¿Casos aislados! La Fiscalía pide 7 años y 11 meses de cárcel para dos mossos por torturar a un joven en Barcelona
Por Cecilia Remis
La Sección de Odio de la Fiscalía de Barcelona acusa a los dos agentes de tortura, detención ilegal y maltrato con agravante discriminatoria por los hechos ocurridos en noviembre de 2021, cuando trasladaron a la víctima al Raval en lugar de a comisaría
«Maricón y árabe, lo tienes todo»
La Fiscalía de Barcelona ha solicitado penas de siete años y once meses de prisión para dos agentes de los Mossos d’Esquadra acusados de detener ilegalmente y torturar a un joven gay de origen árabe durante la madrugada del 8 de noviembre de 2021. El escrito de acusación de la Sección Especializada en Odio y Discriminación del Ministerio Público, relata un ataque «furibundo» motivado por el rechazo a la orientación sexual de la víctima. La Audiencia de Barcelona deberá fijar ahora la fecha del juicio.
Los hechos
Según la fiscal del servicio de delitos de Odio, Marta Glòria López Catalá, los dos agentes —de la Unitat de Seguretat Ciutadana del Eixample, Escamot 2, en la Plaça d’Espanya— fueron alertados de una pelea en un bar de la calle Villarroel. Detuvieron a la víctima y, en lugar de llevarlo a su comisaría de referencia, se dirigieron al Raval: «Vamos a Mordor», le dijeron.
Uno de ellos se sentó a su lado en el coche patrulla, con el detenido aún esposado, y lo insultó y agredió. Según el escrito de acusación, «le propinó puñetazos en el estómago, le apretó la cabeza contra la mampara del vehículo policial y le cogió fuertemente por el cuello hasta el punto de impedirle respirar». Durante el trayecto le espetó: «Maricón, además de árabe, lo tienes todo», y le obligó a repetir frases como «repite, maricón de mierda, di que eres una mierda, una mierda seca, di que eres una diarrea con moscas».
El segundo agente «no hizo nada para detenerlo» y mantuvo una «actitud pasiva, llegando a reaccionar con risas», por lo que la fiscal lo acusa de un delito de tortura por comisión por omisión. El hombre, aterrado, vomitó en el coche y, al final, lo dejaron en libertad. La fiscal les imputa haber actuado con «el ánimo de menoscabar la integridad psicológica, física y moral» de la víctima por razón de su orientación sexual, «que rechaza».
Una agente en prácticas que viajaba en el vehículo denunció los hechos nueve meses después ante la División de Asuntos Internos. El juzgado de instrucción investigó también a otros dos mossos que iban en otro coche, pero la fiscal no los acusa al considerar que no vieron nada.
Penas solicitadas
En concreto, la Fiscalía reclama para el primer agente 4 años de prisión e inhabilitación absoluta durante 10 años por el delito de tortura, además de la prohibición de aproximación a la víctima; una multa de 1.080 euros por el delito de maltrato de obra, y 3 años y 11 meses de prisión por el delito de detención ilegal. Para el segundo agente solicita las mismas penas, y en el caso del delito de tortura, en la modalidad de acción por omisión. Además, pide inhabilitación absoluta para ambos y una indemnización de 20.000 euros para la víctima.
Los dos acusados estuvieron un día en prisión provisional tras depositar una fianza de 6.000 euros cada uno.
Segundo caso de torturas calificado como delito de odio
Este caso grave de torturas con discriminación es la segunda vez que la Fiscalía de Delitos de Odio califica unos hechos de estas características. El primer caso también implicó a agentes de la policía catalana: seis agentes de los Mossos d’Esquadra aceptaron una condena de un año de prisión y seis meses de inhabilitación al admitir que cometieron una agresión racista a un joven, Wubi, a quien pegaron y gritaron «negro de mierda» en su detención en Sant Feliu Sasserra (Bages) en enero de 2019. El Departament d’Interior los expulsó del cuerpo en enero de 2024.
A estos precedentes se suman otros episodios de torturas protagonizados por agentes de los Mossos: en 2012 tres agentes fueron condenados por la detención ilegal de un ciudadano rumano, y hace tres años otros seis fueron condenados por torturas a dos jóvenes en un control de alcoholemia, un caso pendiente de resolución definitiva en el Supremo.
Mientras la Audiencia de Barcelona fija la fecha del juicio y los dos acusados esperan en libertad tras abonar una fianza de 6.000 euros, la pregunta vuelve a quedar sobre la mesa: ¿son estos episodios simples excepciones en el seno de un cuerpo de miles de agentes o responden a un patrón que las instituciones se resisten a reconocer? La respuesta, como en cada uno de los casos que esta sección recoge, no la dará una sentencia aislada, sino la suma de todas ellas. Y esa suma, por ahora, sigue creciendo.
⇒ Archivo de noticias de casos aislados sobre los abusos policiales en España
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