Veamos dos ejemplos de cómo se viola el principio ockhaniano. No hace mucho –aunque con la crisis relanzada por la pandemia del coronavirus ya todo parece lejano- la derecha boliviana respaldada por el ejército lanzaba un ultimátum al presidente Evo Morales para que renunciara a su cargo, ocupaba el parlamento colocando la biblia en lugar de la whipala y emprendía la persecución de los líderes del MAS (Movimiento al Socialismo) y la represión de los pueblos originarios (que constituyen más del 60% de la población boliviana), supuestamente partidarios del presidente Evo. Se suspendían todas las garantías constitucionales, se colocaba a una presidenta –Jeanine Áñez- que se autoproclamaba presidenta con el beneplácito del ejército, la OEA (Organización de Estados Americanos) y los Estados Unidos ^[1].

Todavía hoy, con la crisis del COVID-19 las corporaciones mediática siguen justificando el golpe de estado en Bolivia y hablan de “Gabinete interino de Bolivia” y de “Decreto de la cuarentena que promulgó la presidenta”; y desvían la atención de la evidencia de una dictadura hacia alguno de sus síntomas: las limitaciones a la libertad de expresión.

La explicación más retorcida y rebuscada, la más difícil de argumentar y sostener: que en Bolivia hay un gobierno interino, por arte de birlibirloque y en contra de toda evidencia y análisis científico, se asume como verdadera, en vez de la explicación más completa y simple: en Bolivia hubo un golpe de Estado y hoy existe un gobierno totalitario.

El segundo ejemplo paradigmático de cómo el mundo actual se nos presenta de una forma y se nos explica de otra, es el de las democracias occidentales. La crisis de la pandemia del coronavirus ha desvelado, es decir, ha quitado el velo que ocultaba la realidad de los sistemas representativos parlamentarios a los que llamamos democracias. Como ya nos contaba el filósofo Agamben al inicio del siglo XXI, éstas se aproximaban inevitablemente a sistemas totalitarios. Puesto que, como ocurrió, por ejemplo al inicio de la Primera Guerra Mundial en la que los países beligerantes ya estaban en un estado de excepción permanente, “la legislación excepcional por vía del decreto gubernamental (que hoy nos es perfectamente familiar) se vuelve una práctica corriente en las democracias europeas” ^[3].

El 14 de marzo el gobierno del Estado español decretó el Estado de alarma. La Constitución española no distingue prácticamente entre estado de alarma y estado de excepción ^{[ 4]}, únicamente por el tiempo que duran sin necesidad de solicitar al parlamento una prórroga. En el primer caso 15 días y en el segundo 30. En ambos es el ejecutivo quien emite el decreto que los desarrolla y sólo tiene que consultar al parlamento para su prórroga.

En el 2011 con el movimiento 15M y anteriormente con la invasión y ocupación de Iraq se decía en las calles: “lo llaman democracia y no lo es”. Ahora, una parte de esos mismos que demandaban una “democracia real” insisten en convencernos de que esto es una democracia, la única posible, que el sistema es reformable y la necesidad (o la emergencia) es el fundamento y la legitimidad de un estado de alarma que suspende nuestros derechos y garantías más fundamentales (y no me refiero a salir de casa sino al derecho al trabajo, la alimentación, la salud, la educación etc.) y deja en manos de los cuerpos de seguridad la gestión de estos derechos.

Esta situación de desamparo respecto a nuestros derechos más fundamentales llevaba tiempo produciéndose. El informe del Relator Especial de NNUU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos en España, Philip Alston, publicado a finales de enero de este año, antes de que se desatara la pandemia, ya nos decía que si un español mirara a su país en un espejo lo que vería sería:

“…una pobreza generalizada y un alto nivel de desempleo, una crisis de vivienda de proporciones inquietantes, un sistema de protección social completamente inadecuado que arrastra deliberadamente a un gran número de personas a la pobreza, un sistema educativo segregado y cada vez más anacrónico, un sistema fiscal que brinda muchos más beneficios a los ricos que a los pobres y una mentalidad burocrática profundamente arraigada en muchas partes del gobierno que valora los procedimientos formalistas por encima del bienestar de las personas». ^[5]

Pero todavía entonces, a principios de año, estas palabras resultaban escandalosas igual que el Informe del Banco de España afirmando que 4,5 millones de hogares (el 25% del total) subsistían por debajo del umbral de la pobreza como consecuencia de la inseguridad laboral, el empleo inestable y los bajos salarios. Nadie en ese momento –excepto tal vez los neofranquistas de Vox- justificaba esa realidad, y pocos pensaban que medidas reformistas pudieran revertirla. Tampoco se justificaba, desde los sectores de izquierda, la famosa ley mordaza ni la posibilidad que ésta convirtiera de hecho a los policías en jueces al poder sancionar y multar a cualquier ciudadano que consideraran que había violado alguna norma real o imaginaria.

