Llevan un año en huelga, la más larga del sector en años. Son gerocultoras de las residencias de mayores de Bizkaia, con más de 10.000 personas usuarias y cuya gestión ha sido privatizada por Diputación. Reivindican un doble abuso: la precariedad laboral y el mal cuidado a las personas dependientes.
“Somos psicólogas, enfermeras, fisioterapeutas”. “Miramos si tienen fiebre o heridas, somos las que estamos con ellos”. “Te llaman y tienes que decir, espera, ahora voy, no puedo. Sin hacer descansos”. “En mi residencia hay 150 abuelos y tres auxiliares de noche para seis plantas”. “Acabo con moratones de lo rápido que voy, pegándome con todo”. “He llegado a dar de comer a tres a la vez”. “Siempre piensas si mañana te dará tiempo a hacerlo mejor. Eso no te deja dormir”. “Sufrimos estrés, he visto a compañeras llorar por lo que nos exigen. Sabes que no están bien atendidos. No es tu culpa, pero eres la que está ahí”.
Prefieren no decir sus nombres, algunas han sido represaliadas; como A, de UGT, despedida tras varias suspensiones de empleo y sueldo por señalar fallos en la medicación o falta de pañales. “¿Cuánto tardas en levantarte, ducharte, echarte crema y vestirte? Nosotras tenemos siete minutos por residente. ¿Eso es dignidad?”, comenta una. Dicen que la dirección de las residencias se ha deshumanizado. “Antes eran abuelos, luego residentes y ahora me obligan a llamarles clientes”, cuenta otra. Por eso comenzaron la huelga el 17 de marzo de 2016, para luchar por un convenio digno y visibilizar una crisis de cuidados.
Piden aumento de personal, 1200 euros netos de salario y reducción de horas; de las 1698 anuales a las 1592 del sector público. Suelen trabajar en turnos de 7 horas y media, mañana, tarde o noche, siete días seguidos, librando dos y con un domingo libre al mes. En los últimos años se ha extendido la contratación para refuerzo en desayuno, comida y cena. Conciliar o compaginar con otro empleo es imposible. Su salario es de 1158,34 euros, hasta un 60% menos que en las públicas y 800 euros por debajo del de dirección del mismo convenio.
El ratio por ley es de 29 trabajadoras por cada 100 personas usuarias, pero incluye a personal de recepción o jardinería. “¿Por qué meten en atención directa a todos y cuando hablan de los servicios mínimos en la huelga, sólo a gerocultoras y celadoras de noche?”, pregunta Soraya García, gerocultora y de ELA, sindicato que representa al 70% del sector. “No permite que alguien esté en la cama si está mal, supone una auxiliar más”, señala A. “Necesitamos más personal para que puedan hacer bien su trabajo y también la parte humana”, dice Juani Céspedes, de Babestu, asociación de familiares de usuarios que nació para defender la calidad en el cuidado. “A mi padre le levantan, le dan de comer, le acuestan. ¿Cómo no voy a estar con ellas?”.
Las familias cuentan que a veces los ancianos están orinados, que esperan horas para ir al baño. Si no hay pañales, se arreglan con esparadrapo. En algunas residencias pasan el día frente al televisor. Caerse de la cama por la noche y pasar horas hasta que les recojan es habitual. Se reutilizan las gasas de limpiar los ojos o las jeringuillas de nutrición. Sillas geriátricas viejas, camillas de ducha poco seguras, grúas obsoletas. “Hace años se hacían juegos o disfraces. Ya no, es perder dinero. Les dan un papel de un pollo y están horas con una pintura amarilla”, lamenta A. “Es inhumano. Son un número en la ropa”, confiesa Céspedes. “Se estropean física y emocionalmente”, añade Mari Paz, de Babestu. Los usuarios cofinancian su plaza con hasta un 80% de su pensión, pero hay servicios que se pagan aparte. “La mayoría de las residentes son mujeres -el 85%-. Viven más pero, ¿con qué calidad de vida? Sus pensiones son bajas y no pueden pagar los analgésicos que necesitan”, asegura Carlos Ruiz, de la plataforma por los derechos sociales Pentsionistak Martxan.
El negocio del siglo
Las concesiones de gestión privada de las residencias se han dado a partir de 2004, coincidiendo con los recortes y la caída de la construcción. Bizkaia cuenta con 147 centros, 10.140 plazas. 5056 son gestionadas por Diputación entre residencias públicas –según el Instituto Foral de Asistencia Social sólo quedan 4–, públicas de gestión privada o privadas con plazas concertadas. El precio que paga Diputación de 81 euros por residente al día ha subido un 11% desde 2009, mientras que los salarios de las gerocultoras han caído un 0,26%. Según auditorías consultadas para este reportaje, ninguna residencia privatizada ha dado pérdidas en 2015; la rentabilidad en algunas supera el 16%. Los beneficios totales son de más de 7,5 millones. El 87% de estas plazas está controlado por tres grandes grupos relacionados con constructoras. Destacan Igurco, que según ELA obtuvo 3.100.000 euros de beneficio entre 2014 y 2015, y Vitalitas. Ambos gestionan también residencias con plazas concertadas.
