La universidad era ya un castillo de naipes. Y entonces, llegó el coronavirus

En enero del 2020, cuando estaba en New Hampshire haciendo campaña por Elizabeth Warren, un organizador de campaña me instó a explicar a los votantes por qué la apoyaba. Para mí, era una pregunta fácil. “Como profesor universitario –dije cuando alguien respondía a la puerta– creo que la educación superior es un castillo de naipes, porque los americanos no van a fijar impuestos para apoyarla”.

No era consciente de cuán acertado estaba, o de con qué rapidez se corroborarían mis palabras.

Dos meses más tarde, el Covid-19 cerró las universidades americanas, y los naipes se desmoronaron. Los millones de dólares reembolsados en concepto de alojamiento y alimentación crearon enormes brechas presupuestarias. Y la crisis no se ha acabado, sobre todo si los alumnos no vuelven en otoño. En los Estados Unidos, las tasas universitarias representan, de media, un cuarto del presupuesto de las universidades públicas, y sobre un 35% de las privadas. Para algunas, es mucho más.

Esta crisis pone en evidencia el injusto e insostenible hecho de que la educación superior sobrevive gracias a unas tasas de matrícula cada vez más altas, y en el futuro, lo más posible es que se apoyen incluso más en los estudiantes y sus familias para sobrevivir. La franca conversación que Bernie Sanders y la senadora Elizabett Warren pusieron sobre la mesa en las primarias se ha convertido, ahora, en una crisis. Necesitamos cambiar urgentemente la manera en que financiamos la universidad, y debemos partir eliminando la carga que suponen las tasas universitarias para las familias de clase trabajadora.

¿Será la universidad gratis bajo el mandato de un presidente demócrata? Seguramente no. Pero podemos reducir significativamente su precio, si consideramos la educación como parte de un New Deal económico. Eso implica más que el mero hecho de hacer la universidad gratis o más barata para la mayoría de estudiantes: significa reconsiderar el lugar que ocupa la educación superior en nuestra sociedad.

Financiar las tasas mediante impuestos funciona en otros países. En 2014, Alemania abolió las tasas universitarias para todos los estudiantes de la Unión Europea. Irlanda, Francia, Noruega, Suecia y Dinamarca no imponen tasas para los estudiantes de la Unión Europea, y ofrecen préstamos a bajo interés para cubrir otros gastos universitarios: en Suecia, a un interés de sólo 0,13%. En Australia y Reino Unido, las tasas públicas cuestan la mitad que lo que lo pagan los americanos, y en Israel, una décima parte. En Australia, los estudiantes devuelven los préstamos en base a un porcentaje de sus ingresos una vez alcanzan un umbral de ingresos digno.

Los Estados Unidos también financiaban la educación como un bien público. En 1888, el College of William & Mary, en Williamsburg, Virginia, empezó a anular las tasas a cambio de dos años de docencia en las escuelas públicas de Virginia. Las universidades land-grant [1] establecidas después de la Guerra Civil fueron gratuitas por décadas, y tuvieron un bajo coste hasta los años ochenta. La Universidad de la Ciudad de Nueva York fue gratuita hasta 1976. Stanford fue gratuita para los residentes de California durante 30 años, después de que abriera sus puertas en 1891.

Así pues, las tasas universitarias fueron una decisión política; una decisión política puesta en marcha por políticos a nivel local, estatal y federal a medida que los votantes insistían en la idea de reducir impuestos a lo largo de los años sesenta y setenta. California lideró el cambio. Como gobernador entre 1967 y 1975, Ronald Reagan acabó con la enseñanza gratuita en la Universidad de California, recortando la financiación de la educación superior en un 20% y declarando que los contribuyentes no tenían por qué “subvencionar la curiosidad intelectual”. Como presidente, Reagan impuso esta política a nivel nacional, liderando así el cambio hacia el modelo actual, basado en tasas y créditos estudiantiles.

Las universidades públicas fueron las más afectadas. Entre 1987 y 2012, la financiación pública cayó entre un 25 y un 30%. Y los recortes continúan: el año pasado, Alaska recortó su presupuesto de educación superior en 135 millones de dólares, más de lo que cuesta mantener tres campus.

A nivel nacional, las tasas subieron de 1980 a 2014 un 260%, más del doble que otros gastos de consumo. Al pasar a financiar los créditos estudiantiles, las políticas federales apoyaron un sistema de ingresos basado en las tasas; en 2013, los créditos sumaban ya más de la mitad de los 75 mil millones de dólares del presupuesto en educación superior. Menos de 3,8 mil millones de dólares fueron destinados a financiar infraestructura educativa, la mayoría de los cuales eran obligaciones federales hacia universidades históricamente afroamericanas y amerindias.

