales y con la complicidad de otros gobiernos del Norte Global cuyas empresas también se benefician de dicha desestabilización. Al mismo tiempo, trabajaremos para fortalecer la solidaridad con el pueblo hondureño y continuaremos monitoreando y condenando el ataque corporativo contra el país centroamericano en el próximo período.
https://docs.google.com/document/d/10hmzg2yJRmouG5au3eRan13ayKvzXj-r/edit]
FIRMADO:
Alliance for Global Justice (AfGJ)
Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN)
Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL)
Cross Border Network for Justice and Solidarity
Denver Peace and Justice Committee
Global Exchange
Global Justice Now
Honduras Solidarity Network
Institute for Policy Studies – Global Economy Program
MiningWatch Canada
Rights Action
School of the Americas Watch (SOAW)
TerraJusta
Transnational Institute
U.S.-El Salvador Sister Cities
Ongd AFRICANDO