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Nº 69
15 octubre 2026 |
El Supremo impide que se hagan investigaciones como la que publicamos sobre megatenedores de vivienda en alquiler
(Ver CIVIO.es para más datos)
Supongo que estos días te has cruzado con muchas noticias sobre vivienda y alquiler. ¡Qué menos! Tras el desahucio de Mari Carmen, las manifestaciones masivas y la acampada en Sol, en Madrid, y en tantas otras ciudades después, parece que por fin medios de comunicación e instituciones se han empezado a dar cuenta de que tenemos un problema muy muy gordo, una crisis de vivienda enorme.
Pero hoy no te escribo por el enorme problema de acceso a la vivienda que tenemos. Bueno, sí, pero no. Hoy te escribo para quejarme sobre un problema de falta de transparencia, en este caso relacionado sobre quiénes son los propietarios de las viviendas. Y, ojo, que la opacidad viene firmada por el Tribunal Supremo.
Te explico, que la historia es larga. Seguramente en varias de las noticias y reportajes que te has leído estos días has visto el dato de que hay 737 empresas que acumulan 185.000 viviendas alquiladas. Ese dato, como seguramente recordarás, viene de la serie que publicamos entre 2023 y 2024 sobre megatenedores de vivienda alquilada y lo ha citado el genial Daniele Grasso en este imprescindible análisis sobre propietarios de vivienda con datos del catastro; también en la Ser, Hoy Aragón, y tantos otros.
Si quieres, puedes leerte la metodología que usamos al final de cada uno de los artículos para saber cómo conseguimos estos datos. Fue cansado, te lo aseguro. Una batalla en cada comunidad autónoma. Pero quiero recordarte un dato más que ya te conté por mail hace tres años: la idea de solicitar información sobre quiénes son los propietarios de vivienda a partir de los registros de fianzas de alquileres de las comunidades autónomas la tuvo el medio catalán Crític. Resumen: ellos solicitaron en 2021 el nombre de los grandes tenedores de vivienda alquilada en Catalunya, según el registro de fianzas autonómico. Inicialmente el Institut Català del Sòl se negó y después la GAIP –el equivalente catalán del Consejo de Transparencia- resolvió que tenían que darles la información sobre los grandes tenedores que fueran empresas. Pero la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona recurrió esta resolución al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Fue por entonces cuando desde Civio hicimos una solicitud parecida a la Comunidad de Madrid. Pero, eso sí, con un par de diferencias: en vez de propietarios en general nos limitamos solo a las empresas, dejando fuera a los particulares; y en lugar de pedir el nombre de los grandes tenedores, con 10 o más viviendas, pedimos el de los que hemos llamado “megatenedores”, los que tienen 50 o más viviendas. Este fue el resultado de la negociación que tuvimos con el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid –que ese mismo año dejó de ser independiente para estar bajo el control de la Consejería de Presidencia madrileña, pero eso ya es otro tema-. Y funcionó, nos dieron los datos. Y, además, esa resolución nos sirvió para presentar solicitudes de información en las demás comunidades autónomas, la primera de ellas Cataluña (¿quién va a querer ser más opaco que Madrid?). Y, sorpresa: Cataluña, como casi todas las administraciones autonómicas, también nos dio los datos y los compartimos con Crític.
¿A qué viene ahora todo esto? Pues a que hace pocas semanas se ha hecho pública una sentencia del Tribunal Supremo que impediría que podamos volver a hacer una investigación como la de megatenedores. Y aquí volvemos a la historia de antes: en el párrafo anterior te contaba que la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona recurrió ante el Tribunal Superior de Justícia la resolución de la GAIP por la que tenían que darle a Crític los datos sobre propietarios. En diciembre de 2023, medio año después de que publicáramos los datos de megatenedores de Catalunya, el tribunal admitió el recurso de la Cambra y sentenció que no se dieran los datos (aquí la resolución, por si quieres echarle un ojo). Desde la Generalitat presentaron entonces un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y ahora, tres años después y en plena crisis de vivienda, el alto tribunal ha sentenciado dando la razón a la Cambra de la Propietat. Te dejó también aquí el enlace a la sentencia del Supremo, publicado en la web de la Cambra.
Lo más surrealista es que, como prueba del peligro que supone dar esa información, han aceptado un “manual de ocupación” en el que se recomienda que, si se va a ocupar una vivienda, esta sea de grandes tenedores, no de pequeños propietarios, así que el primer paso es identificarlos. Usando esa lógica, supongo que también habrá que censurar la mitad de las publicaciones que aparecen en los portales de noticias económicas, la propia información sobre su parque de vivienda que dan bancos y grandes empresas, los anuncios en Idealista y otros portales y, si nos ponemos, hasta el Registro Mercantil.
Perdona por la turra, pero es que esto me parece muy grave, porque, al igual que la sentencia del Supremo sobre el caso Bosco crea jurisprudencia, y se está aplicando ya para saber los detalles sobre otros algoritmos que usan las administraciones públicas, esta otra sentencia también crea jurisprudencia, y en un sentido totalmente contrario, hacia la opacidad.
Pero con sentencia del Supremo, o sin sentencia, desde Civio seguiremos poniendo cifras y nombres al problema de la vivienda. De hecho, aún estamos esperando (y van ya tres años) a que la Audiencia Nacional diga si tenemos derecho o no a saber por cuanto compró y vendió, y a quién, las cerca de 10.000 viviendas protegidas que tenía la Sareb desde su creación hasta el pasado año.