“Nos tendrán que sentar en el banquillo esposadas, y con toda la sociedad de Guadalajara como testigo; por que sí, somos culpables de impedir que CaixaBank dejara en la calle a una familia”, afirman los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara para los que CaixaBank pide tres años de prisión por acampar en su oficina de Cabanillas del Campo, en diciembre de 2017, para intentar parar el desahucio de una familia.

Tras cancelar la vista oral inicialmente programada para el pasado 29 de noviembre, sin previo aviso, la titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara ha fijado el 5 de abril como nueva fecha para la celebración del juicio  y que este se celebre a puerta cerrada, impidiendo la presencia de observadores de Amnistía Internacional que habían solicitado asistir. Desde Amnistía Internacional ya habían mostrado preocupación por esta causa penal.

“La acción de protesta pacífica llevada a cabo el 5 de diciembre de 2017 tenía por objetivo prevenir una posible vulneración de derechos humanos, como consecuencia del desahucio sin alternativa habitacional de una familia vulnerable, así como llamar la atención sobre una situación de claro interés para el debate público y de elevada importancia social”, señalaba Amnistía Internacional frente a la anterior cita judicial. La organización de salvaguarda de derechos humanos ya había anunciado que estaría presente en el juicio, recordando que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas reconoce expresamente que las acciones de desobediencia civil, siempre que sean pacíficas, constituyen un ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica.

Ya en el señalamiento de noviembre, la titular del juzgado impidió el acceso a la sala de vistas de los observadores de Amnistía Internacional y al resto de público interesado en asistir al juicio, pero el juicio fue aplazado por la huelga de justicia.

“El caso puede terminar con la detención de las activistas tras la orden de la jueza, que busca evitar la presencia de los observadores de Amnistía Internacional”, señalan desde la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara

“El caso puede terminar con la detención y puesta a disposición judicial de las activistas tras la orden de la jueza, que busca evitar la presencia de los observadores de Amnistía Internacional que solicitaron formalmente su asistencia”, señalan desde la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara, que apuntan que la titular del juzgado, María del Carmen Molina Mansilla, fue trasladada a Guadalajara tras su polémico paso por el Juzgado de Violencia de Género de Vitoria, donde su nombre se hizo conocido por preguntar a una víctima de violación si “había cerrado bien las piernas”.

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PATRICIA REGUERO RÍOS

A diferencia de en el anterior señalamiento, desde la plataforma apuntan que esta vez la juez ha ordenado por escrito que el juicio se celebre a puerta cerrada. “La defensa de las personas imputadas ha recurrido la decisión, recurso que probablemente sea resuelto por la Audiencia Provincial de Guadalajara, y donde el juzgado, sin esperar dicha resolución, ha ordenado celebrarlo igualmente”, afirman.

El derecho a un juicio público es un derecho “de alcance constitucional y una garantía de las personas acusadas, solo puede prescindirse de él de manera muy excepcional y justificada”, afirma la defensa de los encausados. Según la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara, esta decisión revela que no va a haber un juicio justo. “¿Por qué esa falta de transparencia? ¿Qué miedo tiene la jueza a cargo de este proceso de que sus decisiones o interrogatorios sean observados por el público? ¿Por qué ese derecho se cercena sin justificación?”, se preguntan desde la plataforma.