El Sudamericano 22/09/26
Si hay algo silenciado por la historia oficial, la escrita por las clases dominantes, es la lucha de clases, y más cuando el capitalismo se encuentra en la peor crisis de su historia. La burguesía necesita ahora mismo tres cosas fundamentales: explotar lo más posible a la clase obrera; reforzar la militarización para abrir nuevos frentes de guerra, y disciplinar a las burguesías y sectores sociales que dudan si sumarse o no a la guerra. En los tres casos, es una prioridad negar la existencia de la lucha de clases.
Sin embargo, una detallada investigación realizada por CGT de Catalunya muestra que en 2026 las huelgas ordinarias no las generales, baten records en comparación al año anterior: «En el primer semestre de 2026 el seguimiento de huelgas ordinarias, excluyendo las generales, ha sido mayor que las acumuladas en un periodo de 12 meses para cualquier año desde, al menos, 2012. Un total de 354.172 huelguistas que suman 903.396 jornadas de huelga ordinaria. Si sumamos las 76.494 personas que siguieron una huelga general en 2026, la práctica totalidad debida a la Huelga General en Euskal Herria por el SMI vasco, se alcanzan los 430.666 huelguistas en solo seis meses, mientras que el conjunto de jornadas de huelga por ambos orígenes roza el millón»1.
Además, tiende a crecer otra forma esencial de la lucha de clases como es el antifascismo. Se incrementan las concentraciones públicas contra la amenaza fascista en muchas partes, con participación mayoritariamente popular y obrera, y con asistencia creciente de juventud femenina. La consigna de «Que ser fascista vuelva a dar vergüenza»2, se opone en abierta pugna a la tendencia al alza del voto derechista, según indica el CIS en su reciente sondeo3 sobre la intención de voto en el Estado español. Una luz de esperanza aparece en la consigna ovetense de que ser fascista ha de dar vergüenza, porque la táctica suicida del reformismo para derrotar a los fascistas dejaba de lado tanto la movilización en la calle como el contenido axiológico, ético, que debe tener toda defensa de la libertad y toda batalla contra el irracionalismo criminal. Parafraseando al joven Marx, sentir vergüenza por la pasividad ante la opresión viene a ser como el león que toma impulso para saltar contra su presa.
Otra esperanza sobre el futuro la tenemos en el retroceso del opio religioso en sus dosis católicas. La Iglesia española es una fuerza de terror moral, reaccionario y capitalista. Ha ayudado de forma muy importante a las derrotas de los movimientos revolucionarios, santificando el franquismo y legitimando entre sus creyentes la llamada «transición». Según el CIS de mediados de 2026, en cinco años, desde 2019 a ahora, los católicos no practicantes han bajado del 45% a menos del 40%; los católicos practicantes han bajado de alrededor del 22% a poco más del 15% y los ateos han subido de poco más del 10% al 17% en cinco años4. Dejando de lado los ateísmos diferentes y centrándonos en el marxista, el más coherente, el retroceso de la Iglesia puede ayudar y mucho a la lucha de clases siempre que los comunistas sepamos intervenir en este frente de combate.
La combatividad obrera al alza es combatida por el Estado, por el Gobierno, por los partidos reformistas y reaccionarios, por las instituciones, etc., porque además de exigirlo la burguesía, con la que se identifican, también lo exige el Ibex 35 que está cada vez más en manos de grandes grupos y corporaciones imperialistas. «Los fondos internacionales controlan el 48,7% de las acciones, el peso de las familias ha bajado notablemente hasta suponer solo el 15,8% del total; también se ha desinflado el peso estatal (4,1%) y el de los bancos y cajas (4%), se ha mantenido casi sin cambios la industria de la inversión colectiva española (5,8%), mientras que ha subido de forma notable la ponderación de las empresas no financieras hasta suponer el 21,6% del total»5. Toda inversión externa exige disciplina laboral, reducción de salarios y de derechos sindicales, mayores «favores» para sus negocios como, por ejemplo, impunidad para destruir la naturaleza, etc., y las fuerzas represivas, incluida la justicia, obedecen a sus amos.
