Hay una isla del Caribe que la cadena de televisión española Telecinco vende como desierta. Cada noche de gala, Supervivientes All Stars muestra a famosos pasando hambre en un paraíso aparentemente vacío. Lo que la cámara no enseña es que esa isla nunca estuvo vacía. Mientras se emitía el programa, a pocos kilómetros de los focos la policía hondureña llegaba con una orden de desalojo contra un campamento del pueblo garífuna, un pueblo negro que habita esa costa desde hace más de dos siglos. Para quienes somos mujeres negras y hablamos español, esta historia nos resulta familiar. Se parece a la de nuestras comunidades costeras en Colombia, en Panamá, en Ecuador o en Cuba, siempre empujadas fuera de la orilla. Lo que ocurre en Cayos Cochinos es solo la parte más visible de una ofensiva contra todo un pueblo, sus tierras y su derecho a existir como pueblo.
Para entender lo que está en juego hay que empezar por la historia. Los garífunas, que se nombran a sí mismos Garinagu en plural, nacieron en la isla caribeña de San Vicente del encuentro entre africanos que escaparon de la esclavitud y los pueblos caribes y arahuacos que ya vivían allí. Durante décadas resistieron a la colonización británica. Tras su derrota, los ingleses los deportaron en masa. En abril de 1797 desembarcaron en Roatán, frente a la costa hondureña, y desde allí se extendieron por todo el litoral atlántico centroamericano, de Belice a Nicaragua. Este año se han cumplido 229 años de aquella llegada a Honduras. Su lengua, su música y su danza están reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Es un pueblo que mantiene vivo el idioma y la memoria de sus ancestras y ancestros, y en el que las mujeres ocupan un lugar central en la vida comunitaria y en la defensa del territorio.
Para los garífunas, la tierra es la condición misma de su existencia como pueblo. La pesca, el cultivo de la yuca, la elaboración del casabe, las ceremonias espirituales y la transmisión de la lengua ocurren en ese territorio compartido entre el mar y la playa. Por eso la propiedad garífuna es colectiva. No se vende ni se parcela. Durante décadas esa franja de costa fue considerada tierra marginal, lejos del interés de nadie. Hoy es una de las zonas más codiciadas del país. El turismo de lujo, los complejos hoteleros, las terminales de cruceros, el monocultivo de palma africana y los proyectos de zonas económicas especiales se disputan cada kilómetro de playa. Los títulos colectivos que el Estado llegó a reconocer se han ido fragmentando mediante ventas irregulares, ampliaciones municipales y concesiones a terceros. El resultado es un despojo lento y constante que convierte a las comunidades en extrañas dentro de su propia tierra.
La justicia internacional ya se ha pronunciado sobre esto, y más de una vez. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado a Honduras en cuatro ocasiones por violar los derechos territoriales garífunas. En 2015 dictó sentencias a favor de las comunidades de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz. En 2023 falló a favor de la comunidad de San Juan, en Tela, reconociendo su propiedad colectiva y su derecho ancestral sobre ese territorio. Después llegó la sentencia sobre Cayos Cochinos. Ninguna de estas resoluciones se ha cumplido plenamente. El propio coordinador de la Defensoría de Pueblos Indígenas y Afrohondureños del CONADEH ha reclamado públicamente que Honduras cumpla las sentencias, citando el fallo de Cayos Cochinos y los casos pendientes de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra. Triunfo de la Cruz, además, carga con una herida abierta. En julio de 2020, hombres armados vestidos como policías se llevaron a jóvenes de la comunidad, entre ellos su presidente de patronato, y el Estado sigue sin dar respuestas a sus familias.
Sobre ese terreno ya castigado cayó este verano una nueva ley. El gobierno de Nasry Asfura aprobó la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, publicada en La Gaceta el 26 de junio de 2026 como Decreto Legislativo 107-2026. En la práctica, esta norma ha servido para acelerar desalojos de tierras en disputa en todo el país. La reacción internacional fue inmediata. El 4 de septiembre, expertos de Naciones Unidas exigieron a Honduras detener la ejecución de más de mil órdenes de desalojo emitidas durante julio bajo esta ley, aprobada sin consultar a las comunidades que podrían ser desplazadas. Las comunidades garífunas, junto a campesinas e indígenas, están entre las más expuestas.
