Caracas. En el marco de una guerra híbrida multiforme y asimétrica diseñada desde Washington y el Comando Sur del Pentágono −y articulada por figuras de la ultraderecha local (como María Corina Machado y Leopoldo López), redes criminales, grupos paramilitares y mercenarios extranjeros, y replicadas por operadores regionales como el ahora sentenciado ex presidente colombiano Álvaro Uribe−, las elecciones municipales del pasado 27 de julio en Venezuela transcurrieron en paz y normalidad. En contraste con los actos vandálicos desestabilizadores tras los comicios presidenciales del 28 de junio de 2024, ello se debió, en parte, a las aparentes contradicciones en la administración Trump, que, en la coyuntura, dadas las realidades energéticas, económicas y geopolíticas mundiales, obligaron, por ahora, al magnate neoyorquino a flexibilizar las bipartidistas medidas coercitivas extraterritoriales ilegales sobre Venezuela, priorizando el enfoque de negociación pragmática de su enviado especial para el país sudamericano, Richard Grenell, por sobre las políticas de máxima presión
ideologizadas, impulsadas por su secretario de Estado, Marco Rubio.
Así, dos días antes de los comicios, en menos de 48 horas el gobierno de Donald Trump dio dos pasos aparentemente contradictorios en su política hacia Venezuela. Por un lado, el Departamento del Tesoro autorizó a la estadunidense Chevron (ex Standard Oil del Grupo Rockefeller) retomar sus operaciones de extracción, comercialización y exportación de crudo venezolano y restablecer su colaboración estratégica con la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Y al día siguiente, mediante la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Marco Rubio lanzó una ofensiva mediática acusando al presidente Nicolás Maduro de liderar el llamado cártel de Los Soles, una fabricación propagandística de los servicios de inteligencia de EU, calificado ahora como organización terrorista
, y vinculado, presuntamente, con el Tren de Aragua (banda delictiva destruida en Venezuela, pero que Washington usa de excusa para perseguir y criminalizar a los migrantes venezolanos, y como coartada para imponer sanciones económicas y financieras como herramienta de guerra por medios no militares) y una facción del cártel de Sinaloa; un fantasmal triunvirato de poder mafioso utilizado de distracción, pero que ha sido retomado desde su autoproclamada clandestinidad
por María Corina Machado, quien redefinió al vuelo la naturaleza del régimen
venezolano, caracterizándolo como sistema que ya no califica como dictadura convencional, sino como estructura criminal trasnacional
(sic).
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