El Comité insta a los Estados a aplicar una justicia reparadora integral que combine indemnizaciones, restitución, rehabilitación y reformas estructurales.

Según el Comité, el paso del tiempo no puede servir de pretexto para que los Estados se nieguen a reconocer estas injusticias históricas ni a adoptar “medidas adecuadas de justicia reparadora y rendición de cuentas por estos crímenes”.

Integrado por 18 expertos independientes en derechos humanos elegidos por periodos de cuatro años, la principal tarea del Comité es examinar los informes periódicos presentados por los países miembros sobre las medidas adoptadas para combatir el racismo y la discriminación.

También aboga por medidas de reparación integrales y de amplio alcance, tanto financieras como no financieras y estructurales, entre ellas la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición.

Planes nacionales y plazos concretos

“La eliminación de la discriminación racial no puede ser efectiva, completa ni sostenible sin un compromiso pleno para examinar y reparar los daños y consecuencias persistentes de la trata de africanos esclavizados y de la esclavitud basada en criterios raciales”, afirmaron los expertos en un comunicado.

Para garantizar la eficacia de las reparaciones, defienden la puesta en marcha de planes de acción nacionales con plazos concretos, elaborados en consulta con las personas afrodescendientes y los comités encargados de las reparaciones.

El Comité también pidió a los Estados que deroguen o revisen las leyes y políticas que perpetúan el racismo o la discriminación, o que obstaculizan la justicia reparadora. Asimismo, exigió transformar las leyes, políticas e instituciones que siguen perpetuando las desigualdades raciales.

“Los reconocimientos y las disculpas deben ir acompañados de medidas concretas y no deben sustituir otras formas adecuadas de reparación”, sostuvieron los expertos.

Responsabilidades para los actores privados

El Comité también examinó la responsabilidad de los actores privados y otros agentes no estatales, entre ellos organizaciones religiosas, universidades, empresas, bancos, aseguradoras y otras instituciones financieras que participaron en la trata de africanos esclavizados, la facilitaron o se beneficiaron de ella.

Pidió además a los Estados que garanticen que estos actores contribuyan de manera efectiva a la justicia reparadora, en particular reconociendo su papel histórico, abriendo los archivos pertinentes y contribuyendo a las medidas de reparación “de manera proporcional a su grado de implicación y a los beneficios que hayan obtenido”.

El Comité subrayó que estas responsabilidades siguen siendo pertinentes, ya que los daños vinculados a la trata de africanos esclavizados y a la esclavitud basada en criterios raciales persisten en forma de “discriminación racial sistémica y desigualdades estructurales”.

Los miembros del Comité señalaron específicamente la violencia racializada, los estereotipos y las barreras estructurales que alimentan las desigualdades en ámbitos como la educación, la salud, la movilidad económica y la seguridad ambiental.

Estos legados de la esclavitud se han visto “reforzados por políticas que perpetúan el racismo contra las personas negras”.