En 2009, la administración Obama expandió las becas Pell para los estudiantes más pobres, mitigando así los efectos de los recortes estatales. Pero dejó el modelo de tasas intacto y fracasó a la hora de convertir la educación superior en un objetivo de inversión en infraestructura, o en un bien público a la altura de la sanidad, el cuidado de niños, la seguridad social o la defensa nacional.

La universidad es, más que nunca, la puerta de entrada a la clase media. Por lo tanto, los americanos han seguido pagando por ella (haciendo uso de sus salarios, sus ahorros y de préstamos), hasta que han llegado al límite.

Los críticos señalan al despilfarro, al gasto en lujos o a la hipertrofia administrativa como el problema, sugiriendo por lo tanto que las universidades pueden, simplemente, reequilibrar sus presupuestos. Pero la verdad es más compleja. A medida que alimentamos la bestia de las tasas con dinero federal, los gobiernos estatales saquean los presupuestos en educación aún más, aumentan las tasas y recortan su apoyo a infraestructuras como bibliotecas o la tecnología. El siempre pospuesto mantenimiento de edificios, especialmente en las estructuras más antiguas, ha llegado a un punto crítico en muchos campus.

¿Y qué pasa con las dotaciones financieras de las universidades? De nuevo, no es tan sencillo. Tales fondos están reservados. Tal y como el presidente de Yale, Peter Salovey, lo expresa, estos fondos no están pensados para ser “ahorros para tiempos de necesidad”. Estos fondos mantienen los edificios abiertos, pagan la facultad y financian (lo has adivinado) las tasas. Cerca del 22% del presupuesto de una universidad privada proviene de ingresos relativos a estas dotaciones. Pero entre las escuelas mostradas en la clasificación de U.S. News & World Report, la dotación media es de 65,1 millones de dólares. Diez universidades tienen dotaciones de menos de 1 millón.

Incluso antes de que llegara el coronavirus, la educación superior estaba entrando en una crisis financiera. Las consultoras pueden decirte qué probabilidad hay de que cierta universidad sobreviva, o en su caso, de que se fusione con otra institución, antes de que tu hijo se gradúe. En 2019, hasta que intervino un grupo de abogados, una compañía planeaba publicar una lista de 946 instituciones rayando en la insolvencia. Antioch, Hampshire, Sweet Briar y Bennett evitaron por poco su desaparición, pero entre 2016 y 2020 más de 60 universidades no la han podido evitar. Cinco más se han rendido en los últimos tres meses.

La crisis del coronavirus, simplemente, acelerará la implosión de la educación superior. La Universidad de Maryland estima sus pérdidas en 80 millones de dólares, el sistema del Estado de California, en más de 337 millones, y la Universidad de Michigan en casi mil millones de dólares. Según ciertas estimaciones, los 14 mil millones dedicados a la educación superior mediante la CARES Act se quedan cortos (respecto a las necesidades reales de las universidades) en por lo menos 46,6 mil millones, y si se toman en cuenta las pérdidas estimadas en términos de menores ingresos por tasas en otoño, estaríamos hablando ya de cientos de miles de millones. Simultáneamente, los legisladores estatales están recortando de nuevo el gasto en educación por tal de reducir el creciente déficit estatal.

Los ingresos no provenientes de tasas –hospitales de investigación, contratos de televisión con la NCAA, institutos de verano, servicios de conferencias, campos de deporte– se han marchitado a lo largo de los últimos meses. Lo mismo ha sucedido con las tasas pagadas desde el extranjero. Los estudiantes extranjeros, ya intimidados por las políticas migratorias de la administración Trump, están aún más disuadidos por el Covid-19.

Y si las universidades están en apuros, los estudiantes y sus familias están aún peor. El modelo de tasas ha puesto de rodillas a los estudiantes de clase media y de familias menos privilegiadas mucho antes del Covid-19. Para la mayoría, es imposible ahorrar lo suficiente para la universidad, por lo que contratan préstamos; no pueden vivir  sólo con tales préstamos, por lo que trabajan. Hago clase a adolescentes que se duermen después de haber estado trabajando en el turno de noche en un trabajo con el sueldo mínimo. Un estudiante de grado que trabajaba en tres plataformas, a menudo estaba ausente y tenía hambre. “Nunca había trabajado tan duro siendo económicamente tan inseguro” dijo el estudiante, avergonzado y entre sollozos.

El modelo de tasas está quitando la  comida de la boca de los estudiantes. Cuando los estudiantes perdieron sus trabajos debido al Covid-19, las universidades devinieron organismos de socorro, pagando millones por comida y alquileres. Al tener que distribuir puntos de acceso wifi sin cable para permitir la educación a distancia, nos dimos cuenta de cuántos estudiantes no tenían tecnología suficiente, más allá de sus teléfonos móviles. Nos dimos cuenta que muchos de ellos no tenían dinero para ir a casa, y en algunos casos, no tenían casa.

