Después de dos oleadas de ataques estadounidenses e israelíes, en Irán crecen las presiones sobre los dirigentes para que retiren al país del Tratado de No Proliferación Nuclear porque no ha protegido ni su programa nuclear civil ni sus científicos.

La propuesta ha estado en la presidencia del Parlamento iraní durante meses. Un grupo de parlamentarios ha publicado una declaración pidiendo al Consejo Supremo de Seguridad Nacional y al Ministerio de Asuntos Exteriores que comiencen el proceso formal de abandono del Tratado.

Los parlamentarios argumentan que el Tratado de No Proliferación Nuclear y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) no han logrado salvaguardar el derecho de Irán a la tecnología nuclear con fines pacíficos. También acusan a la OIEA de espionaje: la información obtenida a través de inspecciones ha llegado a los enemigos de Irán, exponiendo las instalaciones nucleares y los científicos a los ataques.

Hace años que en Irán hay controversia sobre el acceso de la OIEA a los sitios iraníes y el uso de sus hallazgos por parte de los gobiernos occidentales. Invocan el artículo 10 del Tratado, que permite la retirada cuando un Estado considera que acontecimientos extraordinarios han puesto en peligro sus intereses. Una retirada requeriría un aviso de tres meses a las otras partes y al Consejo de Seguridad de la ONU.

Mohsen Sani, miembro de la Comisión Parlamentaria de Seguridad Nacional, dijo que cuando un Estado miembro del Tratado ataca a otro miembro, Irán, hay que retirarse de todos los compromisos y tratados firmados. Los ataques de Estados Unidos e Israel tuvieron lugar en junio del año pasado y febrero-marzo de este año.

La postura oficial

La solicitud de retirada choca con las posiciones oficiales iraníes. El diputado Mohammad Seraj no ve ninguna ventaja en abandonar el tratado. A menos que Irán tenga la intención de construir una bomba nuclear, argumenta, la retirada perjudicaría sus relaciones con los países aliados.

Un periódico, Jorasan, critica a los partidarios del abandono por radicalizar el clima político del país y obligar a tomar una decisión tan delicada, calificándola de “un regalo para Trump”.

Un editorial argumenta que “cualquier paso hacia la salida del Tratado de No Proliferación Nuclear proporciona a Trump y Netanyahu una justificación suficiente para sus futuros ataques contra Irán, mientras se alejan de aliados como China y Rusia, que siempre han apoyado el derecho legítimo de Irán a un programa nuclear no militar.

El general Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, ha planteado abiertamente la posibilidad de la retirada. «Después de que Estados Unidos abandonó el Memorando de Entendimiento de Islamabad firmado tras la última guerra, hemos llegado a la conclusión de que debemos cambiar de rumbo. Todavía no hemos tomado una decisión sobre la retirada del tratado, que depende totalmente del comportamiento de Washington”.

Irán sigue siendo fiel a la prohibición religiosa del uso de armas nucleares, sancionada por el máximo dirigente Ali Jamenei, y no ha cambiado su doctrina nuclear; sin embargo, “nadie puede garantizar el futuro”, dice Rezaei.

Un desafío al gobierno

El debate se ha convertido en un desafío para Pezeshkian, cuyo gobierno defiende la permanencia de Irán dentro del tratado. En una entrevista con la cadena Fox, Pezeshkian niega categóricamente que Irán esté tratando de equiparse con bombas nucleares, y agrega que su país incluso está dispuesto a diluir el arsenal del 60 por cien de uranio enriquecido, que asciende a 440 kilogramos, y permitir que los inspectores nucleares de la OIEA supervisen el programa nuclear.

Pezeshkian hizo estas declaraciones al tiempo que no permite a los inspectores internacionales visitar las instalaciones nucleares.

Las garantías de Pezeshkian contrastan con la advertencia de Rezaei de que no es posible garantizar el futuro del país. Parece ser que el máximo dirigente Mojtaba Jamenei descarta las conversaciones nucleares con Washington, pero su postura no está clara.

Un debate sobre la disuasión

La adhesión de Irán al Tratado de No Proliferación Nuclear ha pasado de ser una cuestión técnica y jurídica a un debate más amplio sobre la disuasión, después de las dos olas de ataques. El proyecto de ley le da al debate una plataforma pública pero, por sí solos, los diputados no son suficientes para decidirlo.

Sólo los niveles más altos de gobierno pueden aprobar la salida. Una votación en el Parlamento podría formalizar una línea política ya definido en otros lugares, como ya ha sucedido con las leyes nucleares anteriores.

La Ley de Acción Estratégica para el Levantamiento de Sanciones de 2020, por ejemplo, obligó al gobierno a ampliar las actividades nucleares y limitar las inspecciones si no se implementaba el levantamiento de las sanciones. Ha reducido drásticamente el margen de maniobra del gobierno de Rouhani en comparación con el acuerdo nuclear de 2015, el Plan de Acción Global Conjunto. El precedente es relevante porque un proyecto de ley presentado como una iniciativa parlamentaria puede convertirse en palanca para las políticas aprobadas por las instituciones de seguridad del Estado.

Dos propuestas en paralelo

Las propuestas de salida del Tratado de No Proliferación Nuclear y los llamamientos para construir la bomba nuclear circulan en paralelo. Eso no demuestra que se apruebe una de las dos posiciones. Muestra que ambas posiciones se han convertido en parte del debate público sobre la seguridad de Irán.

El diputado Ahmad Bakhshayesh Ardestani abogó por la necesidad de construir un arma nuclear primero y luego retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear, «porque solo en este caso se puede garantizar una agresión israelí-estadounidense».

Incluso Jorasan, que advierte contra una salida inmediata del Tratado de No Proliferación Nuclear, no descarta esa posibilidad. Su tesis es que Irán primero debe construir y probar un arma nuclear. Hasta entonces, dice, Teherán asumiría el coste de un estado nuclear sin poseer un elemento de disuasión nuclear.

El desacuerdo en Irán ya no se limita a la cuestión de si el país debe abandonar el tratado; también se trata del momento en que eso sucederá.