En 2026, los departamentos de salud estatales han reportado ocho muertes asociadas al sarampión en Estados Unidos, seis en Pensilvania, una en Nueva York y una en Wisconsin. De 2016 a 2024, nadie en el país murió de sarampión. Tres personas murieron en 2025. En menos de dos años de desmantelamiento de la salud pública por la administración Trump, encabezado por el fanático antivacunas Robert F. Kennedy Jr., un récord construido a lo largo de décadas ha sido deshecho, y entre los muertos hay lactantes demasiado pequeños para haber recibido la vacuna.

Estas muertes eran prevenibles, y fueron permitidas. El sarampión fue declarado eliminado en Estados Unidos en 2000, como resultado de un programa público de vacunación masiva que costó poco y no fue organizado con fines de lucro. Del 10 al 13 de noviembre, una comisión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se reunirá para determinar si esa condición se ha perdido ahora.

El regreso del sarampión es un subproducto del abandono maligno que la oligarquía financiera adoptó como respuesta a la pandemia de COVID-19, al poner los intereses de Wall Street por encima de la salud y las vidas de la clase trabajadora. Ha avanzado junto con un asalto a todos los programas sociales de los que dependen los trabajadores.

La magnitud del resurgimiento no tiene precedentes en una generación. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han registrado 5.182 casos confirmados este año hasta el 5 de noviembre, frente a 2.289 en todo 2025 y 285 en 2024.

Incluso el número de muertes está en disputa. Los departamentos de salud estatales reportan ocho muertes asociadas al sarampión. Los CDC contabilizan cuatro, sin nombrar a ningún estado, habiendo dejado de añadir a su conteo nacional las muertes confirmadas por funcionarios estatales.

El giro decisivo en la salud pública llegó con el abandono de cualquier medida para detener la propagación del COVID-19, una política bipartidista iniciada bajo la primera administración Trump y continuada bajo Biden. Mientras se permitía que el COVID-19 se propagara sin control, la atención médica de rutina colapsó. El sarampión es el virus más contagioso conocido y requiere una cobertura de vacunación del 95 por ciento para detener su transmisión.

La cobertura nacional de kínder con dos dosis de la vacuna MMR se situaba en 95,2 por ciento en el año escolar 2019-2020, el último que comenzó antes de la pandemia. Ha caído cada año desde entonces, hasta 92,4 por ciento en 2025-2026. Las exenciones alcanzaron un récord del 4,2 por ciento de los niños de edad prescolar, el cuarto récord en otros tantos años, mientras la campaña antivacunas pasaba de los márgenes a la dirección del Departamento de Salud y Servicios Humanos bajo Kennedy. El virus ha encontrado la brecha.

La carga del sarampión recae sobre quienes tienen menos protección. Recae sobre lactantes demasiado pequeños para recibir la vacuna, sobre familias trabajadoras rurales sin seguro médico que viven lejos de una clínica y sobre pacientes cuyo tratamiento contra el cáncer ha destruido su inmunidad. Natalie Dailey Garnes, del Centro Oncológico MD Anderson, dijo a The Cancer Letter que algunos niños bajo tratamiento inmunosupresor “no pueden ser revacunados” y “dependen realmente de que la comunidad más amplia esté vacunada”.

Los amish y otras comunidades Anabautistas han sido convertidos en chivos expiatorios de esta epidemia. Enfrentan barreras reales para acceder a la atención médica, incluida la falta de seguro médico y de contacto regular con médicos, junto con convicciones religiosas de larga data sobre la intervención médica. Pero, como escribió Claire Marie Porter de The Cancer Letter, las comunidades Anabautistas “han estado en gran medida sin vacunar durante 300 años”, por lo que “algo más ha cambiado”.

Lo que ha cambiado es el colapso de la inmunidad en la población que los rodea, a medida que las tasas de vacunación en las escuelas públicas caían y el asalto político a la salud pública derribaba el muro que antes mantenía al virus fuera. El condado de Lancaster, epicentro del brote en Pensilvania, representa menos de la mitad de los 1.487 casos del estado.

Esta política ha encontrado su expresión política en las declaraciones antivacunas y anticientíficas de Kennedy. El 26 de febrero de 2025, el día en que se anunció la muerte de un niño en el brote del oeste de Texas, Kennedy declaró que “no es inusual” y que “tenemos brotes de sarampión todos los años”.

