Por Cecilia Remis
Un teniente coronel de la guardia civil adjudicaba obras con sobrecostes de hasta el 348% para enriquecerse. El informe del Servicio de Asuntos Internos (SAI) señala a Miguel Ángel E. T., máximo responsable de la Unidad de Gestión Económica en el País Valenciá, como cabecilla de una trama corrupta que desvió fondos públicos durante años. El militar, que reinvertía las ganancias en inmuebles ruinosos para reformarlos y revenderlos, enfrenta siete delitos graves.
Un demoledor informe del Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil ha destapado una presunta trama de corrupción sistémica liderada por el teniente coronel Miguel Ángel E. T., quien durante casi dos décadas fue el máximo responsable de la Unidad de Gestión Económica (UGE) del instituto armado en el País Valenciá. La investigación revela un entramado de adjudicaciones irregulares con sobrecostes de hasta el 348%, facturas infladas y un sistema para desviar fondos públicos que el acusado reinvertía en propiedades inmobiliarias para su beneficio personal.
El informe, entregado al titular de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia, atribuye al alto cargo, perteneciente al Cuerpo Militar de Interventores, hasta siete delitos graves: malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude en la contratación pública, cohecho, falsedad documental y, eventualmente, delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. Fuentes cercanas a la investigación han confirmado que el SAI ha centrado su análisis en un breve período de tiempo, de marzo a agosto de 2021, pero los indicios hallados apuntan a una red que operaba desde hacía años.
El caso se destapó gracias a la perspicacia de un sargento primero de la Guardia Civil, que supervisaba las obras en un edificio de viviendas oficiales en la calle Ángel de Villena de Valencia. Al notar una desconcertante calidad en los materiales y un coste final desorbitado para los arreglos realizados en una terraza y un almacén, el suboficial decidió interrogar al albañil encargado de los trabajos, identificado como R.L. Este, según fuentes de la investigación, confesó la operativa completa y denunció los hechos de inmediato.
En su declaración, R.L. reveló que muchos de los presupuestos debían ser visados previamente por el teniente coronel y ajustados antes de pasarlos a limpio para su posterior adjudicación. Los investigadores constataron que las obras, todas de pequeña envergadura, se adjudicaban de forma directa y recurrente a empresas vinculadas a Carlos G. M., empresario con quien E.T. mantiene una amistad personal de más de 35 años.
Siete obras, un 188% de sobrecoste medio
El informe pericial del SAI, elaborado con la colaboración de la Agencia Valenciana Antifraude, analizó siete obras concretas realizadas en el cuartel de Benimaclet, las viviendas de Ángel de Villena, una residencia en la playa de l’Almardà (Sagunt) y el acuartelamiento de Cantarranas. El resultado es escalofriante: la factura final abonada por la Guardia Civil ascendió a 46.466,33 euros, mientras que el presupuesto inicial, ya inflado de origen, era de 19.988,28 euros. Esto supone un sobrecoste medio del 188%, con un caso en Benimaclet donde el incremento se disparó hasta el 348%. Se llegaron a facturar «puertas inexistentes», según detectaron los peritos.
Para evitar controles, E.T. alteró la propia naturaleza de las unidades de gestión económica. El teniente coronel adjudicaba las obras desde la UGE, bajo su mando, pero las derivaba para que las pagara la Oficina de Gestión Económica (OGE) de la Comandancia de Valencia, que se convirtió en una «caja pagadora única» que no discutía las facturas rubricadas por él. «Las órdenes del teniente coronel se cumplían sin reservas», señala el texto.
Un millón de euros a un empresario sin empleados
El principal beneficiario de esta trama, Carlos G. M., facturó 952.664,89 euros a la Benemérita entre 2008 y 2022 a través de sus empresas, una de las cuales, «Destino Empresarial SL», declaraba apenas un empleado, según el Registro Mercantil, a pesar de recibir decenas de contratos públicos. En los cinco meses de 2021 analizados, el 82% de los ingresos totales de las empresas del contratista provenían «exclusivamente» de adjudicaciones gestionadas por la UGE de E.T.
De las mordidas a las viviendas de lujo
La investigación desvela la segunda fase del entramado: la reinversión de las ganancias ilícitas. El teniente coronel adquirió tres propiedades en estado de ruina en el municipio de Siete Aguas (Valencia), «para enriquecer su patrimonio inmobiliario», según el SAI. Las reformas de estas viviendas particulares fueron encargadas a las mismas empresas que ejecutaban las obras públicas adjudicadas por él.
En un correo electrónico de 2019 interceptado por los agentes, E.T. ya planeaba la compra de una de ellas, proponiendo pagar solo el valor catastral (18.500 euros) y abonar la diferencia «en mano» para eludir el control fiscal. La operativa se repitió: mientras el contratista ejecutaba la obra privada, el investigado gestionaba tareas en instalaciones oficiales para la misma empresa, garantizando así el flujo constante de contratos públicos como compensación.
El negocio resultó especialmente redondo para el militar. Una de las propiedades, comprada formalmente por 12.000 euros, fue puesta a la venta diez meses después en un portal de internet por 115.000 euros, casi ocho veces su valor de compra. Los investigadores hallaron evidencias de que hasta un toallero de Leroy Merlin para una de las viviendas particulares fue facturado a la Guardia Civil a través de un anticipo de caja fija, un instrumento reservado a gastos corrientes.
Un militar condecorado y una pistola ilegal
Miguel Ángel E. T., quien es doctor en Derecho y fue condecorado en 2013 con la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco, se enfrenta ahora a la justicia. El caso, que ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, ha destapado además que, en el registro de la vivienda de uno de los empresarios imputados, se hallaron dos pistolas y munición sin licencia, por lo que el contratista ya ha alcanzado un pacto de conformidad con el Ministerio Fiscal y aceptó una pena de seis meses de prisión.
Las diligencias continúan abiertas y la instrucción judicial tratará ahora de dilucidar el alcance total de la presunta red corrupta y si existieron más implicados en lo que Asuntos Internos define como un «vector crítico de vulnerabilidad institucional» en el ámbito de la contratación pública.
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