Pese a que el proletariado oprimido nacionalmente es el que está en peores condiciones para resistir las exigencias de los capitales externos, no por ello fracasa su lucha nacional de clase como lo demuestra la derrota de la transnacional portuguesa Altri en Galiza en febrero de 2026, derrota también política de la burguesía del país a manos del pueblo trabajador que plantea un modelo económico incompatible con el capitalista6. El movimiento obrero asume la defensa y el uso cotidiano de su lengua nacional como un «Arma de clase […] Galicia es una nación y un pueblo con identidad propia: tenemos una cultura, una historia y un idioma propios, y son estas características las que nos hacen gallegos. Nuestro idioma es parte fundamental de nuestra identidad. El gallego fue siempre el idioma de la clase trabajadora gallega, fue lengua de resistencia y continúa resistiendo en condiciones muy difíciles.»7.
La lucha obrera también se enfrenta a la moderna explotación esclavista consistente en que la patronal galega le «roba» casi 200 millones de euros al no pagar las horas extras trabajadas gratuitamente8. Esos casi 200 millones son parte de los 3.378 millones de euros anuales que la burguesía «roba» al proletariado en todo el Estado9. Otras investigaciones indican que 2,5 millones de horas extras no se pagan, lo que equivale a 68.000 empleos10.
De entre las múltiples formas de represión capitalista de las luchas obreras, destaca desde siempre las temibles «listas negras» aplicadas contra la clase trabajadora desde el último tercio del siglo XVIII, nada más surgir la lucha de clases entre el trabajo y el capital en EE.UU. Ahora mismo tenemos una muestra vívida de su funcionamiento en la lista negra creada y vigente tras la dura huelga de 25.000 obreros en Cádiz. El poder intimidatorio y eficacia represiva radica en la invisibilidad de su funcionamiento. Manuel Balber, trabajador reprimido por ese método tan cruel tiene razón cuando dice que «Siempre han tenido listas negras, lo que pasa es que no se cuelgan en los tablones”»11. Además, cuando se denuncia públicamente la injusticia de las listas negras, casi de inmediato el reformismo acude para quitar gravedad a la injusticia, como es el caso de SUMAR12 que forma parte del gobierno español.
Las listas negras son muy difíciles de combatir precisamente porque resulta casi imposible demostrar fehacientemente su existencia, en especial las elaboradas por los servicios de inteligencia del Estado burgués, que vigilan que trabajadores «rojos» no sean admitidos en empresas estratégicas para el capital, sobre todo las militares, o sean expulsados si han sido identificados dentro. La militarización del capitalismo hace que la industria de la matanza humana infecte a toda la sociedad, volviendo estratégicas a cada vez más empresas aparentemente «civiles»:
«La lista de «zonas críticas» se extiende cada vez a más sectores: administración pública, empresas de alimentación, hospitales, banca o universidades están también afectadas, ya que forman parte del llamado Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. Esta ley identifica 12 sectores estratégicos cuyo funcionamiento es vital para el país y que, por tanto, requieren medidas de seguridad reforzadas. La traducción de esto es que hay trabajos en los que alguien con perfil combativo o con militancia política no entrará nunca. […] Pero lo cierto es que los casos de despido por revocación o no concesión de la HPS no están vinculados nunca a cuestiones de «seguridad nacional», sino al grado de combatividad de las plantillas. Si esta estrategia tiene éxito, el Estado terminará declarando como «actividad crítica» hasta la limpieza de los retretes.»13
Pero también existe la represión pública, legal según la justicia burguesa, que golpea a la clase trabajadora tanto en sus luchas en el centro de trabajo como en las manifestaciones y actos en la calle, en plazas y locales. La conocida como ley mordaza, impuesta en 2015, es un mazo que cae a diario sobre las movilizaciones populares. Un objetivo de este ley es el de ocultar su finalidad política al recurrir a las multas aparentemente despolitizadas, así como otorgar grandes poderes discrecionales a las fuerzas represivas. En 2015 esta ley fue denunciada por el grueso de partidos políticos en base a la inconstitucionalidad de varios de sus artículos, pero en 11 años no han hecho nada por derogarla14.
