Hay una cifra que resume la tarde de hoy en Barcelona mejor que cualquier análisis. La lona que el movimiento Save Europe Act despliega a las siete en la plaça Sant Jaume mide veinte metros por veinte, unos cuatrocientos metros cuadrados. La plaza entera tiene menos de tres mil. Han traído un cartel que ocupa la séptima parte del escenario y lo colocan justo delante del Ayuntamiento y del Palau de la Generalitat, para que se vea bien desde las ventanas. El tamaño del cartel guarda una relación inversa con el tamaño del movimiento. Conviene empezar por ahí, porque todo lo demás se entiende mejor después.
Los dos nombres que figuran oficialmente ante la Comisión Europea como personas de contacto de la campaña son el austriaco Martin Sellner y la neerlandesa Eva Vlaardingerbroek. Sellner viene del movimiento identitario austriaco, impulsa el llamado Instituto para la Remigración y sostiene que las expulsiones no tendrían por qué limitarse a quienes están en situación irregular. Vlaardingerbroek declaró este año en Budapest que Europa es históricamente un continente blanco y reivindicó el derecho de los europeos blancos a seguir siendo la mayoría étnica en sus países. A los dos les retiró el Reino Unido el permiso de entrada. Los principales teóricos de la remigración ya han sido remigrados. La doctrina se ha probado con éxito en sus propios autores y nadie ha organizado una manifestación por ello.
En España la logística corre a cargo de Reconquista, el grupo juvenil que se mueve en la órbita de Vox y que vino a sustituir a Revuelta después de las polémicas por los fondos destinados a los afectados de la DANA. Sus portavoces son Toni Estévez y Nayara González. Hasta hoy, su convocatoria más concurrida juntó a cerca de medio centenar de personas entre Ceuta y Algeciras. Han promocionado el acto de Barcelona en catalán, detalle que hay que agradecerles, porque demuestra que la continuidad etnocultural de los pueblos europeos admite cierta flexibilidad cuando toca captar público local.
La campaña intentó registrarse el 8 de junio como Iniciativa Ciudadana Europea, el mecanismo que obliga a la Comisión a estudiar una propuesta si reúne un millón de firmas. La Comisión rechazó el registro el 22 de julio con una fórmula que merece enmarcarse, por ser manifiestamente contraria a los valores de la Unión. Bruselas entendió que una política que filtre el acceso a Europa según la raza o el origen étnico vulnera la Carta de los Derechos Fundamentales. Siguen recogiendo firmas por su cuenta, en su propia plataforma, sin ningún valor legal. Afirman llevar setecientas mil, cuarenta y cinco mil de ellas españolas, entre las que figura la de Santiago Abascal. Es la primera campaña de la historia que celebra haber sido vetada por incompatibilidad con los derechos humanos y sigue adelante con el papeleo como si nadie se hubiera dado cuenta.
Y luego está el Ayuntamiento de Barcelona, que esta semana anunció el acto supremacista en la agenda cultural de su propia web durante varios días, hasta que lo retiró y lo atribuyó a un error técnico. La primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, había dicho veinticuatro horas antes que el movimiento no es bienvenido en la ciudad y que sus ideas son racistas y xenófobas. La institución que declara que no eres bienvenido te programa en la sección de ocio. No existe una metáfora mejor del antirracismo institucional español y llevamos años intentando escribirla.
Hasta aquí la parte divertida. Sostener la risa más allá de este punto sería un favor que no pienso hacerles.
El grupo que organiza esto ha elegido llamarse Reconquista. Escogieron como marca el episodio que culmina en 1492 con la expulsión de personas de la península por su origen y por su fe, y lo han elegido creyendo que citan una victoria. Es la confesión más limpia que han hecho. Nos están diciendo con exactitud qué modelo de país tienen en la cabeza y en qué siglo lo encontraron. Cuando hablan de pueblos nativos, de continuidad étnica, de riesgo de convertirse en minoría en la propia tierra, no están innovando nada. Están reponiendo una obra vieja con producción nueva y subtítulos en inglés.
La palabra remigración es el envoltorio. Lo que hay dentro lleva funcionando en España desde hace décadas sin necesidad de rebautizarlo. Se llama Ley de Extranjería, se llama arraigo imposible, se llama centro de internamiento, se llama identificación por perfil racial a la salida del metro, se llama expediente de expulsión que llega cuando caduca un contrato. La diferencia entre lo que pide esa pancarta y lo que ya sucede es una cuestión de volumen y de vocabulario. Ellos quieren decirlo con megáfono a treinta metros de la Generalitat. El Estado prefiere hacerlo en ventanilla, con formulario y sin ruido, y quedarse después con el monopolio de la indignación cuando alguien lo dice en voz alta.
Por eso a las mujeres negras de este país la escena de hoy nos resulta menos exótica que a la mayoría de quienes la comentan. La propuesta que se despliega en Sant Jaume incluye expresamente a residentes legales que sus promotores consideren insuficientemente integrados o una carga cultural. Ese criterio no cabe en un documento de identidad. Cabe en una cara. Ninguna de nosotras necesita que le expliquen que el papel protege menos de lo que se anuncia, porque llevamos toda la vida acreditando en cada portal, en cada consulta médica, en cada entrevista de trabajo, que pertenecemos a un lugar donde muchas nacimos. La remigración, para nosotras, nunca ha sido una propuesta de futuro. Ha sido una pregunta cotidiana formulada con otras palabras, casi siempre en forma de de dónde eres realmente.
Queda la cuestión que más rabia da, la de por qué se permite. La ley española solo autoriza prohibir una concentración cuando existen razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes, y el contenido ideológico no basta por sí solo. Ese es el marco y conviene conocerlo para no discutir con fantasmas. La pregunta es otra. Por qué un programa explícito de expulsión por origen entra en el debate público con el mismo estatuto que una propuesta sobre el precio del alquiler. Por qué la Comisión Europea puede escribir por decisión formal que esto contradice los valores de la Unión y cuatro días después la misma idea se pasea por una plaza institucional española con escolta policial. Esa distancia entre lo que Europa firma y lo que Europa consiente es el verdadero tema de hoy, y no lo van a resolver ni los Mossos ni una nota de prensa municipal.
A las seis de la tarde, una hora antes que ellos, la Coordinadora Antifeixista de Barcelona y SomAntifeixistes ocupan la misma plaza. Van con menos metros cuadrados de lona y bastante más ciudad detrás. Ahí es donde toca estar, y no por ellos, que se irán a Madrid el miércoles con su pancarta enrollada en una furgoneta. Por nosotras, que nos quedamos aquí el jueves y el resto del año.