Recientemente ha visto la luz el informe de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, Francesca Albanese. El titulo lo dice todo: Tortura y genocidio(aquí el texto en castellano). Su lectura resulta simplemente estremecedora.

Se trata de un informe riguroso –como los anteriores en los que ha intervenido Albanese— donde se relatan con todo detalle las torturas y el genocidio (ambas atrocidades forman parte del mismo paquete) cometidos por el Gobierno, las Fuerzas Armadas y el sistema judicial de Israel, con total impunidad y quizá con la complacencia de una parte de la población de ese país.

El informe lo deja meridianamente claro. No se trata de episodios aislados o de excesos ocasionales, sino de una concienzuda estrategia, sistemática, destinada a humillar, aterrorizar, exterminar y expulsar a la población palestina de Gaza y Cisjordania.

Se trata de una política que se ha mantenido intacta, incluso se ha intensificado tras la firma del denominado «plan de paz». Una política que supone hambre, enfermedades, asesinatos, encarcelamientos arbitrarios y crueldad a la hora de tratar a los palestinos presos (muchos de los cuales son niños y niñas). Esta es la realidad de Palestina, realidad que deliberadamente ignoran la mayor parte de los medios de comunicación.

Los gobiernos europeos y las instituciones comunitarias –que a menudo se presentan como estandartes de un proyecto instalado en la democracia y el respeto a los derechos humanos– se dividen entre los que continúan apoyando de manera activa, prácticamente sin fisuras, al Gobierno de Israel, como Alemania, Francia y el Reino Unido, y los que lo condenan formalmente, proclamando el derecho del pueblo palestino a disponer de su propio Estado.

En esta segunda posición está nuestro Gobierno. ¿Es mejor esto que nada y continuar legitimando a los responsables políticos, militares y judiciales de Israel? Sin ninguna duda. Pero, en la situación actual, el pronunciamiento a favor de los dos Estados, en el contexto de la persistente y creciente acción genocida de Israel, me suena a «música celestial»; una reivindicación, en todo caso, de inviable implementación a corto plazo.

Hay que aclarar, además, que los intercambios con Israel y los proyectos compartidos, aunque se han reducido, se han mantenido. Empresas de referencia en nuestra economía continúan en la lógica del «business is business», haciendo negocios con Israel.

Limitarse a condenar genéricamente la situación que presenta con todo detalle el informe de Francesca Albanese es simplemente complicidad. No se puede, no se debe perder más tiempo, porque para el pueblo palestino cada minuto significa muerte, destrucción y humillación. ¿Es tan difícil de entender? Un gobierno decente y consecuente –mucho más si se proclama de izquierdas– tendría que ir más allá de la mera retórica autocomplaciente y romper relaciones económicas y diplomáticas con Israel.

Las recomendaciones del informe concernientes con la intervención de los Estados

Estos deben:

a) Cumplir con su obligación de no colaborar en los crímenes cometidos por Israel ni ser cómplices de ellos sino, por el contrario, prevenir y combatir las violaciones graves del derecho internacional, en particular las violaciones de la Carta de las Naciones Unidas y la Convención contra el Genocidio, así como con su obligación de velar por que se investiguen y enjuicien los actos de genocidio, tortura y malos tratos;

b) Reforzar los mecanismos y recursos destinados a recabar pruebas para la incoación de acciones judiciales, esclarecer la suerte y el paradero de todos los palestinos desaparecidos y velar por que Israel conceda una reparación adecuada a las víctimas palestinas;

c) Activar los mecanismos de jurisdicción universal para juzgar a las personas físicas y jurídicas sospechosas de estar implicadas en violaciones graves y otros crímenes internacionales, en particular el genocidio y la tortura;

d) Brindar apoyo a los programas de acompañamiento psicosocial para los supervivientes, especialmente los antiguos presos y los supervivientes de la tortura y la violencia sexual, que deberían contar con financiación internacional, por ejemplo, mediante asignaciones del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura a organizaciones no gubernamentales palestinas; y facilitar el traslado de los supervivientes a terceros Estados;

e) Asegurarse de que las empresas y sus directivos pongan fin a toda relación con Israel con el fin de no cometer actos de genocidio, tortura u otras violaciones de los derechos humanos, ni de contribuir o estar directamente implicados en ellos.