En agosto de 2026 sugirió que las dos primeras muertes en Pensilvania “podrían incluso haber sido fabricadas por completo”. Luego pidió al director de los CDC que las eliminara del conteo en línea de la agencia, después de que el personal de los CDC ya hubiera aceptado el hallazgo del estado.

Kennedy no inició el desmantelamiento de la salud pública, que estaba bien avanzado bajo ambos partidos, pero ahora lo administra en nombre de un gobierno de la oligarquía financiera.

El ataque a las vacunas está ligado al ataque a las condiciones sociales de la clase trabajadora en su conjunto. El lenguaje de “libertad médica” y de la “elección” parental promovido por el movimiento Make America Healthy Again (MAHA) de Kennedy proporciona la cobertura ideológica a este programa. Lo que se presenta como el derecho del individuo a rechazar una vacuna es el abandono por parte de la sociedad de toda responsabilidad por la salud de sus miembros.

La vacunación ha evitado 154 millones de muertes en el mundo desde 1974, y la vacuna contra el sarampión representa por sí sola 93,7 millones de ellas, según un estudio publicado en The Lancet.

La vacuna contra el sarampión es segura y eficaz, y la inmunización masiva es una exigencia elemental de la salud pública y de la autodefensa de la clase trabajadora.

El movimiento antivacunas es reaccionario y debe ser combatido. Es una reacción pequeñoburguesa que se aprovecha de agravios legítimos por el costo y la inaccesibilidad de la atención médica y los canaliza hacia la derecha, y el MAHA de Kennedy es la punta de lanza del asalto fascista a la salud pública. La desconfianza de los trabajadores en el Estado se gana a través de la experiencia con una clase dominante que ha desmantelado la infraestructura pública, pero esa desconfianza es una acusación contra la clase dominante, no una razón para rechazar la vacunación.

Nada de esto es exclusivo de Estados Unidos. Cuando los gobiernos de todo el mundo abandonaron la eliminación del COVID-19, los sistemas de salud de todas partes quedaron en desorden y, para mediados de 2020, el 90 por ciento de los países reportó interrupciones de servicios esenciales, incluida la inmunización de rutina. Los casos de sarampión entre niños menores de cinco años aumentaron 40 por ciento en el mundo entre 2019 y 2023, según un estudio publicado en Nature Medicine.

Bangladesh es ahora el escenario del mayor brote del mundo. En 2025, el gobierno interino de Muhammad Yunus abandonó la adquisición de vacunas a través de UNICEF y aseguró alrededor de una cuarta parte de las dosis que el país necesita, mientras la congelación de la ayuda estadounidense suspendió más de 100 proyectos de salud. Se han registrado allí más de 1.000 muertes confirmadas y sospechosas por sarampión desde marzo.

Las Américas, que perdieron su condición de eliminación cuando el sarampión fue declarado endémico en Canadá en noviembre de 2025, han registrado 57.666 casos este año, con 53 muertes en Guatemala y 23 en México.

El historial del movimiento obrero se opone a este retroceso en la salud pública. En diciembre de 1919, con la república soviética sitiada por la guerra civil y el bloqueo, y después de que el tifus diezmara al Ejército Rojo, Lenin dijo al Séptimo Congreso de los Soviets de toda Rusia: “¡O vencerá el tifus al socialismo, o el socialismo vencerá al tifus!”

En medio de una devastación extrema, el Estado obrero trató la epidemia como una amenaza existencial y movilizó a cientos de médicos para combatirla en el frente. Un siglo después, la sociedad más rica de la historia permite que regrese una enfermedad que había eliminado.

Las ocho muertes eran prevenibles con una vacuna segura, barata y de más de seis décadas de antigüedad. Las autoridades de salud de todos los niveles publicaron año tras año las cifras de cobertura en descenso, sabían dónde cedía la inmunidad y permitieron que cediera.

La defensa de la salud pública no puede dejarse en manos de los partidos y la clase que la desmantelaron. La clase trabajadora internacional debe tomarla en sus propias manos, organizándose de manera independiente de ambos partidos capitalistas y de la clase dominante.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 09/11/2026)