De la sentencia de la llamada «Manada de Manresa» se debatieron y analizaron muchos aspectos, pero no el de la indemnización a la víctima o superviviente. De entre las voces autorizadas, tan sólo la recién nombrada Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, la magistrada Victoria Rossell, prestó atención al hecho que el Tribunal otorgara a la niña de 14 años, por cuatro penetraciones y dos felaciones inconsentidas, 12.000 euros, a dividir entre todos los condenados. La magistrada señalaba el término comparativo con la indemnización de 72.000 euros otorgada a Leo Messi, para compensarle por una noticia falsa en la que se le atribuía jugar dopado en un partido, o la indemnización de 162.000 euros otorgada a un juez al que un diario atribuía mala praxis profesional en la investigación de un caso mediático.

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El acuerdo de programático PSOE-Unidas Podemos y posteriormente el pacto de investidura con diversas fuerzas políticas, han posibilitado un gobierno en España con un programa de reformas sujeto a muchas limitaciones, pero con una conformación inédita (por primera vez desde 1977 con presencia de fuerzas a la izquierda del PSOE en él).  Por lo pronto se está produciendo, como era de esperar, una oposición de las derechas fuertemente ideologizada, que se ve acompañada de una serie de movilizaciones de raíz diversa que, al menos, ponen de manifiesto que numerosos sectores sociales ven en el gobierno posibilidades para producir cambios y reformas.  Lógicamente también en esos movimientos hay tendencias reaccionarias cuyo fin es generar inestabilidad para hacer caer cuanto antes el propio gobierno.

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Rolando Astarita

Por estos días, dirigentes y partidos de izquierda (en particular, del FIT) caracterizaron correctamente lo que significa la suspensión de la movilidad jubilatoria dispuesta por la “Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva”: es una disminución de los ingresos, en términos reales, de los haberes jubilatorios, considerados en su totalidad. O lo que popularmente se conoce como un “ajuste”. La misma suba de los precios de los bonos de la deuda (algunos subieron un 30%) es una expresión de la lectura correcta que también hicieron los acreedores: si los ingresos de los jubilados se reducen, habrá más fondos para el servicio de la deuda.

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En las primeras décadas del siglo XX ocurrió un impresionante flujo migratorio procedente de España y con destino a nuestro país que abarcó a cientos de miles de individuos pertenecientes, por lo general, a regiones económicamente atrasadas de Galicia, Asturias e Islas Canarias. Aquellos inmigrantes que aspiraban a «hacer la América» poseían un nivel de instrucción muy bajo y depositaban sus esperanzas de progresar en el esfuerzo físico que pudieran desarrollar en tierra cubana. A diferencia de ellos, los desplazados españoles que arribaron a nuestro suelo como consecuencia de la Guerra Civil iniciada en 1936 y la posterior implantación de la dictadura del general Francisco Franco contaban con un elevado nivel educacional y cultural y entre ellos no escaseaban destacados profesionales: abogados, periodistas, doctores en Medicina, maestros, pintores… Esta inmigración no tenía un carácter económico, sino político y estaba conformada por los que se habían mantenido fieles al gobierno republicano legítimamente constituido.

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En la búsqueda de la justicia, valor siempre difícil de aquilatar, los que nos movemos en el mundo de los tribunales debemos ser conscientes de que los ciudadanos, que acuden a nosotros en demanda de protección de sus derechos, confían en que los jueces actuarán movidos por el imperativo legal y ético de procurar, si la solicitud lo justifica, una respuesta a sus quejas, inspirada exclusivamente por la equidad y el equilibrio que refleja, plásticamente, la balanza de la justicia.

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