Una de las luchas más perseguidas por la ley mordaza es la que se enfrenta a los desahucios que destrozan la vida obrera y popular. Los colectivos y organizaciones que sostienen la lucha contra el crimen social de los desahucios cargan sobre ellas grandes deudas impuesta por las multas de la ley mordaza. Sin duda, el capital se siente tan protegido por esta ley que se incrementa los desahucios:
«Las inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual crecieron un 27,5% entre abril y junio, con lo que suman siete trimestres al alza y alcanzan la cifra más alta –3.703– en nueve años, desde el primer trimestre de 2017.»15.
Además, organizaciones comunistas, sindicatos sociopolíticos, colectivos juveniles de izquierda, etc., están con la soga al cuello al tener que pagar multas «apolíticas» de cientos de miles euros. La represión actúa también contra huelgas generales: 156 personas han sido identificadas por la policía regional de la CAV, Ertzaintza, por participar en la huelga general del 17 de marzo para exigir un Salario Mínimo Interprofesional de 1.500 euros16. 6 trabajadores del sindicato ATA están procesados tras ser denunciados por la empresa tras una huelga de 4 meses y medio en Algeciras; por otra parte, 1.900 trabajadores de Acerinox llevan 100 días de huelga por reivindicaciones elementales17
Hay huelgas que resisten en medio del silencio intimidador de la empresa y del Gobierno. Destaca ahora la que mantienen las trabajadoras del Centro Benito Menni de Salud Mental en Elizondo18 que llevan 300 días de huelga en defensa de la calidad de unos servicios tan valiosos como los del cuidado de la Salud Mental. El gobierno psoecialista de Nafarroa, mantiene silencio durante los 300. La movilización por mejoras urgentes comenzó a finales de 2024 y en 2025 tuvieron que comenzar la huelga que ahora cumple 300 días. Las trabajadoras saben que su lucha es beneficiosa en primer lugar para las personas que tratan, problema cada vez más grave debido al endurecimiento de la explotación capitalista directa e indirecta: «Las bajas por problemas de salud mental en Navarra han aumentado un 96,55% entre los años 2016 y 2023, al pasar de 5.155 a 10.132»19.
Las trabajadoras navarras de este centro así como la clase obrera en su conjunto que se enfrenta a la destrucción de los servicios públicos, asistenciales, sociales, etc., son muy conscientes de su lucha es en el fondo una lucha anticapitalista que lleva en su interior el debate teórico, político y ético sobre otra sociedad cualitativamente diferente a la burguesa, debate que para los comunistas no es otros que la urgencia del socialismo. Por su parte, la sostenida lucha de las y los trabajadores de la corporación Airbus no es sólo por aumentos salariales sino por otras reivindicaciones que afectan a la naturaleza política de la lucha de clases:
«Claro que el salario importa. Importa porque los trabajadores viven de él mientras las empresas buscan proteger sus márgenes y beneficios. Importa porque la inflación puede convertir una subida nominal en una pérdida real de poder adquisitivo. Y porque detrás de cada reivindicación salarial hay una cuestión muy concreta: cuánto de la riqueza que produce la clase trabajadora vuelve a sus propias manos.
