Un grupo de activistas, entre las que se encuentra la activista española Leandra Rollo, se enfrentan a duras penas por una acción de boicot en una fábrica de armas israelí en Alemania, en un caso que ha reabierto el debate sobre la memoria histórica alemana, el derecho a la protesta y la complicidad con el genocidio de Gaza.
¿Qué ha pasado?
Cinco activistas, conocidas como las «5 de Ulm», llevan meses en prisión por irrumpir en septiembre de 2025 en las instalaciones de Elbit Systems en la ciudad de Ulm. Se les acusa de causar daños millonarios y de pertenecer a una organización criminal. Pero este caso es mucho más que un simple juicio por daños materiales.
Las cinco activistas Daniel Tatlow-Devally, Zo Hailu, Crow Tricks, Vi Kovarbasic y Leandra Rollo —procedentes de Reino Unido, España, Irlanda y Alemania— están siendo juzgados en una sala de alta seguridad ubicada en la prisión de Stammheim, en Stuttgart, y permanecen en prisión preventiva desde el pasado mes de septiembre. Cinco jóvenes estudiantes, artistas y activistas que llevan años defendiendo los derechos del pueblo palestino por la vía legal (manifestaciones, peticiones a políticos, entre otras cosas).
El juicio se desarrolla con repetidas interrupciones y recientemente se ha decretado una drástica expansión del proceso. Programado en principio para 16 días de audiencia, el juicio se ha extendido a más de 40 días. Se espera que continúe hasta nada menos que enero de 2027.
Los «5 de Ulm», de izquierda a derecha: Daniel Tatlow-Devally, Zo Hailu, Crow Tricks, Vi Kovarbasic y Leandra Rollo.
¿Quiénes son las personas acusadas y qué hicieron?
Las cinco activistas están vinculados al grupo Palestine Action. Una organización que utiliza métodos de desobediencia civil, que incluyen la ocupación de locales y la destrucción de propiedades, que a menudo han dado como resultado el arresto de sus miembros. Palestine Action describe sus acciones como “no violentas pero perturbadoras”: nunca han lastimado o agredido a ninguna persona en sus acciones.
“La acción fue una respuesta al bombardeo de hospitales, escuelas, universidades, hogares e infraestructura; al bloqueo completo de alimentos, agua, medicinas y electricidad; niños que son disparados a sangre fría por soldados de las fuerzas de ocupación israelí, o son asesinados por inanición, que tienen extremidades amputadas sin anestesia…” Leandra Rollo, activista española de las “Cinco de Ulm”, durante su declaración en la audiencia del 29 de mayo.
La española Leandra Rollo, saluda tras la mampara de cristal, durante el juicio a los «5 de Ulm», 27 de abril de 2026. Foto: Ignacio Rosaslanda
El caso de Reino Unido “Los cuatro de Filton”
Palestine Action ha llevado a cabo extensas protestas también en Reino Unido, donde en julio de 2025, la organización fue proscrita como grupo terrorista.
El pasado 12 de junio, cuatro activistas de Palestine Action en Reino Unido, conocidos como “los cuatro de Filton” —Charlotte Head (29 años), Samuel Corner (23), Leona Kamio (30) y Fatema Rajwani (21)— fueron condenados por “conexión terrorista” tras ser declarados culpables de daños en propiedad ajena a raíz de su participación en una acción directa llevada a cabo, al igual que sus compañeras en Alemania, en la fábrica de Elbit Systems en Filton, cerca de Brístol. Kerry Moscogiuri, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Reino Unido, manifestaba tras esta injusta condena:
“Las personas acusadas en esta causa fueron condenadas como terroristas porque la fiscalía quería dar ejemplo con ellas y sentar un precedente sobre el posible tratamiento de quienes emprendieran acciones directas en el futuro […] Los daños en propiedad ajena nunca se habían tratado como actos terroristas en el sistema de justicia británico, y es peligroso considerar que son lo mismo. A todos debería preocuparnos lo que esto significa para otras personas que recurren a la acción directa para protestar contra un genocidio u otro asunto […] El derecho a protestar es uno de los instrumentos más eficaces que tenemos para exigir a nuestros líderes que rindan cuentas, y hoy se ha dado un paso más en la represión de este derecho en este país.”
Los ‘5 de Ulm’ vistos detrás de una pantalla de vidrio durante su juicio en el complejo penitenciario de Stammheim cerca de Stuttgart, Alemania, el 27 de abril de 2026. Foto: Ignacio Rosaslanda.
A las «5 de Ulm» se les acusa de:
⇒ Irrupción y sabotaje: Entraron en la fábrica de Elbit Systems, uno de los mayores fabricantes de armas de Israel, y causaron daños valorados en más de un millón de euros. Destrozaron ordenadores, equipos de medición y otros dispositivos electrónicos.
