Imagen de participantes en la Marcha Verde de ocupación, noviembre 1975
Por Iñaki Alrui*
La Marcha Verde, de la que este 6 de noviembre se cumplen 51 años, no fue solamente una operación de presión territorial de Marruecos. Detrás de aquella ofensiva confluyeron los intereses estratégicos de Estados Unidos, la financiación saudí, la ambición de Hasán II y las decisiones de una monarquía española que estaba a punto de recuperar el trono. Medio siglo después, los documentos desclasificados permiten reconstruir cómo se impuso aquel desenlace y qué papel desempeñó Juan Carlos de Borbón. El pueblo saharaui continúa pagando las consecuencias
Las decisiones del entonces príncipe durante la crisis de 1975 facilitaron la ocupación. Los documentos desclasificados permiten reconstruir cómo se impuso ese desenlace.
Hay acontecimientos históricos que no pueden entenderse atendiendo únicamente a lo que sucedió ante los ojos del mundo. Detrás de las imágenes de miles de personas avanzando con banderas marroquíes hacia el Sáhara Occidental en noviembre de 1975 se desarrollaba una operación política y geoestratégica mucho más compleja. Una operación en la que participaron intereses extranjeros, servicios de inteligencia, financiación procedente de las monarquías petroleras y dirigentes dispuestos a sacrificar el futuro de un pueblo para asegurar sus propios objetivos.
La llamada Marcha Verde, presentada por Hasán II como una movilización popular pacífica para recuperar un territorio que consideraba marroquí, fue el instrumento utilizado para consumar la ocupación del Sáhara español. Pero su preparación había comenzado mucho antes, cuando Washington y Rabat encontraron una oportunidad para impedir que el proceso de descolonización desembocara en un Estado saharaui independiente, potencialmente próximo a Argelia y situado en una región de enorme importancia estratégica.
España, sumida en la agonía de la dictadura franquista que hacía aguas por todos los lados, terminó desempeñando un papel decisivo en aquel desenlace. Y en el centro de esa historia aparece un personaje fundamental: Juan Carlos de Borbón, entonces príncipe y jefe del Estado en funciones, cuya actuación durante aquellos días plantea interrogantes que siguen sin recibir una respuesta satisfactoria.
La Marcha Blanca: una operación preparada en la sombra
La Marcha Verde no nació de una improvisación de Hasán II. Según la reconstrucción histórica de Tomás Bárbulo en La historia prohibida del Sáhara Español (1), sus antecedentes se encuentran en un proyecto secreto conocido inicialmente como Marcha Blanca.
Un reducido grupo de responsables marroquíes habría trabajado con asesoramiento estadounidense en el diseño de la operación, mientras su financiación corría a cargo de Arabia Saudí. Los trabajos estratégicos se desarrollaron en Londres y estuvieron bajo la supervisión del entorno de seguridad del monarca alauí.
Bárbulo recoge también un episodio especialmente revelador: un mensaje cifrado remitido desde la embajada estadounidense en Beirut a Rabat, en el que se utilizaba el nombre de Laissa para referirse a la operación. La referencia a que Laissa podría andar dentro de dos meses anticipaba el momento en que el proyecto se haría público bajo su denominación definitiva: Marcha Verde.
La importancia de esta reconstrucción no reside únicamente en identificar a quienes participaron en la preparación de la operación. Permite comprender que la ocupación del Sáhara formaba parte de una estrategia política internacional en la que Estados Unidos tenía intereses propios y Arabia Saudí aportaba respaldo financiero.
La Guerra Fría constituía el telón de fondo. Washington contemplaba con preocupación la posibilidad de que surgiera en el noroeste africano un Estado independiente próximo a Argelia, país que mantenía estrechas relaciones con la Unión Soviética. Marruecos, por el contrario, representaba un aliado estratégico de Occidente y un elemento de contención frente a la influencia argelina.
Para Hasán II, además, la operación tenía una dimensión interna fundamental. La monarquía marroquí atravesaba una etapa de inestabilidad, marcada por las tensiones políticas y los intentos de golpe de Estado de 1971 y 1972. La reivindicación del Sáhara permitía desplazar el debate nacional hacia una causa patriótica que situaba al rey en el centro de la unidad del país.
La Marcha Verde terminó apropiándose del discurso nacionalista y obligando a los partidos marroquíes a cerrar filas alrededor de la monarquía. La recuperación del Sáhara se convirtió en un elemento central de la legitimidad política de Hasán II y de sus sucesores.