La lucha de Airbus está poniendo en cuestión una determinada manera de entender las relaciones laborales: años y años de pactos, acuerdos cerrados entre direcciones sindicales y empresas, desmovilización y una idea repetida hasta convertirla casi en dogma: que la clase trabajadora debe aceptar lo que se pueda conseguir mediante el “diálogo social” […]
La experiencia de Airbus ha mostrado el choque entre dos lógicas. Por un lado, la lógica de los acuerdos negociados desde arriba, donde las direcciones sindicales pueden terminar tomando decisiones en nombre de miles de trabajadores. Por otro, la lógica de la organización desde abajo: asambleas, debate, votaciones, piquetes y control directo de las decisiones.» 20
No podemos extendernos aquí en las relaciones entre, por un lado, la intervención de la juventud trabajadora en las luchas sindicales, asambleas, huelgas, manifestaciones, etc., y por otro lado las movilizaciones y luchas juveniles por reivindicaciones antifascistas e independentistas, como la de la reciente Diada en Catalunya21 y en la muy seguida huelga general en el Portugal de junio de este año que, por otra parte, muestra perfectamente el momento de opción en el que se encuentra su pueblo obrero combativo: necesidad de avanzar en la lucha de clases porque «el futuro es incierto»22 para la clase obrera, que es la inmensa mayoría de la población.
Los salarios reales del proletariado europeo están reduciéndose en los últimos cinco años de una forma «brutal»23, siendo la clase obrera italiana una de las más golpeadas por la ofensiva capitalista. Un poco por encima de Italia, están las clases obreras del Estado español cuyos salarios reales están un 2% más bajos que en 2021, siendo los sectores más golpeados los de banca, industria y sector público24. Las mujeres obreras, los y las jubiladas y pensionistas y la juventud trabajadora son los sectores más golpeados por la política económica burguesa.
No nos debe extrañar por tanto que la clase obrera griega se haya manifestado masivamente en denuncia del deterioro de las condiciones de vida y trabajo25, que una oleada de huelgas y movilizaciones obreras se enfrentan a la política reaccionaria del Gobierno de Países Bajos26, y que en Nueva Zelanda salen a la huelga 10.000 funcionarios públicos contras medidas antisociales del Gobierno»27.
Si en la Diada catalana aumenta la militancia joven, si lo mismo sucede en Euskal Herria y en otros pueblos, bien por solidaridad antiimperialista y antifascista bien por lucha contra el capital, bien por otras razones como la certeza de que «el futuro es incierto», si esto es así se puede pensar que también lo hacen en muchos países por reivindicaciones más concretas, y en gran medida contra la corrupción y podredumbre burguesa. Aunque reformistas en bastantes casos e incluso, algunas de ellas, teledirigidas por servicios secretos para provocar represiones y conflictos reaccionarios, todos exigen un examen concreto que no podemos hacer ahora aunque no olvidemos que:
«El capital, la relación de compraventa de la fuerza de trabajo, organiza la humanidad (geopolítica y economía) como un sujeto automático. La acumulación de capital no solo supone el aumento del capital y las clases sociales, también supone la reproducción de las condiciones jurídicas (leyes), políticas (partidos, sindicatos y estado) e ideológicas (enajenación, libertad, teorías capitalistas) que la hacen posible. Marx añadirá a la libertad, la propiedad, la igualdad y la utilidad (el interés propio). Pero, dado el antagonismo de clases, la forma en que se reproducen no es mecánica sino la lucha de clases. El lugar que ocupa la juvenil fuerza de trabajo en la acumulación de capital en la era de la automatización, la digitalización y la inteligencia artificial, le imprimen a esta fracción de la clase obrera, una serie de potencias de cara a estos enfrentamientos.»28.
