Tras la incursión militar estadounidense del 3 de enero en Venezuela para secuestrar al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores, el Departamento de Justicia publicó su acusación formal sustitutiva contra los dos secuestrados, así como contra su hijo, Nicolasito Maduro, y dos aliados políticos cercanos: el ministro de Justicia Ramón Chacín y el ministro de Interior, Justicia y Paz Diosdado Cabello. El Departamento de Justicia también incluyó al líder del cártel Tren de Aragua (TDA), Héctor «Niño» Guerrero, entre los acusados, situándolo en el centro de su narrativa.

La acusación formal consiste en una diatriba de 25 páginas que acusa a Maduro y Flores de conspirar para traficar miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos, basándose en gran medida en el testimonio de testigos coaccionados sobre presuntos envíos que, en gran medida, se realizaron fuera de la jurisdicción estadounidense. Acusa a Maduro de haberse asociado con narcoterroristas del “Tren de Aragua”, ignorando una reciente evaluación de inteligencia estadounidense que concluyó que Maduro no tenía control sobre la banda venezolana. Finalmente, los fiscales agravaron la acusación al acusarlo de posesión de ametralladoras, un delito ridículo que fácilmente podría aplicarse a cientos de miles de estadounidenses amantes de las armas bajo una anticuada ley de 1934.

Los fiscales del Departamento de Justicia evitan cuidadosamente proporcionar datos precisos sobre las exportaciones de cocaína venezolana a Estados Unidos. En un momento, hablan de “toneladas” de cocaína; en otro, se refieren al envío de “miles de toneladas”, una cifra astronómica que hipotéticamente podría generar cientos de miles de millones de dólares en ingresos ilegales. En ningún momento mencionaron el fentanilo, la droga responsable de las muertes por sobredosis de cerca de 50.000 estadounidenses en 2024. De hecho, la Evaluación Nacional de Amenaza de Drogas de la DEA, emitida bajo la supervisión de Trump este año, no mencionó a Venezuela.

Al recurrir a un lenguaje vago y deliberadamente expansivo, plagado de términos subjetivos como «corrupto» y «terrorismo», el Departamento de Justicia ha construido una narrativa política contra Maduro en lugar de un caso legal concreto. Al referirse repetidamente a Maduro como el «gobernante ilegítimo de facto del país», el Departamento de Justicia no demuestra que sea ilegítimo de iure según la legislación venezolana y, por lo tanto, no podrá eludir la jurisprudencia internacional que otorga inmunidad a los jefes de Estado.

Además, la acusación se basa en testigos coaccionados y manifiestamente poco fiables, como Hugo “Pollo” Carvajal, ex general venezolano que llegó a un acuerdo secreto con la fiscalía para reducir su condena por narcotráfico al proporcionar información comprometedora sobre Maduro. Se decía que Carvajal era una figura clave en la red de narcotráfico llamada “Cártel de los Soles”, que el Departamento de Justicia afirma que estaba dirigida por Maduro. Si Carbajal comparece para testificar contra el líder venezolano secuestrado, el público estadounidense podría enterarse de que el “cártel” no fue fundado por el depuesto presidente venezolano ni por uno de sus aliados, sino por la CIA para traficar drogas a ciudades estadounidenses.

Por muy descuidada y politizada que sea la acusación del Departamento de Justicia, le ha permitido a Trump presentar su ilegal “Doctrina Monroe” como una política extraterritorial de uso de la fuerza como aplicación de la ley, lo que lo envalentonaría a lanzar nuevas amenazas de secuestro o exterminio de jefes de estado que se interpongan en su camino hacia la destrucción de recursos. Este parece ser el verdadero propósito del espectáculo imperial que se avecina..

La utilización del engaño del “narcoterror” como arma

La mayor parte del caso contra Maduro se basa en la acusación de que los acusados “participaron en… el narcotráfico, incluso en asociación con grupos narcoterroristas”. Según el Departamento de Justicia, Maduro conspiró con el Tren de Aragua [un cártel directamente ligado a Maria Corina Machado y otras figuras de la oposición oligárquica neofascista como Juan Guaidó por su participación directa en las llamadas “Guarímbas”], así como con los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, para traficar drogas entre 2003 y 2011. Sin embargo, la administración Trump no designó a estos cárteles como ‘Organizaciones Terroristas Extranjeras’ hasta febrero de 2025, una maniobra obviamente diseñada para justificar el secuestro de Maduro y alimentar su acusación.

