Reino de España: a toro pasado, el fracaso de la moción de censura

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EditorialReino de España: a toro pasado, el fracaso de la moción de censura

Gustavo Buster

Daniel Raventós

Miguel Salas

25/10/2020

A toro pasado, decían los clásicos, todos los análisis aciertan. En el caso de la moción de censura de Vox (1 y 2), el partido de la ultraderecha española, el resultado no puede ser más evidente: el fracaso más absoluto, el ridículo de su portavoz Abascal, la fractura parlamentaria del “trifachito” de la Plaza de Colón y la consolidación del bloque mayoritario que apoyó la formación del Gobierno de Coalición Progresista (GCP) en el momento decisivo del debate de los presupuestos del 2021.

Un pulso por la hegemonía de una derecha radicalizada

¿Por qué presentó entonces Vox su moción de censura? Más allá de la teleología de su fracaso, la respuesta a esta pregunta puede recomponer el espejo roto de la situación política en el Reino de España. La estrategia de Vox, como la del resto del arco parlamentario, comienza por una interpretación de las encuestas y, en su caso, de las de GAD-3, como ha recordado Mariano Guindal. La consultora de Michavila viene apuntando desde el mes de abril dos importantes tendencias: un aumento del doble de los encuestados (47,8%) que consideran que la gestión del Covid-19 es mala, cuando no peor; y una caída importante en las expectativas de escaños, en caso de elecciones, del PP (menos 18), frente a una subida paralela de Vox de 13 escaños. Vox creía saber donde pisaba. El 44% de lo votantes del PP quería que su partido apoyase la moción de censura de Vox. Y el 43% que se abstuviese.

Aunque la encuesta del CIS de septiembre no avala la fuerza de la tendencia de intercambio de votos entre la derecha extrema del PP y la extrema derecha de Vox, sí la recoge de manera más matizada, añadiendo la recuperación paulatina de Ciudadanos tras el cambio de orientación de Arrimadas alejándose del “trifachito”.

Mientras que la hegemonía del PSOE de Pedro Sánchez se ha ido consolidando sobre el conjunto de las fuerzas políticas -con una distancia creciente sobre el PP que ya suma 12 puntos y de más de 19 puntos sobre Unidas Podemos-, lo que estaba en liza en la moción de censura era la hegemonía de la derecha radicalizada y la correlación de fuerzas interna en el bloque que constituye frente al GCP.  Si era evidente al comienzo, se hizo patente en el debate y acabó en “mascletá” fallera con el demoledor discurso de Casado contra un Abascal ya abatido y el descalificativo voto negativo del PP. Vox solo pudo recoger los 52 votos de sus escaños como tercera fuerza parlamentaria.

Pero es muy probable, como señaló Pablo Iglesias en su intervención, que el distanciamiento de Casado de Vox haya llegado tarde y que no existan fronteras entre sus electorados, como defiende la defenestrada portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, en una situación de radicalización del conjunto de los votantes de la derecha por el efecto devastador sobre las llamadas clases medias de la crisis del Covid-19. En este caso es el CIS el que recoge que el 79% de los encuestados consideran que la situación económica es mala o muy mala. Y ello ha agravado la tensión social en una competencia por el acceso a los subsidios públicos en los que una débil y precaria pequeña burguesía sustenta su status de clase a través de un acceso privilegiado a la educación y la sanidad concertadas, frente a la pública. Esa es la base material que sustenta las “guerras culturales” que han ido acentuando la enorme polarización política en medio de la crisis estructural del Régimen del 78 y alienta a Vox como movimiento político-social. Y lo que sin duda explica la referencia de Iñigo Errejón al análisis del fascismo en los años 1930 de Joaquín Maurín. Al fin y al cabo Vox tiene una cierta base social, pero es especialmente fuerte en la gran cantidad de franquistas que siguen medrando en las instituciones: poder judicial, aparatos policiales, ejército, iglesia católica -que sigue gozando de privilegios incluso mayores que con el régimen franquista aunque pueda parecer inverosímil- y, por supuesto, la misma monarquía.

Una cierta conciencia del peligro que representa Vox estuvo presente en las intervenciones de los partidos de izquierdas. La réplica de Pedro Sánchez, concentrada en los seis puntos del documento de solicitud de la moción de censura de Vox, fue demoledora. Las intervenciones de las diputadas de Unidas Podemos una barrera feminista contra la avalancha reaccionaria contra sus derechos en la crisis del Covid-19. Los sarcasmos del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, desplumaron el pollo franquista que representa la unidad impuesta de la monarquía española.

El PP como partido alfa de la derecha extrema

Pero el mérito de la ridiculización del personaje correspondió al portavoz del PP, Casado, rozando la venganza personal por poner en cuestión su liderazgo en el conjunto de la derecha. Se trataba mucho más de este liderazgo que de diferencias de fondo: el franquismo de buena parte del PP está fuera de toda duda incluso para el más despistado. Viniendo de Casado, sus efectos fueron devastadores en Abascal y las filas de Vox. Que el candidato al gobierno -y cada vez se hacía más insostenible esa denominación repetida una y otra vez cada vez que volvía a la tribuna para las réplicas- confesara estar “desconcertado” por la intervención llena de desprecio de Casado fue seguido por la humillación de asegurar el apoyo “por responsabilidad” de Vox a los gobiernos autonómicos del PP y Ciudadanos.