Así, aunque la situación actual se nos presenta como “Estado de alarma para la gestión de una crisis sanitaria”, y poder abordar la situación extrema de la población, dos son las evidencias que nos permiten decir que esto no parece un estado de alarma sino un Estado de excepción; y que este país ya venía caminando hacia él.

La primera evidencia es la actuación de los cuerpos de seguridad y la aceptación por parte de la mayoría de la población de esta actuación, es decir, la normalización de la actuación de la policía y el ejército. La segunda es la imposibilidad de cualquier tipo de crítica y/o resistencia ya que automáticamente provoca la condena, la represión y la acusación de alianza con el discurso fascista. Aparentemente porque, en España, un gobierno de coalición PSOE-UP, autoproclamado de izquierdas no puede ser cuestionado pues este gobierno se considera la encarnación en la tierra de la democracia misma. Pero como diría también Agamben en relación al fin de la República de Weimar que: “… una “democracia protegida” no es una democracia, y que el paradigma de la dictadura constitucional funciona sobre todo como una fase de transición que conduce fatalmente a la instauración de un régimen totalitario” ^{[ 6]}

En la ley orgánica que regula el Estado de alarma deja en manos del ejecutivo (a través del Decreto) el ámbito territorial y el alcance. En el decreto del 14 de marzo por el que se declaró el estado de alarma en España ^[7] se declara como única autoridad competente al Gobierno, el ámbito territorial es todo el territorio nacional y las primeras autoridades competentes delegadas son la ministra de Defensa y el ministro del interior, después el Ministro de transportes, movilidad y Agenda urbana, y finalmente el de Sanidad. Uno de los aspectos más significativos del decreto es el que establece que las “autoridades competentes delegadas podrán requerir la actuación de las Fuerzas armadas”. En las ruedas de prensa del gobierno sobre el COVID-19 suele estar el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el General Miguel Villarroya.

El papel de las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad del Estado está siendo tan relevante en estos momentos y los discursos aludiendo a la “guerra contra el Coronavirus” son tan frecuentes, no solo en España, que cuesta creer que se trate sólo de una medida temporal y de una metáfora para describir la emergencia sanitaria. En la revista infodefensa.com se señalaba en titulares que “La respuesta militar en España ante el COVID-19 despierta el interés de Europa” ^[8]. Nótese que no despierta el interés nuestra respuesta sanitaria ni la solidaridad de la población ni siquiera la respuesta del gobierno sino la del ejército. Y es que, nuestra larga experiencia totalitaria, va desde la eficacia con la que se ha disciplinado a las clases trabajadoras mediante sus sindicatos de masas hasta el control y gestión de la emigración con vallas, Centros de Internamiento, devoluciones en caliente y disparos de pelotas de goma, o la actuación de la Guardia Civil.

Casualidad o no, el mismo periódico señalaba poco antes que Bolivia había desplegado 47.000 militares ante la emergencia sanitaria.

La revista El salto, una revista de izquierdas, en un artículo de análisis jurídico sobre las detenciones bajo el paraguas del Decreto, se hacía eco del “trato poco correcto por parte de algunos agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado” ^[9], no sin antes alabar las medidas del gobierno para proteger la salud individual y colectiva de los ciudadanos.

El tratamiento benévolo hacia los cuerpos de seguridad del Estado, y subrayo “Estado”, es generalizado entre los medios de comunicación masiva, y la campaña de propaganda ha sido tal que se ha conseguido extender los aplausos al personal sanitario de las 8 de la tarde, hacia los cuerpos de seguridad. Hecho al que se ha añadido un nuevo despliegue de banderas españolas en los balcones y el himno nacional, incluso pendones negros y crucifijos, todos ellos, exhibidos de esa forma, recrean la tradición franquista.