En su intento por condenar a Maduro, el Departamento de Justicia sin duda tendrá dificultades para superar la conclusión a la que llegó la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) en un memorando del 7 de abril de 2025, según la cual el líder venezolano no controlaba El «Tren de Aragua» [organización erradicada del territorio venezolano], la cual fue desmantelada mediante una redada masiva de la policía militar en 2023 en la prisión de Tocorón, que servía de base de operaciones a la banda. Un informe de InSight Crime, medio financiado por el Departamento de Estado, también complica el caso del Departamento de Justicia, al concluir que «los pocos delitos atribuidos a presuntos miembros del Tren de Aragua en Estados Unidos parecen no tener conexión con el grupo local y mayoritario ni con su liderazgo en Venezuela».

De hecho, muchos de los supuestos delitos por los que se acusa a Maduro ocurrieron fuera de las fronteras y la jurisdicción de Estados Unidos. Sin embargo el Departamento de Justicia alega, por ejemplo, que en septiembre de 2013, «funcionarios venezolanos despacharon aproximadamente 1,3 toneladas de cocaína en un vuelo comercial desde el aeropuerto de Maiquetía al aeropuerto Charles de Gaulle de París».

En 2018, cinco ciudadanos británicos fueron condenados en un tribunal francés por orquestar el envío de drogas con la ayuda de pandilleros de Colombia e Italia, pero no de Venezuela. En el momento del incidente, el gobierno de Maduro reconoció que funcionarios venezolanos corruptos de bajo rango habían permitido que la droga pasara por la seguridad del aeropuerto. Caracas finalmente arrestó a 25 personas, entre ellas algunos militares y un gerente de Air France, un hecho relevante omitido en la acusación del Departamento de Justicia.

La evidencia de la participación de Maduro en el escándalo, según el Departamento de Justicia, radica en que el envío de drogas tuvo lugar “apenas unos meses después de que [Maduro] asumiera la presidencia de Venezuela”, sin ofrecer ninguna prueba que demuestre su culpabilidad.

La acusación continúa, alegando que Maduro “facilitó el movimiento de aviones privados bajo cobertura diplomática” para evitar el escrutinio de las fuerzas del orden al aterrizar en México. Citando el testimonio forzado de un desertor del gobierno venezolano, que acusa a Diosdado Cabello de coordinar un envío de 5,5 toneladas de cocaína en un avión DC-9 a México. Ninguna de estas acusaciones podría sostenerse ante un tribunal estadounidense.

Como explicó la defensora pública y analista legal Eliza Orlins : «Los vuelos que ocurren íntegramente dentro de Venezuela no cruzan el espacio aéreo estadounidense, no afectan el territorio aduanero estadounidense y, por sí solos, no violan la legislación estadounidense. La acusación pretende introducir estos movimientos locales en la jurisdicción penal estadounidense, afirmando que la cocaína involucrada tenía como destino final Estados Unidos. La supuesta intencionalidad es la clave en este caso».

Dado que la mayoría de los incidentes específicos citados en la acusación ocurrieron en México durante los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el Departamento de Justicia implica inadvertidamente a estas tres administraciones proestadounidenses, quienes diseñaron sus políticas antidrogas en coordinación con Washington. De hecho, el jefe de policía durante los dos primeros gobiernos, el ex director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Genaro García Luna, fue condenado en un tribunal federal estadounidense en 2023 por liderar una conspiración multimillonaria con el Cártel de Sinaloa. El ex embajador de Estados Unidos en México, Robert Jacobson, reconoció que Estados Unidos conocía a fondo los vínculos de García Luna con el Cártel, pero insistió: «Teníamos que colaborar con él»..

El doble rasero hondureño

El Departamento de Justicia también implica al gobierno proestadounidense del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, refiriéndose a Honduras como un punto de transbordo donde los traficantes de cocaína que operan en esos países pagan parte de sus ganancias a políticos que los protegen y ayudan. Hernández fue condenado en un tribunal federal estadounidense en 2023 por traficar más de 400 toneladas de drogas a Estados Unidos, pero recibió un indulto en diciembre del presidente Donald Trump tras una campaña de cabildeo de importantes donantes de Trump que buscaba mantener el paraíso criptográfico desregulado de Próspera frente a las costas de Honduras.

