3.000 toneladas de pulpos al año
Como explica la periodista Lara Graña en Faro de Vigo, Nueva Pescanova justifica su retirada amparándose en motivos puramente burocráticos. La empresa alega «consideraciones empresariales y regulatorias» derivadas de los complejos giros que había tomado el procedimiento.
El punto de inflexión llegó cuando la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental del Gobierno de Canarias obligó a someter el proyecto a una Evaluación Ambiental Ordinaria —mucho más rigurosa y exhaustiva—, en lugar del trámite simplificado que la compañía esperaba sortear.
Esta exigencia técnica pretendía fiscalizar a fondo posibles efectos adversos significativos de la instalación, como el empeoramiento de la calidad de las aguas portuarias por vertidos orgánicos y el riesgo de malos olores. Acorde a la documentación que han remitido a la Autoridad Portuaria, todo ello modificó de forma sustancial las condiciones, alcance, plazos y requisitos regulatorios del planteamiento inicial, trastocando la viabilidad inmediata de la granja.
Con un presupuesto de 50 millones de euros y una ocupación de 50.000 metros cuadrados, la pesquera pretendía alcanzar una producción anual de 3.000 toneladas de cefalópodos, equivalente a más del 10% del consumo nacional. No obstante, en su escrito de renuncia, la multinacional asegura que esta decisión no implica un reconocimiento sobre la «eventual viabilidad futura de otras alternativas técnicas, ambientales o de ubicación».
Impacto ambiental y de bienestar animal
Para la comunidad científica y los colectivos ecologistas, el proyecto de Nueva Pescanova era una aberración desde su concepción. Durante estos años, biólogos marinos y etólogos han advertido sobre la incompatibilidad de someter a cautiverio a una especie como el pulpo al ser excepcionalmente inteligentes, altamente sintientes, territoriales y de naturaleza estricta y solitaria. Confinarlos en tanques de engorde suponía un riesgo de estrés severo, canibalismo y sufrimiento crónico, insistían especialistas y activistas.
En este sentido, un informe elaborado por la ONG británica Compassion in World Farming (CIWF) volvía a poner recientemente en entredicho esta actividad, apuntando a la imposibilidad de garantizar unas condiciones de vida dignas para la especie bajo un régimen intensivo. Según la organización, España es el país que más fondos públicos invierte en la cría de estos animales. En concreto, 9,7 millones de euros destinados a desarrollar una práctica que los responsables de la ONG consideran “cruel e insostenible” precisamente por vulnerar las necesidades biológicas y cognitivas del pulpo. De todo ese dinero, 3,6 millones de euros proceden de fondos de la Unión Europea, ya sea en forma de financiación directa o como parte de préstamos para apoyar a empresas privadas involucradas en esa práctica.
El carpetazo a la macrogranja no puede entenderse sin la movilización sin precedentes que ha rodeado al caso. La oposición trascendió rápidamente el archipiélago canario para convertirse en una causa global. En las últimas semanas, la presión sobre Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, se había intensificado con el envío masivo de miles de correos electrónicos exigiendo el fin de la tramitación.
A esto se suma la gran coalición de organizaciones —entre las que destacan Ecologistas en Acción, AnimaNaturalis, Acción Océanos y Eurogroup for Animals, entre otras— que había convocado una protesta presencial para este mismo sábado, 25 de julio, frente al puerto.