La sublevación de las «cucarachas»29, masivas protestas estudiantiles recientes en la India30 se han producido sólo siete meses después de la impresionante huelga nacional de febrero de este año en la que participaron 300 millones de trabajadores y trabajadoras, muchas de ellas jóvenes31. ¿Qué reivindicaciones eran las que impulsaron a 300 millones de mujeres y hombres a ir a la huelga?:
«Las principales peticiones de la huelga son la retirada de los cuatro nuevos códigos laborales aprobados por el gobierno de Narendra Modi, que los sindicatos consideran «antitéticos a los intereses básicos de la clase trabajadora». También exigen la derogación de la Ley VB RAMG, que sustituyó a la Ley Nacional de Garantía de Empleo Rural (MGNREGA) de 2004. El SKM y la AIAWA denuncian que la nueva norma «hace ineficaz el derecho al empleo» y reclaman la restauración del marco legal anterior, que al menos garantizaba cien días de trabajo subvencionado a millones de familias rurales. Las organizaciones convocantes rechazan los tratados de libre comercio suscritos recientemente por la India con Estados Unidos y la Unión Europea. La AIKS advirtió en un comunicado que el acuerdo con Washington supone «la rendición completa de la soberanía del país» y «romperá la columna vertebral de la economía rural», al permitir la entrada sin restricciones de productos agrarios extranjeros»32.
Habría que analizar en qué medida la apabullante huelga general de febrero fue un acicate político para las movilizaciones juveniles de agosto; en qué medida los lazos familiares y la unidad cultural entre el medio rural huelguista y muchos estudiantes extendieron entre estos la conciencia de lucha; en qué medida la defensa de la soberanía económica, de la cultura rural tan presente en la identidad india y de la independencia nacional contra los ataques del capitalismo occidental, radicalizaron la conciencia estudiantil, además de otras razones específicas de este complejo movimiento y, por último, en qué medida el presupuesto del gobierno, que aumenta el gasto militar en un 15% cuando el 80% por ciento de las familias, unos 1.100 millones de personas, malviven con 3 dólares diarios cuando el umbral de pobreza está en 3,2 dólares33, por citar sólo dos ejemplos, han impulsado a la acción a muchas de las «cucarachas».
La India es una gran potencia capitalista nuclear, miembro de los BRICS pero aliada fiel en lo decisivo de eso que llaman Occidente y en especial de EE.UU, país en el que tampoco ha desaparecido la lucha de clases, al contrario. En la primera legislatura de la Trump se constataba el creciente nerviosismo de la tecno oligarquía por la «vuelta del socialismo»34, aunque no podamos valorar aquí qué entiende por «socialismo» la progresía yanqui. Pese a las represiones y censuras múltiples, pese al impulso oficial del irracionalismo más obscurantista y reaccionario, pese a ello, el movimiento obrero se va organizando al margen y en contra de las burocracias político-sindicales. La que prudentemente podríamos denominar como «pequeña insurrección» de Minneapolis35 contra la inhumana ferocidad de la extrema derecha racista armada por Trump para golpear, detener y asesinar población migrante antes de ser expulsada, es uno de los ejemplos cuidadosamente ocultados por la prensa burguesa del renacer de la lucha de clases en EE.UU.
Desde una visión reformista, el aumento de las expectativas obreras y populares hacia el socialismo es definido como una «ola progresista»36 impulsada sobre todo y sin olvidar otras razones, por el malestar social hacia la gerontocracia que domina la política estadounidense. Sin embargo, el resquebrajamiento de la estructura de clases yanqui se está dando desde hace unos años por el empobrecimiento del proletariado, la casi desaparición de las «clases medias» especialmente golpeadas por Trump37, etc., de modo que el incremento actual de las luchas y protestas populares venía impulsado por el malestar previo que se multiplica por el endurecimiento de la explotación social38.
La lucha de clases se produce por oleadas ascendentes y descendentes con ritmos en los diferentes países y sectores. Es una tarea de la militancia comunista, primero, ayudar a aumentar la conciencia política revolucionaria dentro de las movilizaciones, resistencias y luchas concretas; segundo, impulsar la coordinación estratégica de esas luchas orientándolas hacia la toma del poder y, tercero, advertir al proletariado que de la misma forma que una victoria específica no garantiza la victoria última sino que puede acarrear la desunión y desmovilización, tampoco la destrucción del Estado burgués y la creación del Estado obrero garantiza la victoria última.
IÑAKI GIL DE SAN VICENTE
EUSKAL HERRIA, 21 de septiembre de 2026.
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