No era, por tanto, solamente una operación territorial. También era una operación de supervivencia del régimen.
La derrota de Hasán II en La Haya y la aceleración de la invasión
El 16 de octubre de 1975, el Tribunal Internacional de Justicia hizo públicas sus conclusiones sobre las reclamaciones territoriales de Marruecos y Mauritania.
La resolución supuso un revés para las aspiraciones de Hasán II. El tribunal reconoció que existían determinados vínculos jurídicos de carácter histórico entre el sultán de Marruecos y algunas poblaciones del territorio, pero rechazó que esos vínculos constituyeran soberanía territorial sobre el Sáhara Occidental.
Su conclusión era inequívoca: no existían vínculos jurídicos capaces de desplazar el derecho de autodeterminación de la población saharaui.
La Corte estableció que la descolonización debía realizarse mediante la expresión libre y genuina de la voluntad de los pueblos del territorio.
Hasán II reaccionó acelerando sus planes. Se dirigió a la población marroquí y anunció que había llegado el momento de recuperar el Sáhara. Presentó la operación como una marcha pacífica encabezada por él mismo y protagonizada por civiles, aunque protegida por las Fuerzas Armadas Reales.
El 6 de noviembre de 1975 comenzó la Marcha Verde.
Las autoridades marroquíes anunciaron la movilización de unos 350.000 civiles. La cifra se convirtió en uno de los grandes símbolos de la propaganda oficial, aunque la dimensión efectiva de las columnas que penetraron en el territorio y la presencia militar que las acompañaba deben distinguirse de aquella cifra propagandística.
Entre los participantes había efectivos militares marroquíes, mientras las Fuerzas Armadas Reales desarrollaban operaciones paralelas en el norte del territorio.
La supuesta marcha desarmada convivía así con una operación militar y diplomática cuyo objetivo era imponer una nueva realidad sobre el terreno.
Juan Carlos de Borbón: el príncipe que decidió el futuro del Sáhara
La crisis saharaui coincidió con uno de los momentos más delicados de la historia contemporánea española. Franco agonizaba, el régimen se descomponía y la sucesión monárquica estaba a punto de materializarse.
El príncipe Juan Carlos había sido designado sucesor de Franco a título de rey. Su principal preocupación política era garantizar la continuidad de la institución que estaba llamado a encabezar. El futuro de la Corona dependía, en buena medida, de su capacidad para obtener reconocimiento y respaldo internacional.
En ese escenario, el Sáhara se convirtió en una pieza de un tablero mucho más amplio.
La actuación de Juan Carlos durante aquellos días no puede reducirse a la imagen de un heredero que intentaba evitar una guerra colonial. Los documentos estadounidenses desclasificados en enero de 2017 y las investigaciones periodísticas posteriores han aportado información sobre sus contactos con Washington y sobre las negociaciones mantenidas con Hasán II.
Los archivos publicados por la CIA incluyeron más de doce millones de páginas, con miles de referencias a España, su política exterior y la evolución de la Transición (2). Entre ellas aparecen informes sobre el papel del príncipe, sus relaciones con los responsables estadounidenses y las maniobras desarrolladas durante la crisis del Sáhara.
Una investigación publicada por El Español en enero de 2017, a partir de documentación desclasificada (3), sostuvo que Juan Carlos había pactado secretamente con Hasán II determinadas condiciones para permitir la entrada de la avanzadilla de la Marcha Verde en el territorio.
Según esa reconstrucción, el acuerdo contemplaba la retirada previa de unidades españolas de determinados sectores fronterizos, la penetración limitada de las columnas marroquíes y la entrada de una delegación de funcionarios y agentes de Marruecos en El Aaiún.
Se trata de una información especialmente relevante para comprender la actuación del futuro monarca, aunque conviene distinguir lo que recoge la documentación estadounidense de las conclusiones que los periodistas extraen de ella.
Lo que resulta difícil de conciliar con la versión oficial de una retirada improvisada es la sucesión de decisiones que facilitaron la entrada marroquí y la ausencia de una respuesta española efectiva.
Días antes de la Marcha Verde, unidades de las Fuerzas Armadas Reales habían penetrado en el norte del territorio y ocupado posiciones abandonadas por las tropas españolas. El Frente Polisario se enfrentó a los invasores, mientras las unidades españolas recibían instrucciones que limitaron su capacidad de intervención.