La ironía es que sabemos cómo hacer todo esto porque la educación superior ya es un organismo de socorro. Bajo condiciones normales, casi la mitad de los estudiantes sufren inseguridad alimentaria, y un 22% están habitualmente hambrientos; un 64% sufren inseguridad respecto a la vivienda, y un 15% no tienen un hogar (casi un 20% en California). Mi propia universidad tiene un departamento llamado Apoyo al Estudiantado y Gestión de Crisis. La financiación de bancos de comida, de préstamos de emergencia para vivienda o el subsidio de atención médica y psiquiátrica son ahora, en muchos campus, partidas habituales a las que se destinan las tasas ingresadas.

Se insta a las familias a comparar sus opciones favoritas para la universidad. Pero desde 1970, cuando Elizabeth Warren pagó 50 dólares por su último semestre en una universidad pública, las tasas se han convertido en algo tan complicado como los seguros sanitarios o las tarjetas de crédito. Se hace difícil, incluso, saber cuánto cuesta. En 2018, un 84% de estudiantes de grado americanos en universidades públicas, y un 90% en universidades privadas, obtuvieron descuentos de tasas. Pero eso no permite a los estudiantes o a sus familias a planear nada: la ayuda financiera se vuelve a calcular cada año, a medida que las tasas aumentan y que las instituciones reevalúan la capacidad de pago de las familias.

Por lo tanto, contratan más préstamos. En 2019, los estudiantes, sus padres y sus abuelos debían ya más de 1,5 billones de dólares en préstamos.

Estos préstamos (tan fáciles de contratar pero tan difíciles de entender y de devolver) ocultan el hecho de que, más allá de cuánta ayuda financiera esté disponible, la mayoría de los estudiantes no pueden pagar las tasas. Casi la mitad de las universidades son sólo asequibles para familias cuyos ingresos superen los 160 mil dólares, un 35% para aquellos estudiantes cuyas familias ganan más de 100 mil dólares. Imaginad a una familia haciendo cuentas para eso mientras sufre económicamente lo que puede ser la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión.

Así pues, ¿qué debería cambiar? Para empezar, las universidades públicas deberían ser realmente públicas, no deberían cobrar tasas: las privadas, un recurso crucial y de largo recorrido, deberían ser rebajadas por el coste de la educación pública. Los préstamos federales deberían ser generosos, sin intereses y perdonables a cambio, quizás, de servicio nacional. Parafraseando a mi amigo e historiador Jesse Lemisch, necesitamos un New Deal federal para la educación superior, apoyado por dinero proveniente de impuestos, que permita acabar con las asfixiantes tasas que tienen que soportar las familias americanas.

Pero solventar los costes de la universidad no se limita a reducir las tasas. También se trata de encontrar la manera de hacer la educación superior financieramente sostenible. Para ello, el primer paso es reconocer que los gastos educativos como la comida, la vivienda, los salarios, la atención sanitaria, la tecnología, las bibliotecas o las pensiones (así como la enseñanza), están estrechamente vinculados al conjunto de la economía.

Cada plan económico de la plataforma demócrata Joe Biden 2020 debería estar vinculado a políticas relativas a la educación superior, y tales propuestas de políticas públicas deberían ser evaluadas en base a su utilidad para rendir la educación superior más asequible para los estudiantes así como para las instituciones mismas. Un sistema sanitario nacional, una reforma robusta de la Seguridad Social, inversión en infraestructura, vivienda asequible o ingresos mínimos básicos pueden tener un impacto positivo en la carga que supone ahora mismo la educación superior para las familias de clase trabajadora. Tales medidas crean condiciones de vida dignas y sanas para los estudiantes. Liberan a las universidades de tener que pagar el coste de la atención sanitaria y de las pensiones de sus empleados. Y ayudan a crear trabajos a tiempo completo, y de buena calidad.

El Covid-19 nos ha puesto sobre la mesa una elección inesperada: aprovechar la crisis cómo oportunidad para llevar a cabo reformas realistas y multinivel. Por encima de todo, debemos restaurar la educación superior como derecho humano. Eso dependerá en mucho más que en hacer que la universidad sea gratuita: dependerá en recordarnos a nosotros mismos que necesitamos pagar impuestos para el bien público.

[1] Nota de Traducción: Las universidades land-grant (o land-grant universities) son instituciones de educación superior creadas por varios Estados americanos para recibir los beneficios de la Morrill Land-Grant Colleges Act (1862 y 1890), por la cual el gobierno federal se comprometía a donar terrenos de propiedad federal a los Estados si estos usaban tales terrenos para instituir instituciones de educación superior.