
El gobierno chileno de José Antonio Kast está convulsionado por la crisis política más grave de su corta existencia. La revelación efectuada el 21 de octubre por el medio de investigación Interferencia—según la cual el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos había firmado silenciosamente 56 decretos que reducían las condenas de hombres condenados por violación y abuso sexual de menores—detonó un escándalo que ya se cobró la cabeza del subsecretario de Justicia, Luis Silva, y ahora amenaza al propio ministro, Fernando Rabat. El affaire ha expuesto la podredumbre de todo el establecimiento político y, por sobre todo, el rol de la “izquierda” chilena como puntal indispensable del dominio burgués.
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