El 1 de noviembre, Juan Carlos reunió en el Palacio de la Zarzuela al Gobierno y a los principales responsables militares para comunicarles su intención de viajar al Sáhara.
La explicación que habría ofrecido, según los testimonios recogidos sobre aquella reunión, era que España debía retirarse ordenadamente y evitar que sus soldados disparasen contra una multitud de civiles.
Sin embargo, el argumento ocultaba un dato esencial: las autoridades españolas conocían la presencia de fuerzas militares marroquíes y sabían que la operación no consistía simplemente en una movilización de mujeres, hombres y niños desarmados.
El 2 de noviembre, Juan Carlos llegó a El Aaiún y se dirigió a los mandos y soldados españoles. Su mensaje insistía en que España cumpliría sus compromisos y protegería los legítimos derechos de la población saharaui.
Aquellas palabras contrastaban dramáticamente con lo que sucedería pocos días después.
El príncipe abandonó el territorio y la retirada española continuó. La promesa de proteger a los saharauis quedó subordinada a las decisiones políticas adoptadas en Madrid y a los intereses que se habían impuesto en el escenario internacional.
Los Acuerdos de Madrid: una descolonización que nunca existió
El 14 de noviembre de 1975, España, Marruecos y Mauritania firmaron los denominados Acuerdos de Madrid (4).
Mediante aquella declaración, España aceptaba poner fin a su presencia colonial y establecer una administración temporal en la que participarían los tres países, con una representación de la población saharaui.
Pero el pueblo saharaui no había sido consultado sobre su futuro. Su derecho a decidir había quedado desplazado por una negociación entre gobiernos que se repartían la administración de un territorio que no les pertenecía.
Los acuerdos no transfirieron legalmente la soberanía del Sáhara a Marruecos ni a Mauritania. Tampoco podían sustituir el proceso de autodeterminación exigido por Naciones Unidas.
La Asamblea General de la ONU había reiterado la necesidad de respetar la voluntad de la población saharaui y de completar la descolonización conforme al derecho internacional.
Además, el secretario general Kurt Waldheim había planteado una alternativa que merece ser recordada: el denominado Plan Waldheim contemplaba la retirada española y una administración provisional de Naciones Unidas durante seis meses, periodo en el que debía organizarse el referéndum de autodeterminación.
Era una salida que permitía a España abandonar el territorio sin entregar su futuro a Marruecos y Mauritania.
Aquella posibilidad fue descartada.
La decisión española no fue, por tanto, la única salida posible ante el riesgo de un enfrentamiento militar. Existía una alternativa internacional que habría permitido respetar el derecho del pueblo saharaui.
El 26 de febrero de 1976, España comunicó oficialmente que daba por terminada su presencia en el territorio y se desligaba de sus responsabilidades internacionales. Al día siguiente, el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática.
La guerra se extendió durante los años siguientes. Mauritania terminó abandonando sus pretensiones territoriales en 1979 y Marruecos ocupó también la parte del territorio que había quedado bajo control mauritano.
La descolonización había sido sustituida por una ocupación que todavía continúa.
La restauración borbónica y los intereses de Washington
La cuestión saharaui no puede separarse del proceso de restauración monárquica en España.
Juan Carlos necesitaba respaldo exterior para consolidar su posición. La monarquía restaurada carecía de una legitimación democrática directa obtenida mediante una consulta específica sobre la forma de Estado y debía construir su reconocimiento en un escenario internacional dominado por la Guerra Fría.
Estados Unidos veía en el príncipe una figura con la que podía trabajar para garantizar una transición controlada, la continuidad de sus intereses estratégicos en España y la estabilidad de sus posiciones militares en el Mediterráneo.
Los informes de la CIA de aquellos años reflejaban inicialmente dudas sobre la capacidad de Juan Carlos para dirigir una transición política (5). Algunos documentos expresaban reservas sobre su popularidad y sobre el respaldo social a la restauración monárquica. Y la CIA conocía al Borbón tan bien como el embajador de EEUU en Madrid. Los documentos revelados por Wikileaks muestran un canal de contacto reservado y permanente entre el entonces príncipe y la embajada estadounidense, así como su impaciencia por hacerse con el poder. Algunas interpretaciones periodísticas han calificado esa relación como la de un informante; lo que los cables acreditan es un vínculo privilegiado y discreto con Washington, mantenido al margen del Gobierno español (6).
Con el tiempo, sin embargo, la valoración estadounidense fue cambiando.
