A principios de marzo de este año, el Secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, visitó Caracas acompañado por representantes de más de dos docenas de empresas mineras estadounidenses, muchas de las cuales habían operado previamente en Venezuela.

El mensaje fue inequívoco: las mineras estadounidenses van a acceder a los recursos estratégicos de Venezuela —oro, coltán, cobre, diamantes, bauxita y tierras raras— que se han convertido en activos estratégicos de primer orden, en parte porque Washington busca cerrar el paso a China.

Se anunció la firma de un contrato, mediado por Washington, entre la minera estatal venezolana Minerven y el gigante de las materias primas Trafigura para la compra de entre 650 y 1.000 kilogramos de lingotes de oro con una pureza aproximada del 98 por cien, un contrato cuyo valor se calcula en unos 165 millones de dólares. El propio Burgum confirmó posteriormente que se había recibido el primer envío físico de oro venezolano, valorado en 100 millones de dólares, el primer envío de metales preciosos entre ambos países en más de dos décadas.

El contrato no ha pasado desapercibido. En abril Ron Wyden, miembro del Comité de Finanzas del Senado, preguntó a Trafigura sobre el contrato. El Departamento del Tesoro, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), actuó en paralelo. Al día siguiente de la visita de Burgum, la OFAC autorizó las actividades relacionadas con el oro venezolano. El 27 de marzo, se amplió para abarcar una gama más amplia de minerales.

El gobierno de Venezuela ha abierto las puertas al saqueo de sus riquezas minerales por Estados Unidos. El 9 de marzo la Asamblea aprobó una nueva ley minera que reemplaza la normativa vigente desde 1999, abriendo el sector al capital privado y extranjero.

Para que el capital estadounidense fluya, el Estado debe garantizar el control de las minas y las rutas, hasta ahora en manos de redes informales. Por eso el ejército venezolano ha retomado el control de minas como Las Claritas y Kilómetro 88 en el sur del estado Bolívar. El exdiputado regional Américo de Grazia afirmó que los militares bombardearon y abrieron fuego contra las minas bajo control informal, obligando a los mineros a huir.

Las intervenciones militares podrían desencadenar desplazamientos masivos. La ONG Provea ha denunciando el riesgo de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias contra la población civil.