El movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan, en español) ha evidenciado con sus protestas en Estados Unidos, que se han extendido por buena parte del planeta, la discriminación y la violencia policial sistemáticas que sufren las minorías afrodescendientes, latinas e indígenas. Según la socióloga Simone Browne, con quien hablamos por videoconferencia a mediados de junio, su objetivo es preservar “el supremacismo blanco”, que ahora tiene en la presidencia estadounidense a uno de sus defensores, Donald Trump. 

“Así lo entiende buena parte de la población blanca estadounidense que cuando ve a una persona negra comprando en un comercio o mirando escaparates, llama a la policía y la acusa de estar robando. Entienden que la policía no solo está para servirles y protegerles a ellos, sino también para mantener el status quo de su supremacía. Unas llamadas que terminan costando vidas negras en muchos casos”, reflexiona Browne, profesora asociada del Departamento de Estudios africanos y de la diáspora africana y autora del multipremiado libro Dark Matters: On the Surveillance of Blackness (La oscuridad importa: la vigilancia de la negritud).

Este estado policial de hipervigilancia ya se cebaba con las poblaciones afroamericanas, latinas, asiáticas e indígenas antes del 11 de septiembre de 2001, y desde entonces, como buena parte del resto del planeta, se ha radicalizado con las tecnologías de control social en las que especialistas como Browne ven un patrón de continuidad con las técnicas coloniales de exterminio aplicadas durante el tráfico transatlántico de esclavos.

“Cuando estudias la respuesta estatal y policial tras el 9S, centradas supuestamente en el control de fronteras y protección de los terroristas, observas que las herramientas tecnológicas de vigilancia biométrica a través de cámaras, sensores o drones, son muy similares en la forma en que se vigilaba los cuerpos de las personas negras durante el tráfico transatlántico: entienden que tu cuerpo o partes de este pueden revelar información sobre quién eres, qué puedes hipotéticamente hacer… Las personas esclavizadas eran marcadas con el sello de la corona española, británica, así como con el de sus propietarios que los iban a explotar en las plantaciones. Estas marcas del sufrimiento también hablaban de la supuesta necesidad que estos cuerpos tenían de ser sometidos, disciplinados, controlados por ese Estado de la vigilancia que continúa desarrollándose hoy contra las personas racializadas”, analiza.

Browne estudia cómo los algoritmos de las tecnologías de control y vigilancia social están atravesados por sesgos profundamente discriminatorios para las poblaciones afroamericanas. Por ejemplo, cuando una persona blanca y otra negra están en el campo de visión de una cámara de seguridad, la programación de sus softwares determina que hay que seguir los movimientos de la segunda. Los programas de reconocimiento facial tienen un margen de error del 31% cuando son mujeres negras, según un estudio de la Electronic Frontier Foundation. Por ello, Browne exige que estos algoritmos sean públicos, para saber en qué se basan, y que las corporaciones que los extraen y el Estado que los usa sean transparentes en el uso de una información de nuestros cuerpos cuya “propiedad intelectual debería ser de sus dueños, es su derecho”, sostiene.

Tal es la imprecisión y la inseguridad jurídica que esta maquinaria para la vigilancia representa para la población negra, que el departamento de la Policía de Dallas tuvo que desactivar a los pocos días de ponerla en marcha una app llamada I watch (Yo veo) a través de la que pedían a la población que enviaran fotografías de “actividades ilegales cometidas en las protestas”. Aun así, la policía y agencias estatales de seguridad cuentan con una base de datos más amplia, accesible y conocida por todos. Como explica Browne, estas están rastreando en las redes sociales fotografías y vídeos etiquetados con los hashtags #BlackLivesMatter, #antifa o #ACAB (El acrónimo en inglés de “Todos los policías son unos bastardos”) con el fin de identificar a sus autores. “Se han documentado casos de activistas que han sido interrogados en sus casas por sus publicaciones sobre las protestas”, denuncia.

Un estado de vigilancia que en los barrios con mayoría de población racializada conocen bien: “A las patrullas policiales e identificaciones raciales que llevaban sufriendo décadas, ahora se suma la vía tecnológica. Cuando llegan las cámaras a los vecindarios sabemos que inmediatamente viene la gentrificación: nuevos propietarios blancos, que a menudo instalan también sus propias cámaras para supuestamente proteger sus hogares, como el sistema de reconocimiento facial de Amazon”. Una empresa que comparte esta información con más de 1.300 cuerpos policiales. Ante las denuncias realizadas por organizaciones civiles sobre las violaciones a la privacidad, Amazon ha anunciado la suspensión durante un año de la entrega de esta información o, en su defecto, hasta que el Congreso no apruebe una nueva normativa sobre su uso. Cabe preguntarse sobre los riesgos de que Amazon cuente con la capacidad de almacenar toda esta big data si el Estado, responsable último de su supervisión, está en sí mismo cuestionado.

Esta hipotética reforma legislativa resulta insuficiente para las demandas de los manifestantes. “En Estados Unidos es habitual el monitoreo electrónico de las personas que salen de prisión. Si la orden es que no pueden alejarse de sus hogares más de dos kilómetros, por ejemplo, probablemente no podrán trabajar porque no encontrarán un empleo tan cercano o porque una de las salidas laborales más habituales para esta población es el reparto a domicilio. Cuando se pide la abolición de las prisiones, que es un sistema claramente insostenible, también estamos hablando de la supresión de estos sistemas electrónicos, que hacen que estas personas lleven la cárcel a sus hogares”.

Browne recuerda que las protestas más importantes que ha vivido Estados Unidos en décadas “no solo son contra la violencia policial: en los barrios donde viven afroamericanos, latinos o indígenas han muerto cuatro veces más personas por COVID-19. #BlackLivesMatter está denunciando cómo está construida la sociedad, los espacios donde han de vivir, cómo están muriendo por no poder pagar la factura del hospital, por tener que vivir hacinados… Se trata del acceso a una vida digna”.