21/05/26
Hola,
La vivienda protegida en España tiene fecha de caducidad. España ha construido más de un millón y medio de viviendas protegidas desde 1991, pero solo 147.653 tienen protección permanente. El resto, más del 90%, tienen plazos de 7, 10, 15 o 30 años tras los cuales pasan al mercado libre. Casi 400.000 ya lo han hecho. Y si nada cambia, entre 2026 y 2030 lo harán otras 341.400: alrededor de 93.000 en Andalucía, cerca de 68.000 en la Comunidad Valenciana, casi 36.000 en Madrid.
Nadie había hecho estos números. Se lo hemos preguntado a las 17 comunidades autónomas: la mayoría no ha sabido contestar, varias se han negado, y el Ministerio de Vivienda tiene contradicciones en sus propias estadísticas que no ha aclarado. Hemos tenido que reconstruir la respuesta nosotros, a pulso. Hoy publicamos el resultado en civio.es: la primera estimación, comunidad a comunidad, del parque de vivienda protegida en vigor en España. Y de su futuro cercano.
Evolución de la vivienda protegida en España desde 1991
En su gran mayoría, el 91,3% de estas viviendas se construyeron con ayudas estatales, cerca de ocho de cada diez son de promoción privada, el 64,1% son para venta y algo menos del 20% para alquiler. España no construyó un parque público de vivienda, aunque lo vendiera como tal. José María Escolástico, vicepresidente de la Asociación de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo, lo llama «subsidiación a la construcción»: «Este producto en Europa no ha existido nunca.»
Blackstone se hizo con 2.688 viviendas protegidas entre 2013 y 2014, la gran mayoría a la Sareb y a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid. Por 508 de ellas pagó una media de 66.700 euros. Su nuevo casero elevó a mil euros el alquiler y, al menos a uno de los inquilinos, a más de 280.000 euros el precio de compra. De esas viviendas, 2.223 tenían plazos de solo siete o diez años fijados por la normativa madrileña. 174 pasaron al mercado libre meses después de la compra.
No es un caso aislado. Javier Burón, director gerente de la empresa de vivienda pública de Navarra, describe lo que denomina un «hackeo absoluto» de la vivienda protegida: «Reducir los años de protección, aumentar sus precios y también el nivel de ingresos para poder acceder a ellas. Hemos puesto a los zorros a cuidar las gallinas».
No hay un sistema de vivienda protegida en España: hay 18, contando el del Estado. Madrid bajó los plazos a 15 años en 2009 y llegó a fijar plazos de solo siete. Andalucía los redujo de 30 a entre 7 y 15 en 2020. Extremadura los rebajó de 30 a 20 y en 2025 lo aplicó retroactivamente. La Comunidad Valenciana declaró la protección permanente en mayo de 2023; un año después la revirtió para las viviendas privadas. En el otro extremo, País Vasco lleva desde finales de 2002 con protección permanente y es la única comunidad donde ninguna vivienda protegida se perderá en los próximos cinco años. Solo Baleares y Navarra han seguido su ejemplo. Y cinco comunidades aún permiten hoy desproteger viviendas antes de tiempo a cambio de devolver las ayudas.
El nuevo Plan Estatal de Vivienda exige por primera vez protección permanente. Pero su presupuesto es de 7.000 millones en cinco años y solo afecta a viviendas nuevas. Todo lo que existe, por lo pronto, sigue atado a plazos de protección, en muchos casos muy cortos.
Que España esté perdiendo su vivienda protegida no es nuevo. Que nadie hubiera hecho las cuentas, sí. Cada vivienda que sale del parque protegido es una menos con precio regulado y una más compitiendo al precio de mercado.
Ahora las cuentas están hechas. Entra, lee y explora. Puedes buscar tu comunidad autónoma y ver cuántas viviendas protegidas quedan, cuántas se han perdido y cuántas se perderán en los próximos cinco años.
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Esto no lo ha financiado ningún organismo público, ningún partido ni ninguna empresa. Lo han financiado 3.000 personas que cada mes o cada año deciden que alguien tiene que hacer las preguntas que las administraciones no se hacen a sí mismas. Y responderlas.
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