La primera en sufrirla fue San Juan, en Tela, precisamente la comunidad protegida por la sentencia de 2023. El 6 de julio llegaron más de 200 policías para ejecutar el desalojo y detuvieron a cinco personas defensoras de la Organización Fraternal Negra Hondureña. Se llaman Deinor Osmany Mejía Arzu, Irbin Rene López Cortes, Carlos Enrique Fernández Guzmán, Onil Rigoberto Hernández Zelaya y Sara Abigail Acosta. Los gases lacrimógenos dejaron personas heridas y afectadas. Hubo además una contradicción que las organizaciones denunciaron enseguida. Días antes, la propia Dirección General de la Policía había emitido una circular que ordenaba actuar contra ocupaciones ilegales exceptuando expresamente las tierras indígenas y tribales protegidas por el Convenio 169.
Lo ocurrido después con las cinco personas detenidas muestra cómo funciona la criminalización. Quedaron en libertad bajo medidas cautelares, y la jueza de Tela se declaró incompetente y trasladó el caso a un juzgado especializado en crimen organizado. La OFRANEH denunció que así se trata la defensa de un territorio ancestral como si fuera la actividad de una banda criminal. Hoy están acusadas de usurpación agravada, es decir, de ocupar ilegalmente la tierra que la Corte Interamericana reconoce como suya.
Todo esto viene acompañado de una campaña que pone el racismo al servicio del despojo. Ulises Aguirre, periodista de Televicentro condecorado por el Congreso Nacional, afirmó en antena que los garífunas no son un pueblo originario porque llegaron de otras latitudes, les atribuyó desgana por estudiar y trabajar y los llamó «advenedizos». Estas palabras cumplen una función concreta. Si los garífunas no son reconocidos como pueblo con derechos colectivos, quedan fuera de la protección del Convenio 169 de la OIT, que ampara a pueblos indígenas y tribales y obliga a consultarles antes de cualquier decisión que afecte a sus territorios. Negarles la condición de pueblo equivale a declarar sus tierras libres para quien pueda pagarlas. Es el mismo argumento que se repite en toda América contra las comunidades afrodescendientes. Se les acusa de no pertenecer a la tierra que sus ancestras habitaron durante siglos, y se hace desde países cuyas élites descienden precisamente de quienes llegaron en barcos coloniales. La OFRANEH sostiene que esta campaña de odio empezó en noviembre de 2025 y que protege los intereses de familias con inversiones en el litoral atlántico, en las mismas tierras que los garífunas reclaman como ancestrales.
La respuesta del pueblo garífuna ha sido organizarse. En agosto, la OFRANEH levantó el Campamento por la Vida del Pueblo Garífuna frente a la Corte Suprema de Justicia, en Tegucigalpa. Cientos de personas lo sostienen desde el 10 de agosto, con cocina comunitaria, asambleas y apoyo de movimientos sociales de todo el país. Exigen que se cumplan las sentencias interamericanas sobre comunidades garífunas y que se cierre el proceso penal contra las cinco personas de San Juan. En septiembre dieron un paso más. Liderazgos garífunas, acompañados por pueblos indígenas y campesinos, presentaron una denuncia penal por crímenes de lesa humanidad contra los miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que preside Asfura. Al presentarla, la coordinadora de la OFRANEH, Miriam Miranda, lo resumió perfectamente. «No somos delincuentes, no somos terroristas». Una misión internacional viajó al país del 17 al 19 de septiembre para acompañar a la organización y observar la situación de las personas defensoras.
Y así volvemos a Cayos Cochinos, donde el despojo tiene cámaras, patrocinadores y audiencia. Este archipiélago de islas y cayos frente a la costa de Atlántida es territorio de pesca garífuna desde hace generaciones. Allí se graba Supervivientes desde hace casi dos décadas. Durante los rodajes, guardacostas acompañados de soldados han impedido a los pescadores garífunas faenar cerca de los cayos para no estropear la imagen de isla virgen que se vende al público europeo. La Corte Interamericana acabó dándoles la razón. Consideró que restringir el acceso de la comunidad a sus playas durante las grabaciones violaba sus derechos humanos.