La relación entre la Casa Blanca y la nueva monarquía se fortaleció. Juan Carlos realizó su primer viaje oficial a Estados Unidos como rey en junio de 1976 y recibió un importante respaldo de la Administración estadounidense.
Hago un paréntesis con este vieja del ya rey, entre los documentos desclasificados están las notas tomadas sobre la charla que mantuvieron en el Despacho Oval, Juan Carlos con el presidente Gerald Ford, en el que le plantea, como buen informador que era:
“Las elecciones nacionales van a ser antes que las municipales”, explicó el rey, para a continuación apostillar que el “error” de su abuelo Alfonso XIII había sido precisamente el convocar elecciones municipales el 12 de abril, que provocaron la proclamación de la Segunda República y su marcha al exilio. En ese encuentro en junio de 1976, cuando aún no había destituido a Arias Navarro y nombrado a Adolfo Suárez, el rey explicó al presidente de Estados Unido que las elecciones generales serían en ese otoño y las municipales la próxima primavera. Los plazos fueron muy distintos: las generales en junio de 1977 y las municipales ya en abril de 1979. (Confidencial Digital, 16/6/2016)
Sigo, no existe documentación suficiente para afirmar que ese reconocimiento constituyera el pago explícito de un pacto por la entrega del Sáhara. Pero sí resulta legítimo analizar la coincidencia entre los intereses estadounidenses, la actuación de Juan Carlos en noviembre de 1975 y el posterior respaldo internacional a la monarquía española.
La dimensión económica también merece atención. Las relaciones entre Juan Carlos y las monarquías petroleras, especialmente Arabia Saudí, terminaron adquiriendo una importancia considerable. Se han conocido operaciones financieras, préstamos y relaciones económicas que han generado numerosas investigaciones sobre el patrimonio del rey emérito.
Entre los episodios conocidos figura un préstamo saudí de 100 millones de dólares destinado a apoyar la consolidación de la monarquía española.
La posible relación entre aquella financiación y la actuación de Juan Carlos durante la crisis del Sáhara no está demostrada documentalmente. Sería irresponsable presentarla como una comisión probada. Pero tampoco debería impedir que se investiguen las conexiones políticas, financieras y diplomáticas que rodearon la restauración borbónica, algo que a día de hoy no se ha hecho. ¿Se hará?
El resultado histórico es, en cualquier caso, significativo: mientras Hasán II consolidaba su régimen mediante la reivindicación del Sáhara, Juan Carlos conseguía afianzar la posición internacional de la monarquía española.
Dos casas reales que encontraron en aquella crisis una oportunidad para reforzar su legitimidad.
El testimonio del militar Bernardo Vidal, vinculado a la Unión Militar Democrática y destinado en el Sáhara, expresa el sentimiento de quienes vivieron aquella retirada como una operación de engaño político y militar. Su denuncia señalaba que los soldados españoles habían terminado convertidos en instrumentos de intereses ajenos a sus compromisos y a las promesas realizadas a la población saharaui.
Una acusación que resume el profundo malestar de buena parte de los militares españoles destinados en el Sáhara, que consideraron aquella salida una humillación y una traición. Ese malestar, sin embargo, no se tradujo en una protesta pública: el silencio institucional de la cúpula militar contrastó con el papel amenazante que algunos mandos desempeñaron en la península durante la Transición, cuando se erigieron en dique frente a las aspiraciones democráticas que se expresaban en la calle.
Cincuenta y un años de ocupación, represión y exilio
La ocupación no”fue una operación incruenta, por mucho que el relato oficial insista en la “marcha pacífica».
La entrada de las fuerzas marroquíes estuvo acompañada de violencia contra la población civil, desplazamientos forzosos, detenciones, desapariciones y bombardeos contra personas que huían de sus hogares.
Uno de los episodios más graves fue el bombardeo de los campamentos de población desplazada de Oum Dreyga en febrero de 1976, en el que se ha denunciado el empleo de napalm y fósforo blanco contra civiles saharauis (7).
La represión se prolongó durante años, y sigue. Las denuncias de organizaciones de derechos humanos y de familiares de desaparecidos documentaron detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
En 2015, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz procesó a once altos responsables militares y policiales marroquíes por delitos de genocidio, asesinato, torturas y desaparición forzada en el marco de una investigación sobre los crímenes cometidos contra la población saharaui (8).