Durante la conferencia de prensa del 3 de enero en la que anunció el secuestro de Maduro y su esposa, Trump defendió con vehemencia su decisión de indultar a Hernández, alegando que había sido “perseguido de forma muy injusta”. Sin embargo, el mismo fiscal del Departamento de Justicia que redactó la acusación original de 2020 contra Maduro, Emil Bove, leal a Trump, fue responsable de la acusación contra Hernández. A diferencia del caso contra Maduro, la acusación contra Hernández contenía pruebas concretas de su colaboración con importantes cárteles transnacionales, incluyendo pruebas de video y fotografías, como detallaron Anya Parampil y Alexander Rubinstein para The Grayzone.

Hernández presentó su caso a Trump en una carta de 2025 en la que afirmaba que había sido sometido a un “juicio amañado” y condenado “con base en declaraciones no corroboradas de narcotraficantes convictos”.

Su cuestionable afirmación también podría aplicarse al procesamiento de Maduro por parte del Departamento de Justicia, ya que muchas de las acusaciones más dramáticas contenidas en su acusación se remontan a un narcotraficante convicto que llegó a un acuerdo secreto con los fiscales estadounidenses para reducir su propia sentencia a cambio de testimonio contra Maduro: el ex general venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal.

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Un “testigo estrella” coaccionado llega a un acuerdo secreto con los fiscales estadounidenses

El ex Jefe de inteligencia militar del gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez (2004-2011), Carvajal es citado siete veces en la acusación formal del Departamento de Justicia del 3 de enero como testigo de presuntos actos criminales de Maduro y su círculo íntimo. Carvajal fue arrestado por primera vez en 2014 en Aruba por tráfico de drogas, pero fue devuelto a Venezuela para disgusto de las autoridades estadounidenses. En 2017, al enfrentar dos acusaciones formales en Estados Unidos, el ex general se volvió repentinamente contra Maduro, a quien denunció como dictador. En 2019, Carvajal respaldó abiertamente el proyecto de cambio de régimen del “presidente interino” Juan Guaidó, controlado por Estados Unidos, presentándose como un valiente desertor mientras presentaba a Washington su supuesto conocimiento del Estado profundo venezolano.

Ese mismo año, mientras Carvajal solicitaba asilo en España, Estados Unidos exigió formalmente a Madrid que lo entregara. Ante la posibilidad de ser extraditado, concedió una serie de entrevistas reveladoras a medios tradicionales como el “New York Times”, esforzándose por legitimar prácticamente todas las acusaciones que la administración Trump intentó utilizar contra Maduro.

El entonces senador Marco Rubio apenas podía contener su emoción ante la posibilidad de presionar al informante chavista para que declarara en un futuro caso contra Maduro. Carvajal “pronto vendrá a Estados Unidos para proporcionar información importante sobre el #RégimenDeMaduro”, tuiteó Rubio el 12 de abril de 2019. “Mal día para la #FamiliaCriminalDeMaduro”.

No fue hasta 2023 que Carvajal fue finalmente extraditado y juzgado en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Tras declararse culpable de narcoterrorismo en junio, el “Miami Herald” informó que había llegado a un acuerdo que le otorgaría una reducción considerable de su condena si prestaba ‘asistencia sustancial’ a las investigaciones estadounidenses.

El acuerdo de culpabilidad, aún secreto, de Carvajal revela el juego que había practicado desde que se reveló como desertor. Sus acusaciones contra Maduro se habían presentado bajo coacción, todo con el objetivo de satisfacer a sus posibles carceleros en Estados Unidos. Desde entonces, ha dado rienda suelta a una de las teorías conspirativas favoritas de Trump al alegar en una carta de junio de 2025 dirigida al presidente estadounidense que Maduro manipuló los sistemas de votación Smartmatic de Venezuela para amañar las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020 a favor de Biden.

La descarada complacencia de Carvajal a Trump y su acuerdo secreto de culpabilidad deberían destruir su credibilidad como testigo contra Maduro.

En su acusación del 3 de enero contra Maduro, el Departamento de Justicia afirmó que Carvajal y Diosdado Cabello “trabajaron con otros miembros del régimen venezolano” para “coordinar el envío” de 5,5 toneladas de cocaína desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar a Campeche, México, en un avión privado en 2006. Este incidente sigue siendo fuente de intensa intriga, ya que la propiedad del avión DC-9 por parte de dos oscuras empresas estadounidenses apunta en la dirección de la inteligencia estadounidense .

Aunque los detalles de la posible participación encubierta del gobierno de Estados Unidos en el envío de drogas de 2006 siguen siendo turbios, es un hecho establecido que la CIA fundó y operó el “Cartel de los Soles”, que el Departamento de Justicia ahora acusa a Maduro, Cabello y otros altos funcionarios venezolanos de controlar.

