Por Iñaki Alrui*
A once años de su entrada en vigor, la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, conocida como «Ley Mordaza», sigue en el centro del debate político y social. Mientras el tiempo de la legislatura se agota, organizaciones de derechos humanos, activistas y colectivos ciudadanos exigen al Gobierno que cumpla su palabra y derogue una norma que ha criminalizado el derecho a la protesta y vulnerado derechos fundamentales.
El 26 de marzo de 2015, cuando la ley se gestaba bajo el gobierno de Mariano Rajoy, el entonces líder de la oposición, Pedro Sánchez, se comprometió a derogarla: «La Ley Mordaza y la reforma del Código Penal han sido aprobadas por el rodillo del PP. Las derogaremos cuando gobernemos». Tres años después, 29 de abril de 2018, en vísperas de la moción de censura contra Mariano Rajoy, el entonces candidato Pedro Sánchez lanzó un compromiso que resonaría con fuerza: «Si llego al Gobierno, las dos primeras leyes que impulsaré serán la derogación de la Ley Mordaza y una ley de vivienda que garantice el derecho a techo en España.» Ocho años después, esas promesas siguen sin materializarse.
El Gobierno NO ha cumplido su palabra, su compromiso, desgraciadamente algo habitual de nuestros gobernantes, no cumplir con sus promesas electorales, no cumplir con sus discursos. Algo habitual, que esta asimilado y normalizado cuando en realidad debería ser un delito, por falsedad, por manipulación, por traición.
Desde el 1 de julio de 2015, la Ley Mordaza ha sido el instrumento legal que ha permitido imponer cientos de miles de sanciones. La mayoría de estas multas se han basado en los artículos que tipifican la «resistencia, desobediencia o negativa a identificarse» y las «faltas de respeto a la autoridad«, convirtiéndose en el grueso de las penalizaciones en materia de seguridad ciudadana. Los datos son contundentes. Entre 2016 y 2023, las sanciones impuestas al amparo de esta norma ascendieron a un valor de 1.250 millones de euros. Durante estos once años se han impuesto cientos de miles de multas que han afectado sobremanera a quienes se movilizan en defensa de los derechos humanos y la justicia social.
El activismo que defiende el derecho a la vivienda o al medioambiente han sido especialmente señalados, viendo obstaculizado su derecho a expresar reivindicaciones. Organizaciones defensoras de los derechos humanos no han cesado de alertar en estos once años de que estas sanciones se han aplicado de manera arbitraria, sin observar los criterios de necesidad y proporcionalidad exigidos por los estándares internacionales.
La «Ley Mordaza» provoca indefensión y desmoviliza, persiguiendo y criminalizando a activistas, periodistas y movimientos sociales que llevan a cabo acciones de protesta. El uso continuado de esta ley punitiva ha supuesto para quienes participan en movilizaciones una doble condena: la económica, a través de sanciones que pueden llegar hasta los 600.000 euros, y la personal, mediante la estigmatización y, en demasiadas ocasiones, la represión física.
El impacto es directo sobre pilares esenciales de una sociedad, supuestamente, democrática: la libertad de expresión, de información y de reunión.
A día de hoy, aún existe una mayoría parlamentaria que durante años mostró su oposición a la reforma de 2015. Sin embargo, la pretensión inicial de derogación total parece haber quedado relegada a una posible reforma parcial. La derogación total no puede esperar un día más. Necesitamos una nueva legislación que garantice el derecho a la protesta sin actuaciones arbitrarias, y que las actuaciones policiales puedan ser documentadas para asegurar la transparencia y el control democrático.
El tiempo de la legislatura se acaba y la palabra del Gobierno está en…
#DerogaciónLeyMordazaYa
* Miembro de la Asamblea de Redacción de LQSomos.
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