La justicia fiscal, entendida como un mecanismo de redistribución de renta y riqueza, que mitigue la desigualdad, continúa siendo una quimera en el Estado español«, escribe Arantxa Tirado.
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La última subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y la noticia posterior de que no ha ido acompañada de un aumento del mínimo exento de tributación al Impuesto sobre la Renta a las Personas Físicas (IRPF), ha mitigado el impacto económico de una medida necesaria. El aumento de 50 euros mensuales en el SMI, si bien insuficiente para compensar la inflación, supone una leve mejora en el poder adquisitivo de los sectores peor pagados de la clase trabajadora. Aunque se trate de limitados avances que nunca resarcirán la injusticia estructural del capitalismo, es, sin duda, positivo que el salario mínimo ascienda a 1.184 euros mensuales y que haya aumentado un 60,91% desde 2018.
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