

Por Iñaki Alrui*
A once años de su entrada en vigor, la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, conocida como «Ley Mordaza», sigue en el centro del debate político y social. Mientras el tiempo de la legislatura se agota, organizaciones de derechos humanos, activistas y colectivos ciudadanos exigen al Gobierno que cumpla su palabra y derogue una norma que ha criminalizado el derecho a la protesta y vulnerado derechos fundamentales.
El 26 de marzo de 2015, cuando la ley se gestaba bajo el gobierno de Mariano Rajoy, el entonces líder de la oposición, Pedro Sánchez, se comprometió a derogarla: «La Ley Mordaza y la reforma del Código Penal han sido aprobadas por el rodillo del PP. Las derogaremos cuando gobernemos». Tres años después, 29 de abril de 2018, en vísperas de la moción de censura contra Mariano Rajoy, el entonces candidato Pedro Sánchez lanzó un compromiso que resonaría con fuerza: «Si llego al Gobierno, las dos primeras leyes que impulsaré serán la derogación de la Ley Mordaza y una ley de vivienda que garantice el derecho a techo en España.» Ocho años después, esas promesas siguen sin materializarse.
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