Su electorado, sobre todo en Madrid y Andalucía, no lo entendería de otra manera. De la misma forma que reconoce a Vox un papel destacado en las protestas callejeras de los barrios de clase media y las caravanas de coches con banderas españolas que circulan como una provocación por los barrios populares, sigue identificándose con la representación institucional del PP que hoy encarna la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso en su insumisión frente al GCP. La consolidación de Casado como líder de la oposición se hace por la derecha extrema, no en un giro hacia el centro. Es importante esta cuestión porque desde ciertos medios de comunicación se presenta como un giro al centro y no lo es. Desde las izquierdas no hay que bajar la guardia ni tranquilizarse, al contrario, debe perseverar en su denuncia y en la movilización contra la extrema derecha y contra esa derecha extrema que representa Casado y sus políticas antidemocráticas y antisociales.

Dos maniobras políticas nos lo recuerdan estos días. Por un lado, su pertinaz bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a pesar de los enormes costes en términos de legalidad y legitimidad que ello supone para el Régimen del 78, como ha vuelto a señalar Javier Pérez Royo. Por otro, su obstina actuación como el “Partido Holandés”, acudiendo a la Comisión europea para condicionar y bloquear las ayudas  acordadas para el Plan de Reconstrucción, alegando la pretensión del GCP de violar el estado de derecho con su proyecto de reforma del sistema de designación de los miembros del CGPJ.

El bloqueo de la renovación largamente aplazada del CGPJ es un reflejo directo de la crisis del bipartidismo dinástico del Régimen del 78. El PP de Casado exige para acometerla una vuelta a los “pactos de estado” PSOE-PP, excluyendo de la negociación a Unidas Podemos, imponiendo su veto en la gestión de los pilares institucionales de la segunda restauración borbónica. Todo ello en medio de los escándalos en los que esta envuelto el poder judicial en su actuación frente a los casos corrupción del PP, la pirámide de causas contra Villarejo y las cloacas del estado, y las decisiones sobre la represión judicial contra el independentismo catalán., que tras el mencionado  juicio y la absolución de Trapero y Soler, claman al cielo.

En pleno debate parlamentario de la moción de censura se conoció la sentencia que absolvía a Trapero, Soler, Puig y Laplana de los delitos que eran acusados por la fiscalía por su intervención en el referéndum  catalán por la autodeterminación del 1 de octubre de 2017. Una sentencia con 20 folios de hecho probados y 70 de fundamentos jurídicos.  La tesis de la Guardia Civil queda contestada completamente. La sentencia es una carga de profundidad contra la actuación represiva de la Policía Nacional y la Guardia Civil el mencionado 1-O. Al parecer de Gonzalo Boye: “Obviamente, la absolución de Trapero, Laplana, Soler y Puig no producirá consecuencias inmediatas en los condenados [independentistas]; afirmar lo contrario sería engañar, pero sí las está produciendo desde ya en relación con la construcción judicial montada para reprimir a los independentistas, y eso ya es muy positivo.” Y más adelante: “El 1-O no fue una conjunción de delitos, sino un amplio, masivo y colectivo ejercicio democrático, que sólo quienes viven anclados en un pasado, del que hay que desprenderse cuanto antes, pueden concebir como criminal, y esto ya no sólo lo ven en Europa. Seguramente esta es la aportación más importante de una sentencia que, como digo, es justa, no por las absoluciones, que también, sino porque respeta los derechos fundamentales y los principios democráticos básicos.”

El proyecto de reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial del GCP abre la vía para una solución institucional a la crisis constitucional forzada por el bloqueo del PP, al reducir en segunda vuelta la mayoría cualificada de tres quintos a una mayoría simple la designación de los miembros del CGPJ. Pero supone una ruptura con el bipartidismo PSOE-PP que ha sostenido durante décadas el “pacto de estado” de reparto del poder judicial. De ahí la exigencia del PP de excluir de la negociación a Unidas Podemos, en un paralelismo de su voto negativo a Vox en la moción de censura. Que el PSOE haya aparcado el proyecto de reforma, como una concesión tras la decisión de voto de Casado puede contentar a sectores del PSOE como los que están detrás del editorial de El País de 15 de octubre, pero envía un mensaje sobre los límites del Régimen del 78 que no está dispuesto a traspasar. Unos límites que, como en el caso de la Monarquía, son los de la hegemonía social de las clases dominantes.

