Pie en pared puso también la ciudadanía suiza, en el reciente referéndum impulsado por la derecha para limitar a diez millones la cantidad de habitantes del país alpino. Más allá de la estupidez de la propuesta –¿cómo se iba a controlar, con un contador en paritorios y fronteras?– ésta buscaba poner un freno a la migración, pero 54.8 por ciento de los votantes descartó la propuesta.
La migración, junto al antifeminismo, sigue siendo el principal caballo de batalla global de una extrema derecha que modula su discurso país a país. En el Estado español, PP y Vox han puesto el grito en el cielo por un proceso de regularización extraordinaria de migrantes que está superando todas las expectativas. El gobierno preveía procesar cerca de medio millón de solicitudes, pero una vez finalizado el plazo para presentar peticiones, estas han superado el millón.
El proceso ha sido impugnado judicialmente por los partidos de la derecha, que utilizan la medida para alimentar la idea del supuesto pucherazo que Pedro Sánchez prepara para las próximas elecciones. Concretamente, acusan al presidente de estar inflando el censo electoral mediante esta regularización y mediante la llamada “ley de nietos” –que permite solicitar la nacionalidad a hijos y nietos de exiliados tras el golpe de 1936–.
La acusación es otra estupidez, para empezar porque las personas que obtengan ahora permisos de residencia y trabajo no van a poder votar en las próximas elecciones generales –para eso deberían nacionalizarse–, pero sitúa el debate en torno a la migración en una encrucijada interesante. Aquí es donde queríamos llegar.
Aunque tiene su trampa por incluir a los menores de edad, el titular es demasiado jugoso como para dejarlo escapar: una minoría decide ya sobre una mayoría. Este fenómeno va a ir acentuándose en los próximos años, por lo que o se hace algo, o seguir llamando a esto democracia presenta sus problemas.
El caso de Basilea clama al cielo, pero la tendencia es generalizada en el Norte global. En mi país, Euskal Herria, la evolución sigue derroteros parecidos, aunque las cifras estén a años luz. En el sur del país –la parte encajada en el Estado español–, en 1998 había empadronadas 2 millones 633 mil 637 personas y el censo electoral estaba compuesto por 2 millones 283 mil 337 personas.
Dos décadas después, en 2020, el número de personas con derecho a voto apenas se había movido (2 millones 303 mil 929), pero ya había empadronadas 2 millones 874 mil 718 personas. Es decir, la brecha entre padrón y censo pasó de 350 mil 300 a 570 mil 789 personas. O lo que es lo mismo, en veinte años, el porcentaje de empadronados con derecho a voto pasó de 86.7 a 80.1 por ciento. Y es fácil pensar en que la tendencia no habrá hecho sino agravarse.
Cada vez viven entre nosotros más personas sin derecho al voto, y es precisamente ahí donde el discurso utilitarista en torno a la migración encuentra sus límites. Abanderado por patronales necesitadas de mano de obra, el argumento –real– según el cual un Norte global con tasas de natalidad muy bajas necesita a personas de otros países para mantener la economía goza de predicamento también en la izquierda, que encuentra un asidero para salir de las acusaciones de “buenista” que le lanza la derecha.
Un paréntesis en forma de espejo. Si alguien os llama de “buenistas”, habrá que colegir que existen los “malistas”, entre los cuales se sitúan quienes lanzan semejantes acusaciones. Ser mala persona está de moda, pero no nos cansemos de señalarlo.
Dicho esto, apropiarse de los argumentos de los empresarios es más que lícito, pero sin olvidar los originales, porque ellos no quieren migrantes, quieren mano de obra barata y precaria. Es decir, con cuantos menos derechos mejor. Y, sin embargo, si viven, trabajan y cotizan aquí, ¿por qué no van a tener nuestros mismos derechos?