La policía de fronteras estadounidense ha puesto en marcha un programa para la vigilancia encubierta de 1,5 millones de emigrantes que ha subcontratado con empresas privadas, según un reportaje del Washington Post (1).

El modelo de contrato se llama “Skip Tracing Services” en Estados Unidos. Se utiliza para encontrar a los morosos. Primero los subcontratistas buscan el rastro digital de los emigrantes en internet y, si es necesario, los mercenarios se presentan físicamente en los domicilios o lugares de trabajo.

Los contratos contienen incentivos y recompensas si la caza tiene éxito. La función pública se convierte en un nicho de negocio y, a la vez, en un mecanismo de caza humana.

Según el Guardian, la policía de emigración (ICE) y la de control de fronteras (CBP) han firmado contratos con empresas de tecnología de vigilancia. El año pasado pagaron 310 millones de dólares y este año 513 millones. En 2013 el precio no llegó a los 50 millones.

Las empresas de vigilancia son siempre las mismas, entre ellas Palantir y Anduril, es decir, empresas que ya no solo suministran aplicaciones informáticas, sino que trabajan en los análisis policial, militar, fronterizo y de datos (2).

La privatización de las funciones represivas crea un mercado cuyos objetivos ya no son los automóviles, los móviles o los ordenadores. La mercancía es el ser humano: su rostro, su domicilio, sus movimientos, sus amigos, su trabajo y la probabilidad de localizarlo en un determinado momento en un determinado lugar.

Los seres humanos son una base de datos

En el pasado, la policía buscaba a alguien por algún motivo concreto. Hoy en día, se acumulan datos en los que las personas son continuamente evaluadas, emparejadas y vigiladas: a quién hay que encontrar primero, quién supone un riesgo, quién está en un determinnado lugar, quién aparece en una base de datos…

El año pasado Palantir recibió un encargo de casi 30 millones de dólares para crear un sistema operativo llamado “InmigraciónOS”. El objetivo era proporcionar a la policía de emigración una perspectiva en tiempo real de colectivos humanos específicos, incluidas los que tienen los visados caducados o que se consideran como el objetivo de las deportaciones. No es una única aplicación, sino una lógica operativa. La caza del emigrante se transfiere a un sistema operativo.

La personas ya no tienen una sola ficha o un expediente, sino que son el nudo de un sistema informático que vincula la identidad, el movimiento, la información administrativa, los datos biométricos, los contactos y las pistas de fuentes de datos privadas. Lo que solía ser una investigación tediosa se convierte en una clasificación automática.

La nueva vigilancia ya no se limita al Estado; las empresas privadas hacen lo mismo. Se trata de empresas vendedoras de datos, plataformas de análisis, reconocimiento facial, drones, seguimiento de móviles, datos económicos, fiscales y bancarios, redes sociales y correspondencia biométrica. Nadie se responsabiliza de los datos incluidos, ni de su fiabilidad.

El reconocimiento facial salta del laboratorio a la calle. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos enumera las aplicaciones de inteligencia artificial que pueden capturar y hacer coincidir dispositivos móviles, rostros, huellas digitales y documentos de identidad con bases de datos administrativas.

La caza humana se ha organizado y se ha privatizado con las últimas tecnologías. Como ocurre siempre en los Estados burgueses, es un sistema piloto. El sistema se está probando en los colectivos menos protegidos, como son los emigrantes, los que carecen de domicilio… Son los que no pueden hacer oir su voz.

Cuando el funcionamiento del sistema se prueba en ellos suficientemente, se transfiere luego a otros colectivos.

(1) https://www.washingtonpost.com/technology/2026/01/30/ice-capgemini-skip-tracing-contracts/
(2) https://www.theguardian.com/us-news/2026/jun/24/ice-tech-surveillance-arsenal