Hace poco más de tres meses, afirmé en este espacio que la situación de violencia en mi ciudad, Río de Janeiro, era asustadora. Escribí que el Estado tenía un gobernador inepto y omiso, que la clase política estaba ahogada en corrupción, que la alianza entre narcotraficantes y policías estaba plenamente establecida, que había diputados estatales que dependían directa o indirectamente de los cárteles que controlaban vastas extensiones territoriales de la ciudad. Y afirmé que todo indicaba que la única salida sería una intervención federal, pero que tal medida era impensable para un gobierno nacional que, además de ser rechazado por 90 por ciento de la opinión pública, también estaba plagado de corruptos.
Bueno: en el Brasil de hoy, nada es impensable, y lo acaba de comprobar Michel Temer, el presidente ilegítimo que integra el más formidable grupo de bandoleros que forman un gobierno en la historia de la República. Hace poco más de una semana, determinó una intervención militar en Río de Janeiro. Eso significa que todo el aparato de seguridad del Estado –policía judicial, policía militar, sistema carcelario y hasta el cuerpo de bomberos– está bajo el comando de un general del Ejército, Walter Braga Netto, quien, a su vez, no se reportará al inútil gobernador Luis Fernando Pezão, sino directamente al ministro de Defensa, Raul Jungmann.
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