El procedimiento judicial constituyó un reconocimiento de la gravedad de los hechos investigados, aunque no debe confundirse un auto de procesamiento con una sentencia condenatoria, pues todo quedó en nada: la causa quedó en un estado de parálisis técnica (sumario concluido pero suspendido) (9).
Mientras tanto, miles de familias continúan viviendo separadas por el muro militar construido por Marruecos. Más de 170.000 personas, según estimaciones habitualmente utilizadas por las organizaciones humanitarias saharauis, sobreviven en los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia.
Allí han nacido generaciones enteras que nunca han conocido su tierra.
La ocupación también tiene una dimensión económica. Los recursos pesqueros, los fosfatos y otras riquezas naturales del territorio siguen siendo objeto de explotación, pese a las controversias jurídicas sobre los acuerdos comerciales que Marruecos y otros actores pretenden extender al Sáhara Occidental.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reiterado que el territorio saharaui es distinto y separado de Marruecos y que cualquier acuerdo que lo afecte requiere respetar el consentimiento del pueblo saharaui.
La riqueza de un territorio pendiente de descolonización continúa siendo explotada mientras sus habitantes siguen privados del derecho a decidir sobre su futuro.
De la traición de 1975 al giro político de Pedro Sánchez
La responsabilidad española no terminó con la retirada de 1976.
Durante décadas, los sucesivos gobiernos mantuvieron —formalmente, al menos— el apoyo al proceso de autodeterminación y a las resoluciones de Naciones Unidas, aunque sin impulsar una política capaz de revertir las consecuencias de los Acuerdos de Madrid.
En marzo de 2022, Pedro Sánchez modificó sustancialmente esa posición al respaldar la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, presentada en 2007.
El cambio provocó una profunda crisis diplomática con Argelia y una fuerte reacción entre las organizaciones de solidaridad con el pueblo saharaui.
La decisión se produjo después del escándalo de espionaje mediante Pegasus que afectó al presidente del Gobierno y a otros miembros del Ejecutivo. La coincidencia alimentó numerosas interpretaciones sobre las presiones ejercidas por Marruecos, aunque no existe una demostración concluyente de que el espionaje fuera la causa directa del cambio de posición.
Lo cierto es que el Gobierno español pasó a respaldar una propuesta que mantiene el territorio bajo soberanía marroquí, en lugar de defender como solución política la celebración de un referéndum que contemple todas las opciones, incluida la independencia.
La evolución internacional tampoco ha sido favorable a las aspiraciones saharauis.
Estados Unidos reconoció en diciembre de 2020 —gobernando Donald Trump— la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, en el contexto del acuerdo que permitió restablecer las relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel.
Posteriormente, otros gobiernos han expresado su respaldo a la propuesta de autonomía marroquí.
En el momento de escribir estas líneas —noviembre de 2026—, la situación sobre el terreno ha experimentado un nuevo giro. El 31 de octubre de 2025, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 2797. El texto tomó como base para las negociaciones la propuesta de autonomía de Marruecos y señaló que una autonomía genuina podría representar una solución viable. Pero también mantuvo expresamente la exigencia de una solución política que garantice la autodeterminación del pueblo saharaui (10).
No se trata, por tanto, de una resolución que reconozca la soberanía marroquí sobre el territorio ni de una desaparición jurídica del derecho de autodeterminación. Sin embargo, sí supone un cambio político de gran trascendencia en el marco de las negociaciones internacionales.
La MINURSO, creada en 1991 para organizar el referéndum y supervisar el alto el fuego, continúa existiendo sin haber conseguido cumplir su objetivo fundamental. Su mandato fue prorrogado hasta el 31 de octubre de 2026. Por primera vez en 35 años de despliegue ininterrumpido (desde su creación en 1991), la misión de paz carece de base jurídica para seguir operando sobre el terreno. Un equipo reducido, bajo la supervisión del Departamento de Apoyo Operacional de Naciones Unidas, ha comenzado las labores de repliegue de recursos económicos, activos materiales y de los cerca de 200 integrantes (entre personal civil, observadores militares y fuerzas de seguridad de más de 35 países) (11). Medio siglo después, el referéndum sigue pendiente.
El 30 de octubre, el Consejo de Seguridad no logró renovar el mandato: el proyecto de resolución de Estados Unidos recibió el veto de Rusia y el proyecto ruso, que prorrogaba la misión hasta octubre de 2027, fue rechazado con el voto en contra de Estados Unidos y once abstenciones (12). La delegación de Francia advirtió de que un cierre abrupto sería sumamente alarmante en un contexto de tensiones renovadas, y el secretario general, António Guterres, expresó su preocupación por el riesgo de una escalada y pidió la máxima moderación a todas las partes (13).