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Cártel de los Soles: creado por la CIA, utilizado como arma por el Departamento de Justicia

En la acusación original contra Maduro, el Departamento de Justicia acusó explícitamente a Maduro de liderar un cártel de narcotráfico llamado “Cártel de los Soles”, haciendo referencia a él más de 30 veces.

La acusación revisada del Departamento de Justicia contra Maduro, revelada el 3 de enero, establece: “A partir de 1999, aproximadamente, Venezuela se convirtió en un refugio seguro para los narcotraficantes dispuestos a pagar por protección y apoyo a funcionarios civiles y militares venezolanos corruptos, que operaban fuera del alcance de las fuerzas del orden y las fuerzas armadas colombianas, reforzadas por la asistencia antinarcóticos de los Estados Unidos”.

Continúa: “Las ganancias de esa actividad ilegal fluyen a funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos, que operan en un sistema de clientelismo dirigido por los de arriba, conocido como el Cártel de los Soles”.

La red informal de oficiales militares corruptos fue de hecho establecida por la CIA bajo gobiernos venezolanos pro-estadounidenses durante los años 1980 y 1990. Los estadounidenses conocieron esta verdad incómoda no por algún periodista disidente, sino por el “New York Times” y por Mike Wallace en un reportaje del programa 60 Minutes transmitido en 1993.

Tres años antes, funcionarios de aduanas estadounidenses en Miami habían interceptado un cargamento de 450 kilos de cocaína pura procedente de Venezuela. Sin embargo, altos cargos del gobierno estadounidense les informaron rápidamente que los cargamentos habían sido aprobados por Langley. Según el Times, la CIA pretendía permitir que la cocaína entrara a Estados Unidos sin ser incautada, para disipar toda sospecha. La idea era recopilar la mayor cantidad de información posible sobre los miembros de las bandas de narcotraficantes.

“Realmente me molesta mucho que ingresaran 1000 kilos, financiados con dinero de los contribuyentes estadounidenses”, comentó a ‘60 Minutes’ la entonces agregada de la DEA en Venezuela, Annabelle Grimm. “Me pareció particularmente espantoso”.

Para organizar los envíos desde Venezuela, la CIA reclutó a generales de la Guardia Nacional Venezolana, entrenados por Estados Unidos. Debido a que los oficiales de la Guardia Nacional llevaban parches con el símbolo de un sol en sus uniformes, la red informal de narcotráfico fue conocida como “El Cártel de los Soles”.

En los años posteriores a que el cártel dirigido por la CIA fuera expuesto en los medios estadounidenses, desapareció por completo de la vista pública, solo para resurgir cuando el gobierno estadounidense comenzó a acosar al general Carvajal, quien pronto podría aparecer como su testigo clave contra Maduro. Si bien se afirma que la corrupción persiste en el ejército venezolano, no hay evidencia de algo parecido a un “Cártel de los Soles” en sus filas.

Como declaró a CNN Phil Gunson, analista del International Crisis Group con sede en Caracas: «El Cártel de los Soles, en sí, no existe. Es una expresión periodística creada para referirse a la participación de las autoridades venezolanas en el narcotráfico».

Un exalto funcionario estadounidense coincidió con Gunson, describiendo al “Cártel de los Soles” como «un nombre inventado para describir a un grupo improvisado de funcionarios venezolanos involucrados en el tráfico de drogas a través de Venezuela. Carece de la jerarquía y la estructura de mando y control de un cártel tradicional».

El funcionario dijo a CNN que la DEA o Agencia de Inteligencia de Defensa había proporcionado a Trump una evaluación “puramente política” del cartel para apoyar su ataque a Venezuela.

El descubrimiento de pruebas otorgado a la defensa en el juicio de Maduro y Flores podría poner en grave peligro al gobierno estadounidense al extraer más pruebas del tráfico de drogas de la CIA. Esta podría ser la razón por la que el Departamento de Justicia suavizó su lenguaje sobre el Cártel de los Soles, refiriéndose a él en la acusación formal del 3 de enero como una mera “red clientelar” en lugar de como un sindicato criminal cohesionado, y solo lo mencionó dos veces.

Durante su primera comparecencia ante el tribunal ese mismo día, el líder venezolano secuestrado solo pudo hablar un instante. “Soy inocente. Soy un hombre decente. Soy presidente…”, alegó Maduro antes de ser interrumpido por el abogado oficial asignado.