El 23 de junio de 2026, una delegación talibán pisó por primera vez suelo de la Unión Europea. No llegó detenida ni en calidad de acusada ante ningún tribunal internacional por los crímenes cometidos contra su propia población. Llegó invitada. La Comisión Europea y Suecia copresidieron en Bruselas una reunión técnica con representantes de las autoridades afganas para hablar de un único asunto, la devolución de afganos sin derecho a permanecer en territorio comunitario. Abdul Qahar Balkhi, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores talibán y jefe de la delegación, calificó la visita de «histórica». Tenía razón, solo que no en el sentido en que él quería decirlo.
Lo que ocurrió en Bruselas ese martes fue el resultado de una presión sostenida que arrancó en octubre de 2025, cuando cerca de veinte Estados miembros —encabezados por Alemania y Bélgica— exigieron a la Comisión Europea que acelerara los procedimientos de expulsión de ciudadanos afganos sin residencia regular. La ministra belga de Migración, Anneleen Van Bossuyt, lo confesó sin ambages: «Ya no podemos permitirnos el inmovilismo. Europa debe recuperar el control de la migración y la seguridad.» En enero de 2026, la Comisión había enviado ya una misión a Kabul para explorar esa misma vía. La reunión de Bruselas fue el paso siguiente en una hoja de ruta que avanza con deliberación.
La cifra que manejan los impulsores de esta iniciativa es que solo el 2% de los 22.870 afganos a quienes se ordenó regresar a su país lo hicieron efectivamente. Ese porcentaje se presenta como un fracaso de gestión, como prueba de que el sistema de devoluciones no funciona. Lo que la retórica del «control» omite es la razón por la que ese porcentaje es tan bajo. Devolver a esas personas significaría exponerlas, en muchos casos, a la persecución, la detención arbitraria, la tortura o la muerte.
Afganistán no es un país seguro. No lo es según múltiples organismos de Naciones Unidas. No lo es según Amnistía Internacional, que el mismo día de la reunión publicó una declaración exigiendo que la UE abandonara esos planes y pusiera fin a cualquier cooperación en materia de readmisión con las autoridades talibanas. No lo es según Human Rights Watch, cuya investigadora sobre Afganistán, Fereshta Abbasi, señaló que los Estados europeos están «socavando su propia credibilidad al condenar los abusos del Talibán y exigir responsabilidades con una mano, mientras cooperan con ellos para forzar el retorno de afganos con la otra.» Tampoco lo es, en términos jurídicos, según el derecho internacional que la propia UE dice respetar.
El principio de no devolución —non-refoulement en su formulación clásica del derecho internacional— está consagrado en el artículo 33 de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y es reconocido como norma de derecho internacional consuetudinario de carácter inderogable. Establece una prohibición sin excepciones. Ningún Estado puede expulsar o devolver a una persona a un territorio donde su vida o su libertad estén en peligro por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas. Según Eve Geddie, directora de la Oficina de Instituciones Europeas de Amnistía Internacional: «Cualquier implicación de la UE en deportaciones a Afganistán es temeraria, peligrosa e ignora sus propias obligaciones jurídicas, en particular la obligación de no devolver a nadie a una situación donde su vida pueda estar en riesgo.»
La contradicción es sonrojante para la Unión Europea, que fue uno de los actores más activos en la creación, en octubre de 2025, de un mecanismo independiente de investigación de las Naciones Unidas para documentar y preservar evidencias de violaciones graves de derechos humanos en Afganistán. La UE ha denunciado públicamente, en numerosas ocasiones, las políticas talibanas que constituyen lo que organismos internacionales, activistas afganas y expertas en derechos humanos denominan desde hace años «apartheid de género», un sistema institucionalizado de segregación y dominación que excluye a las mujeres y niñas de la educación, el trabajo remunerado, el espacio público, la salud y la participación política. Desde agosto de 2021, los talibanes han promulgado más de cien decretos que abarcan prácticamente todas las dimensiones de la vida de una mujer afgana. Las niñas mayores de doce años no pueden ir a la escuela. Las mujeres no pueden acceder a la enseñanza superior. No pueden trabajar para organismos de la ONU ni para organizaciones no gubernamentales. No pueden desplazarse sin un tutor masculino de sangre. En septiembre de 2024, las fuerzas de seguridad talibanas impidieron físicamente a mujeres afganas que trabajaban para agencias de la ONU entrar en los recintos de la organización —en un contexto en el que el propio Tribunal de Justicia de la UE había dictaminado que la persecución que sufren las afganas justifica por sí misma la concesión del estatuto de refugiada.