De Igurco formaba parte la constructora Urazca, de la que fue apoderado el diputado de Hacienda José María Iruarrizaga. Ésta vendió su parte a Adeslas, que forma Igurco con IMQ y Cosimet, uno de los principales holdings industriales de Euskadi. El actual director de Promoción de Autonomía Personal en Acción Social de Diputación, Sergio Murillo, dirigía una de las residencias del grupo. En Vitalitas es paradigmático el caso de Juan Carlos del Campo Bidaurrazaga, que según el Registro Mercantil acumula más de una veintena de cargos en distintas sociedades, muchas de ellas del grupo Vitalitas, que pertenece al grupo constructor Promega, de la familia Gorostiza Ezquerra. Miembros de esta familia ostentan cargos en Beurko Residencial Vitalitas. Del Campo es apoderado de Aztertzen Asistenciales, que presidió hasta 2015, y que da el servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Bilbao. Es apoderado de Babesten y apoderado y consejero de Mainatzen, empresas de asistencia del Grupo Urgatzi. Urgatzi desarrolla parte de su trabajo con Vitalitas, como demuestra su página, en la que aparecen centros de ambos. En esa misma web aparece una residencia de la empresa Egoitz Alai, Del Campo es apoderado, consejero y secretario. Egoitz Alai es, a su vez, propiedad de la constructora Katillotxu, presidida por los hijos del exconsejero del Interior Juan María Atutxa; Iskander y Asier Atutxa Zalduegi, éste, presidente del Puerto de Bilbao.
Mujer y cuidados: la huelga interminable
Desde que empezó el conflicto, las 5000 huelguistas han sido criticadas por Diputación. “Quieren hacer creer que estamos pidiendo más dinero”, señala M, gerocultora desde hace 14 años. “Como usuarios y potenciales usuarios hicimos una interpelación en las Juntas Generales. La diputada de Acción Social dijo que se iba si se hablaba de residencias. Desde PNV y PSE tuvieron desprecios bastante potentes”, cuenta Carlos. La misma diputada no se ha sentado nunca con ELA y un juntero del PNV espetó a las trabajadoras que él también querría cobrar más por menos. Unai Rementería, máxima autoridad de Diputación, advirtió de que la dignidad de los mayores está por encima de cualquier huelga, pero olvidó que debía haberse garantizado antes de precarizarse hasta el extremo, justo lo que reivindican las huelguistas.
La guinda fue su artículo en El Correo, ‘Mi versión’, en el que definía el conflicto como un negocio del sindicato, utilizando el “miedo” de las mujeres a un “mercado laboral inestable”. Ellas lo tachan de insulto: “Parece que no tenemos pensamientos propios”. “ELA hace huelga porque las mujeres lo decidimos. No somos marionetas”. “Nos hemos sindicado nosotras. Muchas se han empoderado al ver a las demás”, relata Soraya. “Diputación ha abandonado a nuestros familiares”, sostiene Juani. La relación con la patronal no ha sido mejor: “En la mesa ves la lucha de clases en directo”, dice Jone Bengoetxea, encargada de Igualdad en ELA. “Son muy educados, pero te las van tirando como si fuéramos gilipollas. Yo dije mal una cifra y uno me dijo, hay que venir con la información aprendida. No sé qué me entró que me puse a llorar”, recuerda Juani. La mesa también desprende machismo. Cuentan que un miembro de la patronal llegó a afirmar “esto lo vais a conseguir por mis cojones”, agarrándose los genitales. “El de Igurco nos dijo que nuestro sueldo era complemento al de nuestros maridos. Y perdona, pero no”, relata M.
El conflicto está enquistado y familiares, usuarias y trabajadoras creen que es por ser un sector feminizado y no productivo. Con un 95% de mujeres en plantilla dedicadas a cuidados, los paros no provocan pérdidas sino beneficios. Para Isabel Otxoa, profesora de Derecho del Trabajo en la UPV/EHU, especializada en economía de cuidados, “no es sólo que si fueran hombres el conflicto estaría resuelto, es que nunca habría existido. La inversión privada se interesó en el sector basándose en la financiación pública y en muy bajos salarios”. Reconocer la profesionalidad de las trabajadoras supondría subir sueldos.
La Ley de Dependencia de 2006 que regula la ayuda asistencial, coloca en el centro la rentabilidad y el ahorro, no la calidad, a costa de trabajadoras y personas usuarias. Más del 50% de las ayudas se dan al cuidado en el entorno familiar, porque es más barato. Esa la labor la realizan en su mayoría mujeres, invirtiendo casi todo su tiempo por una compensación mínima y sin cotizar ni acceder a una pensión. Así, la lucha de las gerocultoras por mejorar sus condiciones laborales va más allá de un conflicto laboral: implica blindar unas condiciones dignas para todas las mujeres y poner en alza los cuidados. De hecho, algunas son un antes y un después de la huelga, han tomado su sitio en casa y han dicho a su familia, “tenéis que colaborar porque ahora voy a estar en la calle, luchando por mis derechos”. Ellas, obreras del cariño, son un ejemplo de lucha frente a un modelo de bienestar y unas políticas públicas que perjudican sistemáticamente a las mujeres y a la sociedad. Una crisis de cuidados que pugna entre dos extremos: los beneficios y la vida vivible.
Fotos archivo AmecoPress, cedidas por Pikara Magazine, realizadas por J. Marcos
Pies de foto: 1) Imagen de una de las decenas de manifestaciones de las trabajadoras; 2) La lucha de las trabajadoras de las residencias nació hace más de un año; 3) Las trabajadoras de las residencias han estado varios días acampadas frente al edificio de la Diputación en Bilbao