La MINURSO era algo más que un observatorio: funcionaba como mecanismo de amortiguación y canal permanente de enlace sobre el terreno, de modo que su extinción retira también una especie de “escudo jurídico”. Sin cascos azules en la zona será imposible verificar de forma independiente los incidentes locales (disparos, incursiones, drones), con el riesgo de una nueva escalada militar, teniendo en cuenta la ansiedad ocupadora de Marruecos.
El Sáhara no es una cuestión del pasado
El 27 de febrero de 2026 se cumplieron cincuenta años de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. Medio siglo de existencia política, resistencia y reivindicación de un derecho que sigue sin materializarse.
La proclamación de la RASD no fue simplemente una respuesta simbólica a la retirada española. Representó la voluntad de un pueblo de constituirse políticamente y de reclamar su lugar en la comunidad internacional.
A pesar del exilio, la ocupación y las dificultades diplomáticas, el pueblo saharaui ha mantenido sus instituciones, su identidad y su reivindicación de independencia.
Cincuenta y un años después, la historia de la Marcha Verde continúa siendo una historia de intereses imperiales, maniobras diplomáticas y decisiones políticas adoptadas sin contar con quienes tenían el derecho fundamental a decidir.
La operación permitió a Hasán II reforzar su monarquía, facilitó los intereses estratégicos de Estados Unidos y coincidió con la consolidación internacional de la monarquía de Juan Carlos de Borbón. Pero tuvo un coste que no pagaron quienes diseñaron aquella estrategia: lo pagó y lo sigue pagando el pueblo saharaui.
La relación entre las decisiones de Juan Carlos, los contactos con Hasán II, la intervención estadounidense y los intereses financieros saudíes merece seguir siendo investigada. Los documentos desclasificados han abierto una puerta que no debería cerrarse con las versiones oficiales de quienes protagonizaron aquellos acontecimientos.
No hace falta convertir cada sospecha en una certeza para reconocer la responsabilidad histórica de quienes decidieron el destino del Sáhara sin consultar a su población.
España prometió una descolonización basada en la autodeterminación y terminó abandonando el territorio en unas condiciones que facilitaron su ocupación. Esa responsabilidad no desaparece por el paso del tiempo ni por los cambios de Gobierno.
La deuda histórica permanece.
La Corona española obtuvo su reconocimiento internacional, la monarquía marroquí consolidó su proyecto nacional y las potencias occidentales preservaron sus intereses en el Magreb. Los saharauis, en cambio, perdieron su tierra, padecieron la guerra y fueron condenados a medio siglo de exilio y resistencia.
Cincuenta y un años después, la pregunta sigue siendo inevitable: ¿quién decidió que el futuro del pueblo saharaui podía negociarse a espaldas de sus habitantes?
La historia ofrece cada vez más elementos para responderla. Y España todavía tiene pendiente asumir las consecuencias políticas y jurídicas de aquella decisión.
Porque el Sáhara no es una página cerrada de la historia española. Es una descolonización pendiente, una responsabilidad incumplida y una lucha por la libertad que sigue viva.
Notas:
1.- Barbulo, Tomas: “La historia prohibida del Sáhara Español.” Península 2017.
2.- Buscar los textos originales directamente en el Portal de la CIA FOIA
3.- Juan Carlos pactó en secreto los términos de la Marcha Verde con Hassan II
4.- Acuerdo Tripartito de Madrid
5.- La CIA veía «improbable» que el rey Juan Carlos pudiera liderar la Transición
6.- El rey de España fue informante de Estados Unidos durante el franquismo
7.- Um Dreiga
8.- La justicia española juzga al Reino de Marruecos por genocidio en el Sáhara Occidental
9.- Informe sobre el estado de la Jurisdicción Universal en España 2016. (Pag.37)
10.- Consejo de Seguridad. Resolución 2797
11.- La ONU inicia el desmantelamiento de su misión en Sáhara Occidental tras el fin de su mandato
12.- Consejo de Seguridad: fracasa la votación sobre la prórroga de la MINURSO (30/10/2026)
13.- La ONU reafirma su compromiso con una solución pacífica tras el fin de la misión de paz MINURSO
Más artículos del autor. Miembro de la Asamblea de Redacción de LQSomos.
@InakiAlo
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