Finalmente, pareciera que el objetivo de los estados de excepción que se despliegan hoy a lo largo y ancho del planeta tuvieran como único objetivo preservar la necesidad histórica de la economía y no de la salud, es decir, del capitalismo, de continuar con la apropiación de valor y por tanto aumentar el nivel de la explotación conjurando cualquier atisbo de rebelión y/o revuelta. Esto es así porque las medidas más claras y evidentes que están tomando todos los Estados y los organismos internacionales para “gestionar la crisis” se dirigen a salvar la economía no a la gente. Y las medidas que dicen ser para ayudar a la gente también son económicas, asistenciales y temporales (ingreso mínimo vital para la población vulnerable) ^[10]

Pero como ya planteó Marx en 1842 en su famoso artículo sobre el robo de la leña, denunciando una ley dela Dieta que prohibía a los trabajadores recolectar las ramas secas caídas de los árboles para calentarse, si la gente no ve delito donde no hay ninguno se conseguirá que el propio delito se transforme en un hecho justo: “si el pueblo ve la pena y no ve delito, y puesto que ve la pena donde no hay delito no verá ningún delito donde haya una pena” ^[11]. Las leyes de las democracias que devengan estados de excepción encubiertos no se percibirán como justas, una vez finalizado el tiempo del COVID-19, y por tanto las penas que se impongan tampoco serán vistas como justas.

Quédate en casa haciendo teletrabajo, quédate en casa educándote con la escuela y la universidad virtuales, quédate en casa para recibir las ayudas de emergencia, no te manifiestes, no te concentres, no te reúnas, mantén una distancia social… o de lo contrario serás sancionado o serás delatado por tus vecinos. El estado de excepción ya está funcionando como un dispositivo de control naturalizado en un país con escasa o nula tradición democrática. Pero también se da la circunstancia de que, de forma desigual según las zonas, hay gentes en esta francocracia que no se han acostumbrado a ver delito en lo que consideran justo.

La única garantía que tiene este gobierno, cualquier gobierno, tras el COVID-19 para mantener el orden y la distancia social, será la prolongación de lo que vengo llamando la francocracia española. Esto es, unas instituciones y una población, predispuestas al totalitarismo, que durante los últimos años han ido creciendo al calor del consentimiento tanto de la izquierda como de la derecha política ante el temor de la revuelta social, ya sea nacionalista, laboral, o simplemente humanitaria.

NOTAS:

1. En 15 de enero Mauricio Claver Carone, Director Senior del Consejo Nacional de Seguridad para Asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU, visitó Bolivia para transmitir el respaldo de la administración Trump al gobierno de Añez.( https://cnnespanol.cnn.com/2020/01/15/alerta-bolivia-funcionario-de-trump-visito-bolivia-y-transmitio-respaldo-de-ee-uu-a-gobierno-interino-de-jeanine-anez/) ↑
2. Son evidencias muy significativas la cantidad de entrevistas que se hicieron en los medios como la BBC a la autroplocamada presidenta (https://www.youtube.com/watch?v=aI0x5b8nOcc) y ↑
3. G. Agamben, Estado de excepción. Homo sacer, I,II, pág. 41 ↑
4. Constitución Española, Título V, artículo 116 “De las relaciones entre el gobierno y las Cortes generales”. La Constitución deja el desarrollo de este artículo a la ley orgánica que entró en vigor el 6 de junio de 1981, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-12774 ↑
5. Declaración del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los Derechos Humanos,Philip Alston,sobre la conclusión de su visita oficial a España, 27 de enero-7 de febrero de 2020 https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25524&LangID=S ↑
6. Ibídem, pág. 46 ↑
7. Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692 ↑
8. Foto: https://www.infodefensa.com/es/2020/03/20/noticia-respuesta-militar-espana-covid19-despierte-interes-entre-paises.html. ↑
9. Se trata de una revista de izquierdas. El salto, Multas y detenciones en tiempos de coronavirus: una mirada jurídica”, https://www.elsaltodiario.com/conquista-derecho/multas-detenciones-coronavirus ↑
10. La Vanguardia, “El gobierno acelerará una renta mínima de emergencia ante la pandemia”, 16/4/2020, https://www.lavanguardia.com/economia/20200415/48545657354/gobierno-acelerara-renta-minima-emergencia-pandemia.html ↑
11. K. Marx, Artículos de la Gaceta Renana, 1842-43, pág. 208 ↑