Por Iñaki Alrui*

La revista satírica reclama 30.000 euros a Abogados Cristianos por vincularla sin pruebas al blanqueo de narcotráfico, mientras su fundador, Darío Adanti, denuncia el «desgaste» judicial como arma contra el humor

La revista satírica Mongolia, tal vez la revista políticamente más comprometida socialmente de todo el estado, ha decidido que el archivo de la querella no es suficiente. Editorial Mong, SL, la empresa editora de la publicación, ha presentado una demanda civil contra la Fundación Española de Abogados Cristianos y su presidenta, Polonia Castellanos, por vulneración del derecho al honor. El motivo: la acusación, sin ningún fundamento fáctico, de que la revista servía como instrumento para el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. La demanda presentada ante el juzgado de Mataró (Barcelona), reclama una indemnización de 30.000 euros por los daños morales y reputacionales causados.

El origen: un belén y una acusación inventada

Los hechos se remontan a diciembre de 2022. Con motivo de la publicación de una portada satírica sobre el belén navideño, varias entidades ultracatólicas se querellaron contra Mongolia por ofensa a los sentimientos religiosos: además de Abogados Cristianos, lo hicieron el pseudosindicato Manos Limpias, una asociación carlista y HazteOír. Salvo la causa de HazteOír, todas las querellas acabaron archivadas después de que los jueces recordaran que la portada estaba amparada por la libertad de expresión.

Pero Abogados Cristianos fue más allá. A la acusación de ofensa a los sentimientos religiosos, la entidad añadió una imputación de blanqueo de capitales que, según la demanda, carecía de cualquier base real. El argumento era tan simple como falaz: vinculaba a la revista con el abogado Gonzalo Boye, que había sido accionista minoritario de Editorial Mong en el pasado, pero que en el momento de los hechos no tenía ninguna relación con la empresa —la demanda precisa que esa relación había terminado en 2017—. Boye estaba siendo investigado en la causa contra el narcotraficante Sito Miñanco. De ahí, la asociación ultracatólica extraía la conclusión de que Mongolia blanqueaba dinero del narcotráfico.

Esa acusación ha quedado completamente desactivada: el pasado 23 de septiembre, la Audiencia Nacional absolvió a Boye de los delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental, al considerar que no quedó probada su participación en la elaboración de los contratos que se aportaron en los expedientes sancionadores abiertos tras la intervención de casi 900.000 euros en el aeropuerto de Barajas. La Sala condenó, en cambio, a Sito Miñanco a 17 años de cárcel por la «Operación Mito».

La segunda mentira: las subvenciones

A la acusación de narcotráfico, Abogados Cristianos sumó otra invención denigratoria: sostenía en su querella que la revista se mantenía económicamente gracias a las subvenciones públicas, lo que, a su juicio, ponía en duda su independencia. La realidad, según la propia demanda, es muy distinta. La mayor parte de ese dinero correspondía en realidad a avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para empresas tras la crisis del COVID-19, no a subvenciones. En cualquier caso, las ayudas públicas representan una cantidad ínfima de los ingresos de la revista, que se financia sobre todo con sus suscriptores y con las aportaciones de su comunidad de lectores.

La demanda subraya que esta presentación «sesgada» de los datos financieros, unida a la imputación de blanqueo, constituye una «lesión objetiva de la reputación profesional y empresarial» de la publicación.

Un impacto mediático buscado

El daño, según el escrito, no se quedó en el ámbito judicial. La demanda recoge el «amplio eco» que estas invenciones difamatorias tuvieron en medios de comunicación de orientación derechista, como The Objective y El Debate, que se hicieron eco de las acusaciones «sin el más mínimo contraste informativo». Para Mongolia, el objetivo de Abogados Cristianos no era jurídico, sino «intentar acallar un medio independiente y anticlerical». De hecho, las medidas cautelares que solicitaban incluían directamente la intervención de la revista.

«Aunque ganes, pierdes un montón de dinero»

La demanda civil no es un movimiento aislado, sino el último capítulo de una estrategia de resistencia frente a lo que la revista considera un acoso judicial sistemático. Su fundador y editor, el dibujante Darío Adanti, explicaba recientemente en una entrevista para LoQueSomos  que Mongolia acumula un largo listado de querellas interpuestas por grupos ultras. Aunque todas han acabado siendo archivadas, el coste es devastador: «Aunque la mayoría de las querellas se archiven, tú tienes que pagar abogado, movilizarte, ir a juicio una y otra vez. Pierdes un montón de dinero», denunciaba Adanti, que describía la vía judicial como «un chiringuito de pasta» y una estrategia de desgaste. Para un artista sin el respaldo de una revista, advertía, «a la segunda querella te has gastado 6.000 euros y terminas autocensurándote».

Adanti también arremetía contra el artículo 525 del Código Penal, que castiga la «ofensa a los sentimientos religiosos», y que considera «una herencia del nacionalcatolicismo y del pecado de blasfemia, que no debería estar en un código penal de una democracia moderna». «¿Cómo se ofenden los sentimientos religiosos? Es totalmente absurdo. Si vamos a proteger sentimientos, ¿por qué no protegemos el sentimiento científico?», ironizaba.

Para sobrevivir a esa presión, Mongolia ha recurrido al micromecenazgo: «Nuestra comunidad de lectores entiende que defendemos la libertad de expresión y siempre nos ayudan», agradecía el dibujante.

De la vía penal a la civil: la búsqueda de un precedente

La querella original de Abogados Cristianos fue archivada. Los jueces recordaron que la portada estaba amparada por la libertad de expresión y que no existían indicios objetivos de criminalidad en la acusación de blanqueo, más allá de «una apreciación subjetiva no avalada con indicios objetivos». Las alegaciones de la entidad contra la revista, resolvieron los magistrados, eran «genéricas» y suponían «sospechas que no van más allá de afirmaciones no avaladas por indicios».

Mongolia intentó entonces la vía penal, querellándose por denuncia falsa contra la asociación y su presidenta. Sin embargo, la sección 2ª de la Audiencia de Barcelona confirmó el archivo de esa acción el año pasado, al no poder descartar que Abogados Cristianos supiera que los hechos que imputaba sin pruebas fueran «conocidamente falsos». Ante este escenario, la revista ha optado por la vía civil, convencida de que, en el contexto actual de «ofensiva reaccionaria», es «imprescindible que estas prácticas no queden impunes para proteger mejor el marco de libertad de expresión y dificultar la continua presentación de querellas ultracatólicas contra humoristas y disidentes». En paralelo, Mongolia ha llevado su batalla al ámbito internacional: ha presentado un caso ante Naciones Unidas por una portada satírica sobre un personaje público, y el organismo lo ha admitido a trámite, según explicaba Adanti, que avanza además una nueva campaña de crowdfunding para «querellarnos nosotros contra grupos ultras que nos acosan».

La demanda civil contra Abogados Cristianos y Polonia Castellanos es, por tanto, algo más que una reclamación económica. Es un intento de sentar un precedente frente a lo que Mongolia y su abogado describen como un uso intimidatorio y sistemático de la maquinaria judicial por parte de la organización ultracatólica, cuyas querellas, aunque suelen acabar en nada, imponen a sus víctimas meses o años de desgaste personal y económico.

«Se necesita más sátira que nunca», concluía Adanti. «Vivimos una distopía demasiado rara».

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Más artículos del autor. Miembro de la Asamblea de Redacción de LQSomos.
@InakiAlo

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