El 27 de julio de 2026, la Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia (ReNaCeR), que liga a luchas en 17 estados del país, publicó un pronunciamiento en apoyo a las comunidades y organizaciones en lucha contra GPO (Gas y Petroquímica de Occidente, GPO, del grupo suizo-alemán Proman), donde detallan los peligros de este emprendimiento (https://tinyurl.com/ohuira-renacer).

Apoyan la resistencia de las comunidades mayo-yoreme, en defensa de su territorio y medios de subsistencia, y al movimiento ¡Aquí No! que agrupa a organizaciones y comunidades de toda la región. Aunque es territorio indígena, no se ha respetado su derecho a dar o negar su consentimiento previo, libre e informado las comunidades que serán afectadas. Debido a las protestas comenzó tardíamente un proceso de diálogo, pero no en las formas que establecen los derechos indígenas.

La Bahía de Ohuira es un sitio Ramsar de protección de humedales, tiene una gran diversidad acuática de peces, camarones y moluscos, así como de aves migratorias. La planta de GPO amenaza el sustento de más de 3 mil 500 familias pescadoras de la zona.

Renacer señala que el proyecto se inserta en un corredor petroquímico que incluye la planta de amoníaco de GPO, una planta de metanol de Mexinol, gasoductos, transporte de combustibles fósiles y sustancias químicas peligrosas. La propia Manifestación de Impacto Ambiental de GPO afirma que la fabricación de amoníaco implica diversos impactos ambientales, químicos y riesgo de fugas, incendios, explosiones, intoxicaciones, entre otros. Mencionan que el mayor peligro proviene de un escape masivo y repentino de gas. Según expertos, esto produciría una gran nube de vapor tóxico que se extendería por toda la bahía, afectando las poblaciones de Topolobampo, Paredones, Ohuira, Lázaro Cárdenas y Los Mochis.

No se trata sólo de aumentar la seguridad empresarial, hay riesgo de accidentes industriales y errores humanos, fenómenos hidrometeorológicos como huracanes, inundaciones y sismos, que pueden causar desastres graves. No son posibilidades lejanas. Según datos del Centro de Orientación para la Atención de Emergencias Ambientales (COATEA) de la Profepa, se registraron 383 incidentes por amoníaco en México entre 2000 y 2019.

Enrique Ayala integrante del colectivo ¡Aquí No!, explica que la zona no está preparada para enfrentar desastres. Ya han ocurrido problemas menores y no se ha podido atenderlos, el peligro al que se somete ahora a las poblaciones y ecosistemas es mucho mayor (https://tinyurl.com/ms9cv9dk).

Al contrario de lo que afirma el gobierno para justificar la planta, este corredor petroquímico mina la soberanía alimentaria, tanto por los impactos en las formas sustentables de vida de las comunidades, como por el aumento de la contaminación en los suelos y cauces de agua de la región por los fertilizantes sintéticos y agrotóxicos usados en la agricultura industrial.

El uso de fertilizantes sintéticos es causa de uno de los mayores problemas ambientales globales: la disrupción de los ciclos naturales del nitrógeno y del fósforo, uno de los nueve “límites planetarios” globales cruciales para la vida en el planeta. Se ha traspasado ese límite planetario gravemente y urge detener la expansión de los fertilizantes sintéticos, tanto como detener el caos climático, otro límite planetario, a cuya crisis contribuyen significativamente los fertilizantes sintéticos (https://tinyurl.com/5n6fzuty).

El gobierno justifica la planta de GPO con el argumento de que bajarán las importaciones de fertilizantes a México. Aún si así fuera, la planta de GPO producirá cerca de tres veces más de lo que importa México, por lo que la mayor parte de la producción será para exportación. La empresa transnacional usa, contamina y pone en peligro el territorio de comunidades indígenas y poblaciones en México para aumentar sus ganancias, exportar y consolidar un modelo de agricultura industrial y corporativo que está terminando con el planeta. También buena parte de la producción agrícola industrial de Sinaloa va a exportación, dejando aquí nada más que la contaminación de agua y erosión de suelos.

Hay abundantes alternativas al uso de fertilizantes sintéticos, que es lo que se debería apoyar, en lugar de subsidiar empresas extranjeras y aumentar las zonas de sacrificio social y ambiental en México.

“Ya no queremos seguir poniendo a los enfermos y a los muertos como resultado del envenenamiento y contaminación que nos han dejado”, declara Renacer y exige la cancelación definitiva de proyectos petroquímicos de alto riesgo en la Bahía de Ohuira y su zona de influencia, así como el pleno respeto a los derechos indígenas y al derecho humano al medio ambiente sano.

También, basados en las dolorosas experiencias de los miembros de esta red, exigen “estudios independientes y acumulativos” sobre los impactos de los proyectos existentes y previstos para la región.