En julio de 2025, la Corte Penal Internacional dictó una orden de detención contra el líder talibán y el presidente del Tribunal Supremo del régimen por el delito de «persecución por motivos de género», tipificado como crimen contra la humanidad. La UE respaldó ese proceso. Ahora invita a los representantes de ese mismo régimen a Bruselas para negociar la logística de devolución de personas que huyeron de él.
Quienes impulsan estas deportaciones enmarcan la cuestión en términos de seguridad y control. Se trataría, según el portavoz de la Comisión Markus Lammert, de devolver a «personas que han cometido delitos graves o que representan una amenaza para la seguridad». La distinción suena razonable hasta que se examina el contexto en que se aplica. Afganistán atraviesa una crisis humanitaria de proporciones mayúsculas. Casi 22 millones de personas —cerca de la mitad de la población— dependen de ayuda humanitaria para sobrevivir. El Programa Mundial de Alimentos advierte que millones de afganos sufren hambre aguda. El país absorbe simultáneamente a tres millones de personas que han sido retornadas a la fuerza desde Irán y Pakistán en el último año, en condiciones que exacerban aún más una situación ya al límite. Devolver a alguien a ese escenario —independientemente de los motivos que llevaron a la orden de expulsión— es una condena sin juicio.
Hay además una dimensión que el debate europeo pretende invisibilizar, la de las mujeres y niñas afganas que huyeron precisamente por ser mujeres en un Estado que las considera ciudadanas de segunda categoría o, directamente, objetos bajo tutela masculina. Para ellas, la «devolución digna» que mencionó la delegación talibán en Bruselas no tiene ningún correlato en la realidad de Afganistán. Retornar allí significa someterse a un sistema que les prohíbe existir en el espacio público, que las expulsa de las aulas, que penaliza su voz y su cuerpo, que las convierte en propiedades del marido o del tutor en un código penal donde maltratar a un camello se castiga más duramente que romperle el brazo a la esposa. Las parlamentarias afganas en el exilio que comparecieron ante la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo en marzo de 2026 lo dejaron claro: las mujeres afganas que lograron salir del país no tienen adónde volver.
Lo que está en juego en este debate va más allá de Afganistán. El giro que está tomando la política migratoria europea —con reformas recientes que habilitan los llamados «centros de retorno», amplían la vigilancia interna, endurecen los controles fronterizos y abren la puerta a acuerdos con regímenes autoritarios— revela una lógica en la que los derechos se vuelven variables de ajuste cuando entran en conflicto con la presión política interna. Como señalamos en Afroféminas al analizar la criminalización de la migración racializada en Europa, el modelo represivo avanza con menos publicidad que el estadounidense, con los mismos resultados. ¿En qué condición queda el marco de derechos humanos que la UE proclama como fundamento de su identidad política cuando ese mismo marco se suspende en función de los puntos porcentuales que los partidos de extrema derecha cosechan en cada elección?
Amnistía Internacional, Human Rights Watch, parlamentarias afganas en el exilio, juristas especializadas en derecho internacional de los refugiados, funcionarias de la ONU, todas señalan en la misma dirección. La reunión del 23 de junio en Bruselas es un enorme error de cálculo político, que legitima los discursos de extrema derecha en lugar de frenarlos. Además es una violación de obligaciones jurídicas que la propia UE ha contribuido a construir y que ha defendido ante otros cuando le convenía. La contradicción es colosal y desnuda completamente a la UE que ha perdido cualquier vestigio de prestigio moral que le quedaba.
Redacción Afroféminas
