Europa exporta su vergüenza: deportaciones a Ruanda, la nueva cara de la barbarie migratoria

19/11/26

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Cinco países europeos —Alemania, Dinamarca, Austria, Grecia y Países Bajos— han anunciado un acuerdo con Ruanda para crear un centro de deportación de personas migrantes cuyos permisos de asilo hayan sido rechazados. El proyecto pretende ponerse en marcha en 2027. Lo llaman «centro de retorno». Pero ningún cambio de nombre puede ocultar lo que realmente significa: apartar a seres humanos de Europa y trasladar el problema a miles de kilómetros, lejos de las miradas y de la responsabilidad de sus gobiernos.

El proyecto deriva directamente del Pacto Europeo de Migración y Asilo de la UE, finalmente aprobado en junio pasado, cuya novedad política más importante -la externalización de las deportaciones, es decir, trasladar a personas migrantes a terceros países para gestionar allí su expulsión- pasó a formar parte explícita de la agenda legislativa europea. Con ello a la criminal política de externalización fronteras  y de expulsiones ‘en caliente’, se añadía ahora la deportación de personas migradas (lo que la ultraderecha denomina «remigración»).

Estamos ante un nuevo paso en el deterioro moral y político de una Europa que presume de derechos humanos, democracia y solidaridad, pero que cada vez levanta más muros frente a quienes huyen de la guerra, la pobreza, la persecución y las consecuencias de un sistema económico profundamente desigual.

La operación tiene una enorme carga de hipocresía. Europa lleva siglos interviniendo económica y políticamente en otras regiones del mundo, beneficiándose de sus recursos, de relaciones comerciales profundamente desiguales y de un modelo económico que concentra la riqueza mientras condena a millones de personas a la precariedad. Sin embargo, cuando esas mismas personas llaman a sus puertas huyendo de la barbarie a que los condena el imperialismo y buscando una oportunidad para vivir dignamente, la respuesta es la expulsión.

No estamos ante una política humanitaria. Estamos ante una política de disuasión y castigo. El objetivo no es garantizar derechos ni ofrecer alternativas, sino enviar un mensaje de miedo: venir a Europa puede significar acabar deportado a un país con el que no tienes ningún vínculo.

Y todo esto se pretende hacer bajo el lenguaje burocrático de los «retornos», la «gestión migratoria» y la «eficacia administrativa». La utilización de eufemismos no cambia la realidad de quienes pueden verse separados de sus familias, privados de sus redes de apoyo y obligados a empezar de cero en un lugar desconocido.

Las organizaciones de derechos humanos ya han advertido de los riesgos de esta iniciativa y del historial de restricciones políticas y vulneraciones de derechos en Ruanda. Señalan que no basta con prometer garantías sobre el papel cuando lo que está en juego es la dignidad y la seguridad de personas especialmente vulnerables.

Además esta política convierte la migración en una amenaza y alimenta el discurso de la extrema derecha. En lugar de combatir el racismo y desmontar los prejuicios, se asume su marco ideológico y se normaliza que haya seres humanos de primera y de segunda categoría.

Los derechos humanos no pueden depender del pasaporte, del origen o de la situación administrativa de una persona. Se necesita derogar las leyes de extranjería y establecer vías seguras de migración, políticas reales de acogida, cooperación internacional basada en la justicia y recursos públicos para garantizar vivienda, sanidad, educación y trabajo digno. Y se necesita ir a la raíz de todo: combatir las causas que obligan a millones de personas a abandonar su tierra, no castigar a quienes intentan escapar de ellas. Los derechos humanos no pueden convertirse en papel mojado cuando quienes los reclaman son pobres, migrantes o refugiados.

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