La UE y los presupuestos 

Más allá de la gestión de la crisis del Régimen del 78, la cuestión central de este inicio de curso político sigue siendo el presupuesto de 2021. La propuesta de techo de gasto del GCP de 196.000 millones de euros, casi un 50% más, con una caída del PIB del 11,2%, supone un cuadro macroeconómico inédito, que solo es sostenible e imaginable gracias a la inyección de los 27.400 millones de euros de subvenciones anunciadas por el Consejo europeo para 2021 y, posteriormente para 2022 y 2023.

Los problemas de gestión administrativa de casi dos puntos del PIB, centralizada en una oficina de Moncloa presidida por el Presidente de Gobierno Sánchez plantean más de una duda. La administración europea no ha sido capaz de administrar mas que 1 de cada 3 euros de los paquetes de las ayudas europeas. Y, en las condiciones del Covid-19 y la situación de las administraciones autonómicas y locales, es difícil que pueda hacer frente a un volumen de gestión de estas dimensiones, cuando la mera tramitación del 10% del Ingreso Mínimo Vital ha bloqueado el sistema y lo ha convertido en un esperpento respecto a las previsiones que hicieron sus apologistas más encendidos. Se trata de uno de los subsidios condicionados para pobres con unos resultados cinco meses después de su instauración menos eficaces, como cada vez se reconoce desde los más diversos ámbitos políticos y sociales. Una vez más, la crisis del Régimen del 78, en este caso concretada en la aplazada modernización de las administraciones, se convierte en un obstáculo.

En estas circunstancias, no resulta tan complicado comprender la posición del GCP de no recurrir a los 70.000 millones de euros previstos de créditos europeos. Desde sus inicios, esta partida de las ayudas para la reconstrucción despertó recelos entre los estados miembros del sur europeo, en especial Italia, Portugal y el Reino de España. Se objetaban las condiciones y el mecanismo de vigilancia que querían imponer acreedores como Países Bajos, más allá de los establecidos por el Pacto Fiscal europeo. Este, a pesar de la moratoria hasta 2023 de los techos de déficit por el carácter excepcional de la crisis del Covid-19, conviene recordar que sigue estableciendo un marco de medidas neoliberales de estabilización económica, aplicables también en el caso de las subvenciones europeas no retornables.

Lo que parece evidente a estas alturas, con nuevos retrasos del ciclo de aprobación presupuestaria, es que el GCP cuenta con la mayoría parlamentaria de la moción de confianza para la aprobación de los presupuestos. A ella se ha sumado la derecha social -y ha sido evidente en las posiciones alrededor de la moción de censura- , activamente implicada en el diálogo social que dirige la ministra de trabajo Yolanda Díaz. Un “diálogo social” que ha frenado el desplome empresarial y el paro por la crisis a través de la extensión de los ERTES pero también trasladando al presupuesto y a la deuda pública la supervivencia de un gran número de “empresas zombies”. Esa presión sobre el Boletín Oficial del Estado de una buena parte del sector empresarial espera sus compensaciones en el proceso de reestructuración y transición a una economía verde sostenible, con la amenaza de un rápido crecimiento del paro. Se traslada así al debate mismo del presupuesto y de la gestión de las ayudas europeas el modelo económico que consolidar, no mediante la competencia descarnada del mercado sino mediante el pacto de las políticas industriales. El “diálogo social”, término que encubre esta encarnizada dinámica, debe al menos asegurar la capacidad de representación colectiva de los sindicatos y su capacidad de presión autónoma en defensa de los intereses de los trabajadores y los pensionistas. El carácter “progresista” del gobierno PSOE-UP depende en última instancia de ello y de la derogación urgente en la práctica de los efectos de la contra-reforma laboral del PP.

Quedan aun muchas interrogantes por despejar. El viernes 23 de octubre se ha cerrado el informe sobre las pensiones del Pacto de Toledo, tras cuatro años de reuniones y está por ver su recorrido, sobre todo cara a las exigencias de la Comisión europea. Las elecciones autonómicas catalanas del 14 de febrero, que deben tener lugar después de la aprobación del presupuesto, volverán a situar al GCP ante el mayor desafío de la crisis constitucional, que es el movimiento soberanista catalán. Y por encima de todos ellos, la gestión de la pandemia del Covid-19, después de la convocatoria este mismo domingo 25 de un Consejo de Ministros extraordinario para establecer el estado de alarma, con la oposición de las comunidades autonómicas gobernadas por el PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox.

Seguimos estando muy lejos de la estabilidad política que reclaman las clases dominantes, pero igualmente de articular una alternativa republicana y socialista en defensa de los intereses de la mayoría. La movilización social es la base para darle empuje. A pesar de las dificultades debidas a la pandemia son muchas las movilizaciones que salen a la calle: todo el sector sanitario exigiendo inversiones en la sanidad pública y mejora de sus condiciones laborales; los de Alcoa y muchas otras empresas defendiendo el empleo y el futuro de sus empresas; las mareas de pensionistas que siguen ocupando las plazas públicas para defender las pensiones; más de 9.000 organizaciones pidiendo al gobierno que regule los alquileres; los universitarios defendiendo la universidad y la investigación pública…

editor de Sin Permiso
editor de Sin Permiso
miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso

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