Este septiembre la tensión estalló otra vez. La comunidad instaló un campamento pacífico para defender su territorio y rechazar el rodaje en plena temporada de desove de la tortuga carey, una especie protegida. La OFRANEH denunció que la noche del 14 de septiembre la policía entró en el campamento, rajó con navajas cinco tiendas de campaña, quemó ropa en una hoguera y se llevó dinero y trece chalecos salvavidas. Tres días después llegó una orden judicial de desalojo contra unas 40 personas garífunas acampadas en Playa Uva. La lideresa Mabel Ávila Robledo denunció que esa orden declara Cayo Menor propiedad de una empresa, la Sociedad Ecológica S.A. La firmó el mismo tipo de juzgado de crimen organizado que lleva el caso de San Juan. Telecinco terminó trasladando a los concursantes a Laguna Cacao, en la costa continental cerca de La Ceiba, y la gala siguió adelante.
Sería deshonesto contar esta historia como un enfrentamiento entre un pueblo unido y una cadena de televisión. Unas 80 personas garífunas de Cayos Cochinos y Nueva Armenia se manifestaron en La Ceiba para pedir que la productora española no se marchara, defendiendo que el programa ha traído turismo y proyección internacional desde 2006. El reality contrata a gente de la zona como cocineras, carpinteros o lancheros. Esta división es también parte del despojo. Cuando un Estado abandona durante décadas a las comunidades negras de su costa, sin escuelas dignas, sin centros de salud y sin empleo, una producción extranjera se convierte en el único salario posible. La dependencia económica fractura a los pueblos y enfrenta a vecinas con vecinas. Precisamente por eso la Corte Interamericana insiste en la consulta previa, libre e informada. La decisión sobre qué ocurre en Cayos Cochinos corresponde al pueblo garífuna en su conjunto, con toda la información sobre la mesa. No le corresponde a un juzgado de crimen organizado ni a los despachos de Mediaset dueña de la cadena Telecinco.
¿Por qué nos toca a nosotras? Porque el argumento que hoy se usa contra los garífunas es el mismo que se ha usado contra todas las comunidades negras de habla hispana. Desde México hasta Uruguay se nos ha repetido que no somos de aquí, que nuestra presencia es un accidente de la historia y que la tierra pertenece a otros. Las comunidades negras del Pacífico colombiano conocen bien ese guion. Tienen títulos colectivos reconocidos por ley desde 1993 y han sufrido igualmente el desplazamiento por la palma, la minería y la guerra. El racismo que llama advenedizos a los garífunas es el mismo que nos pregunta de dónde somos en cualquier ciudad donde vivamos. Hay además algo que nos une y nos interroga. Nosotras hablamos la lengua que nos impuso la colonia. El pueblo garífuna conservó la suya a través de deportaciones y persecuciones, y esa lengua es hoy una de sus armas de resistencia. La continuidad colonial salta a la vista. Fueron barcos españoles y portugueses los que arrancaron de África a las ancestras de este pueblo, y hoy es una cadena española la que convierte su territorio en decorado. La imagen de la isla desierta donde gente blanca juega a sobrevivir borra a quienes viven allí, como durante siglos se borró a todo el Caribe negro.
Lo que está pasando con el pueblo garífuna es una prueba de fuego para el sistema interamericano de derechos humanos. Cuatro sentencias incumplidas, una ley que multiplica los desalojos, cinco personas defensoras tratadas como criminales organizadas y una campaña mediática que niega la existencia misma del pueblo. Frente a eso, un campamento que resiste en la capital y comunidades que se niegan a abandonar sus playas. En primera línea están mujeres como Miriam Miranda, Mabel Robledo o Sara Abigail Acosta. Las mujeres negras hispanohablantes, estemos donde estemos, sabemos lo que significa que nos nieguen la tierra y la palabra. Nos toca amplificar sus denuncias, nombrar a sus defensoras, exigir que se cumplan las sentencias y señalar a quienes hacen negocio con su expulsión. El pueblo garífuna sobrevivió a la esclavitud, a la deportación y a dos siglos de racismo de Estado. Su lucha es también la nuestra.
Redacción Afroféminas
