Editorial de la Unión Palestina de América Latina – UPAL
El exdiplomático británico Craig Murray ha dado un paso que honra la tradición jurídica y moral del Reino Unido: presentó una demanda en Escocia contra la decisión del gobierno británico de ilegalizar al grupo pro-palestino Palestine Action y etiquetarlo como “organización terrorista”.
Murray sostiene —con razón— que la medida es ilegal y desproporcionada, y que criminaliza el activismo pacífico al equipararlo falsamente con terrorismo. No se trata de un tecnicismo jurídico: es una línea roja democrática. Cuando un Estado confunde protesta con terrorismo, no protege la seguridad, persigue la conciencia.