⇒ Actos de protesta: Pintaron grafitis con lemas como «Baby Killers» y corearon: «Alemania financia, Elbit Systems produce, Israel bombardea».
⇒ Acusaciones graves: La fiscalía les imputa pertenencia a «organización criminal» (artículo 129 del código penal), allanamiento y daños. Se enfrentan a penas de hasta 5 años de prisión.
La acción de protesta la grabaron ellos mismos, un claro ejemplo de su intención antibelicista y solidaria…
El dilema del «Nunca Más» alemán
Alemania construyó su identidad política tras el Holocausto bajo la promesa del «Nunca Más». La seguridad de Israel es considerada «razón de Estado». Esto ha llevado al país a un apoyo incondicional a Israel, incluso ante el genocidio sobre Gaza.
Sin embargo, los críticos, como el analista Joel Crisetig, de la organización Armed Conflict Location & Event Data, señala una paradoja: «El país que juró no volver a colaborar con crímenes de exterminio vuelve a encontrarse del lado de quienes los hacen posibles» (BBC news, 30-5-2026). Para muchos, al encarcelar a quienes intentan impedir el suministro de armas para Gaza, Alemania estaría traicionando su propia lección histórica.
Ahora que la antigua víctima se ha convertido en el verdugo, Alemania se encuentra ante el dilema: ¿nunca más participar en genocidios (o consentirlos), o nunca más ir contra personas judías? Hoy en día (y desde hace años), no se puede hacer las dos cosas a la vez. Y está claro que el país ha decidido respaldar el genocidio del pueblo palestino con tal de no cuestionar a quienes fueron sus víctimas hace 90 años.
En la audiencia judicial del pasado 29 de mayo, la declaración de Zo Hailu se cerró con estas palabras condenatorias, encapsulando cómo la propia justicia alemana está ahora en juicio: “Teóricamente, un elemento esencial de la democracia es la separación de poderes. Entonces, mientras que el poder ejecutivo, el gobierno alemán, ha elegido muy claramente la complicidad, ¿qué elegirá el poder judicial en este caso: la complicidad, o ‘Nie wieder’ [Nunca más]?”
Un manifestante sostiene un cartel que critica la complicidad de Alemania en el genocidio de Gaza, Berlín, Alemania, 27 de septiembre de 2025. Foto: Oren Ziv/ActiveStills.
Criminalizar el Derecho a la protesta
El uso contra las cinco activistas del artículo 129 (contra organizaciones criminales) ha sido muy criticado. Organizaciones como Amnistía Internacional consideran que se está utilizando una medida pensada para el crimen organizado contra la protesta política legítima, vulnerando la libertad de expresión. ¿Derecho a la protesta?
La realidad es:
⇒ Los activistas no dañaron a personas, solo a propiedades materiales.
⇒ Su acción fue un acto de desobediencia civil para denunciar el genocidio en Gaza.
⇒ La empresa Elbit Systems es un objetivo legítimo por su papel criminal en el conflicto.
Elbit es el mayor fabricante de armas de Israel. Su instalación en Ulm, que remonta sus orígenes a la compañía electrónica alemana Telefunken, produce tecnologías de comunicaciones utilizadas por el ejército israelí. Investigaciones independientes y análisis de expertos han vinculado tales sistemas a la infraestructura central que sustenta los programas de focalización asistida por IA como Lavender y Gospel, que se desplegaron en Gaza.
Condiciones de detención y «juicio-espectáculo»
Las cinco personas detenidas llevan ya nueve meses de prisión preventiva en régimen de aislamiento, en celdas individuales, aisladas hasta 23 horas al día. Sus familias han denunciado que esto constituye «confinamiento solitario».
El juicio se celebra en el Tribunal Regional Superior de Stuttgart-Stammheim, el mismo lugar donde en los años 70 se juzgó a la organización Fracción del Ejército Rojo (RAF). Un simbolismo de provocadora intimidación: «Se les trata como a peligrosos terroristas, no como a activistas».
Durante la primera sesión, los acusados fueron conducidos esposados y encerrados en una cabina de cristal, separados de sus abogados. La defensa protestó y se apagaron los micrófonos.
El juicio de los «Cinco de Ulm» es un termómetro de la deriva represiva en Alemania frente al activismo propalestino. El país ha prohibido consignas, endurecido la vigilancia y criminalizado a quienes cuestionan su política exterior. Al mismo tiempo, sigue exportando armas a Israel.
Si fuesen considerados culpables por la justicia alemana, los activistas podrían enfrentarse a penas de hasta cinco años de prisión.
El caso de los «5 de Ulm» no es solo un juicio. Es un espejo donde Alemania se mira a sí misma traicionando su pasado para justificar el presente.
La próxima audiencia judicial será el 29 de junio, de nuevo en Asperger Str., Stuttgart, estaremos atentas.
